El Gobierno se enfrenta en estos días a dos problemas de enorme entidad en el terreno económico. Uno es el energético, en el que la vicepresidenta Ribera va de fracaso en fracaso. Después de unos días horribles en Bruselas, en donde hicieron oídos sordos a todas sus peticiones, ayer estuvo con los argelinos, quienes le garantizaron cantidades, pero sin poder obviar que el gas será más caro al encarecerse su transporte. El otro es la derogación de la reforma laboral del PP que se incluyó en los programas electorales de los dos partidos que gobiernan y en el pacto que conformó el Gobierno. Se amplió después a Bildu en aquel pacto tantas veces negado… hasta su firma. Pedro Sánchez lo ha prometido en innumerables ocasiones, la última en el congreso del PSOE en Valencia. Lo ha prometido al menos tantas veces como lo ha negado. Porque unas veces se trata de derogarla en su totalidad, otras se remite solo a sus aspectos más lesivos y en no pocas se habla de simple actualización. Todo depende del día, de quién lo diga y de a quién se lo diga.

El tema es tan grave que resulta intolerable que se trate con tamaña frivolidad y sea objeto de espectáculos tan absurdos como el que hemos visto esta semana con una disputa de infantil protagonismo entre las dos primeras vicepresidentas. Al final, el acuerdo alcanzado ayer rezuma una desconfianza de tal calibre entre ambos lados de la mesa del Consejo de Ministros, que supera lo trágico para convertirse en risible. Vea. El día 2 de noviembre habrá una reunión en la cumbre presidida por el propio Pedro Sánchez, a la que asistirán Nadia Calviño y Yolanda Díaz, con representantes, quizás ministros, de Hacienda, Seguridad Social y Educación. En adelante, la dirección pasa ya a manos de Yolanda Díaz, pero tendrá dos ¿guardaespaldas? de los ministerios de Economía y Seguridad Social. Los martes habrá reunión de los secretarios de Estado de los tres ministerios más directamente concernidos para fijar posición y los miércoles nueva reunión de análisis y de nuevo con los mismos representantes de los mismos ministerios. El nivel de confianza entre los tres ministerios se mide en PPMs, (partes por millón) y nadie se levanta de la silla hasta que el otro ha recogido el abrigo.

Lo malo es que esta desconfianza formal viene motivada por una discrepancia real en el alcance del acuerdo que se busca con los agentes sociales, del que dependen las ayudas europeas. Y lo peor es que todo sucede en un momento de tensiones inflacionistas que, de mantenerse y agravarse -que es el escenario más probable-, van a complicar enormemente la negociación de los próximos convenios.