Miguel Angel Aguilar-Vozpópuli

Viajaba un buen amigo profesor de ciencia política a Tallín, la capital de Estonia, convocado a un encuentro sobre el malestar de la democracia y su relación con los populismos. Explicaba que había aceptado la invitación porque son pocas las ocasiones para visitar los países bálticos y además el encuentro tenía una dimensión atractiva con apenas treinta participantes. Le animé mientras le rogaba que al regreso viniera con información sobre la demografía del país, el porcentaje de población autóctona, que diría la alcaldesa de Vic y el de origen ruso, así como de las condiciones en que interaccionan ambos grupos, qué consideración cívica tienen, cuál es el estatuto de sus lenguas y cómo se armonizan.

El resultado de estas averiguaciones amistosas combinado con otras búsquedas se resume diciendo que Estonia es un país de algo más de 1,3 millones de habitantes, que su territorio tiene una superficie de 45.228 kilómetros cuadrados, distribuidos entre una zona continental en la ribera meridional del golfo de Finlandia y más de 1500 islas del mar Báltico, entre las que destacan Saaremaa y Hiiumaa, situadas frente al golfo de Riga. Limita al norte con el golfo de Finlandia y al oeste con el mar Báltico; al este, el lago Peipus y el río Narva trazan la mayor parte de la frontera con Rusia; al sur la frontera con Letonia carece de accidente geográfico destacable.

Recuperó la independencia en 1989, tras la retirada de las bases rusas y la gran emigración de rusófilos que la acompañó, ahora los estonios autóctonos constituyen el grupo más importante de la población (69%). La minoría rusa representa el 25%. Los colectivos de otras repúblicas de la antigua Unión Soviética, como ucranianos y bielorrusos, suman el 6% restante. El amigo viajero me cuenta que las relaciones entre los contingentes de origen estonio y ruso se han deteriorado por la hostilidad política antirrusa. Los últimos disturbios importantes ocurridos el 27 de abril de 2007, cuando el Gobierno de Estonia decidió trasladar un monumento al Soldado Libertador en la capital de la república, se saldaron con un muerto, 44 heridos y cientos de detenidos.

Es muy controvertida la situación de los llamados «no ciudadanos» (o «pasaportes grises»), que tienen reconocida la residencia legal en Estonia pero no la ciudadanía estonia

Es muy controvertida la situación de los llamados «no ciudadanos» (o «pasaportes grises»), que tienen reconocida la residencia legal en Estonia, pero no la ciudadanía estonia (o rusa). De hecho, sumando a los «no ciudadanos» (mayoritariamente de origen ruso) y a los residentes con ciudadanía rusa, resulta que entre un quinto y un cuarto de la población no tienen derecho a voto en las elecciones generales (aunque sí en las municipales). Amnistía Internacional y varias ONG locales han denunciado de modo reiterado e inútil el acoso con test de idioma estonio a trabajadores de origen ruso (desde conductores de taxi a profesores universitarios).

Parece que está en constante aumento el número de residentes de origen no estonio o «ciudadanos de segunda clase», a quienes se facilitaron pasaportes de apátridas emitidos por Estonia, que se someten a los procesos de naturalización para adquirir la ciudadanía estonia, aun cuando se acusa al Estado de no financiar adecuadamente a los pobres que son mayoritariamente rusohablantes porque una clase de estonio llega a costar el equivalente a veinte jornales. Todas estas anomalías, denunciadas por Amnistía Internacional y otras ONG, en absoluto han sido óbice para que Estonia fuera aceptada como miembro de pleno derecho de la UE y en la Alianza Atlántica a la altura de 2004.

Volvamos ahora a recordar, para los que hayan llegado tarde, que un conflicto como el planteado abiertamente en los últimos años por quienes pretenden la secesión de Cataluña viene a ser un caso particular de la tipología de enfrentamiento del débil al fuerte. De ahí que entre sus principales líneas de actuación figure la de promover el desistimiento de los titulares del poder del Estado para que se abstengan de su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como de asegurar la vigencia de las instituciones públicas sobre el territorio catalán. Su intento, cueste lo que cueste, es el de ganar entre tanto el favor de la opinión pública internacional para la causa independentista, así en la tierra como en el cielo.

Es previsible que a la ANC, Omnium, CUP y afines asimilables acaben saliéndoles réplicas de signo opuesto que hagan valer sus derechos plenos de ciudadanía en todas las instancias, incluidas las judiciales

Este segundo propósito puede activarse bien de manera autónoma o engranando su acción con la de las naciones sin Estado y con otros secesionismos que florecen por doquier incluso en las Islas Feroe bajo administración danesa, según informan últimos viajeros llegados de su capital Tórshavn, donde reside el presidente del partido de la independencia que llaman Høgni Hoydal. Aquí, en Cataluña del otro lado de los independentistas quedan quienes sobre el terreno de Cataluña y del resto de España quieren que se mantenga la unión, mientras rechazan, cada vez más abiertamente, que por adherirse a esa causa les sobrevengan estigmas o discriminaciones.

La asimetría deriva de la falta de encuadramiento de sus activistas, pero es previsible que a la ANC, Omnium, CUP y afines asimilables acaben saliéndoles réplicas de signo opuesto que hagan valer sus derechos plenos de ciudadanía en todas las instancias, incluidas las judiciales. Entre tanto, sepamos que ni la delegada del Gobierno en Cataluña, ni partidos como el PSC de Miguel Iceta, Cs o PP han pugnado por la defensa de la neutralidad de las instituciones y que ha tenido que ser Impulso Ciudadano quien haya presentado demandas ante los Tribunales para la retirada de símbolos sectarios y partidistas del balcón del Palau de la Generalitat y que por desobedecer los autos judiciales es por lo que el president Quim Torra ha perdido su escaño y puede acabar descabalgado de la presidencia. Por su parte, el grupo de Abogados por la Constitución se ha dirigido al TSJC en demanda de que se limpie de esa simbología el Ayuntamiento de Barcelona en su sede central y en todas sus restantes dependencias.

Por eso conviene leer las declaraciones de Rafael Arenas, vicepresidente de Impulso Ciudadano, donde resalta la tolerancia institucional hacia la violencia que ejercen los nacionalistas, insiste en que la única salida para Cataluña sea el diálogo, pero entre catalanes; subraya que en el extranjero se sorprenden al enterarse de que la escuela en Cataluña es casi exclusivamente en catalán y lamenta que los nacionalistas no consideran a los constitucionalistas una parte legítima de Cataluña. Pero, de todo esto, en la mesa de Gobierno a Govern con Sánchez y Torra, nada de nada. Continuará.