Los retrasos cuando no cancelaciones de consultas, pruebas y operaciones revelan el reguero más doloroso de una realidad que impacta de lleno en los pacientes, sometidos a un estrés añadido al de sus propias dolencias. Pero que a buen seguro también constituye un quebradero de cabeza para los propios facultativos, incómodos para poder desarrollar su trabajo con la profesionalidad que se les supone y con su demostrada capacidad para superar agobios en momentos críticos. A la vez, es un problema que quita el sueño al consejero del Gobierno vasco Alberto Martínez, convertido en el ariete de las críticas de las comunidades autónomas contra la forma de gestionar la crisis de la ministra Mónica García.

En mitad del pulso, Martínez ha tratado hasta ahora de forma infructuosa de buscar una salida que armonice los intereses de los trabajadores con una obligada prestación sanitaria en condiciones sin que el empeño suponga un desembolso desmedido de recursos públicos. Con este último pacto con los médicos, que será abordado el lunes que viene con el resto de los sindicatos, lo vuelve a intentar. La desescalada puesta encima de la mesa aborda reivindicaciones fundamentales para los sanitarios: un cambio de modelo en las guardias que facilita la flexibilidad horaria, mejoras salariales y nuevas libranzas.

A pesar del esfuerzo del Departamento de Salud, este consenso no garantiza el final de las huelgas médicas en Euskadi. Pero debe servir para contener una sangrante conflictividad por dos vías: reducir el seguimiento a la próxima ola de paros convocados tras el verano y, sobre todo, animar a los facultativos a retomar las horas extraordinarias programadas y remuneradas -las llamadas peonadas- para desatascar las insufribles listas de espera, agravadas en los últimos meses. Oxígeno para Osakidetza.