ROGELIO ALONSO-EL MUNDO
El autor considera que PP, Cs y Vox tienen la responsabilidad de aunar fuerzas ante un escenario tan grave en el que el PSOE ha decidido incluso ‘blanquear’ a Bildu, apoyándose en él para aprobar sus decretos.
Como señaló Mikel Azurmendi, la eficacia del relato terrorista pasaba por hacer aceptable su presencia en las instituciones, como hoy sucede porque el Gobierno de Rajoy «no tuvo arrestos morales ni políticos para taponar esta vergonzosa relajación democrática cuando tuvo la mayoría absoluta». De ahí que, como observó Jon Juaristi, ETA «ya ha quedado impune, porque el pragmatismo del bloque constitucional o de lo que él sobrevive así lo exige». Hoy el mal llamado nacionalismo moderado de Urkullu se beneficia de la cosecha de asesinatos reivindicando con Bildu el mismo objetivo por el que ETA mató: «el reconocimiento de Euskal Herria como comunidad política». Para ello aduce el mismo motivo por el que los terroristas asesinaron, la «base antidemocrática de la Constitución española».
Ana Iribar trazó un paralelismo con la subversión del orden constitucional en Cataluña interpelando a Soraya Sáenz de Santamaría, sentada en primera fila, y a su Gobierno: «¿Creen ustedes que ejercer la política en los años 80 y 90 aquí en Euskadi era más fácil de lo que ahora es? ¿Creen ustedes que, a pesar de la presión nacionalista, de la amenaza directa de ETA, Gregorio Ordóñez restaba tensión a su discurso? ¿Cómo creen que fue capaz de sumar y sumar votos para el proyecto político que hoy gobierna en España? ¿Desde el complejo? ¿El miedo? ¿Los prejuicios? Les recuerdo a todos ustedes que Goyo entró en política para generar tensión, no para traer paz y amor». Y enfatizó: «Toda Europa nos mira, se pregunta qué va a hacer España, cómo va a responder este Gobierno a la tensión de los nacionalismos. Sólo tenemos una manera saludable de hacerlo. La tensión nacionalista debe enfrentarse con tensión democrática».
La ovación fue casi unánime. Delante de mí se encontraban Rafaela Romero, esposa de Jesús Eguiguren, negociador del Gobierno de Zapatero con el aún hoy prófugo de la Justicia Josu Ternera, e Idoia Mendia, secretaria general del PSE y blanqueadora de Otegi con su célebre brindis la pasada Nochebuena. Ambas permanecieron sentadas unos instantes sin sumarse al reconocimiento a Ana Iribar, como si reprobaran su racional beligerancia cívica al reivindicar la política de «la honradez, la lealtad, el esfuerzo y el patriotismo sin aspavientos ni complejos». Poco después, Pedro Sánchez derrocaría a un Gobierno democrático con el apoyo de quienes han utilizado la violencia simbólica e institucional –el nacionalismo catalán–, la violencia física –Bildu, cuya fraudulenta legalización no invalida su descripción por el Tribunal Supremo como «testaferros de ETA»–, y quienes se han beneficiado del terrorismo etarra para avanzar sus fines nacionalistas –el PNV–.
Recuerdo el magnífico discurso de Iribar ante el canibalismo hoy de los tres partidos obligados a defender el orden constitucional: PP, Cs y Vox. Es el momento de recuperar la dialéctica amigo-enemigo, como defendieron Carl Schmitt y Julien Freund, que se expresaba así ante quien negaba el eje que determina la política: «Como todos los pacifistas, cree usted que puede designar al enemigo, pero está equivocado. Cree que si no deseamos tener enemigos no los tendremos. Pero es el enemigo quien le designa a usted. Si él quiere que usted sea su enemigo, lo será. De nada servirán sus bellas protestas de amistad».
El PSOE se ha designado voluntariamente como amigo del separatismo usufructuario de la violencia y, por tanto, como enemigo del constitucionalismo. Socialistas críticos con su partido, pero que parece que morirán con el carne en la boca pese al desprecio de su formación por los principios que dicen defender, ignoran una premisa básica: el socialismo ha degradado las instituciones y ha legitimado implícitamente la violencia física e institucional demostrando su eficacia al pactar con quienes las han ejercido para derrocar un Gobierno democrático sin convocar inmediatamente elecciones, al prometer indultos para los golpistas, al intentar impedir su condena por rebelión, y al normalizar como demócratas a quienes aún justifican el asesinato pese a que estérilmente les exigen ¡ahora! que condenen el terrorismo.
Por eso urge impedir que el constitucionalismo siga estrechándose mediante una competencia política con riesgo de envilecimiento. Injustos son los insultos de Vox a Aznar tildando de cobarde a quien con su valor inspiró a dirigentes de esa formación que tanto han elogiado su ejemplo. Tampoco es justo estigmatizar a Vox como anticonstitucional, ni endosar al nuevo presidente del PP toda la responsabilidad de ese marianismo tan dañino. Una autocrítica más explícita en temas con gran simbolismo, también de un partido como Ciudadanos que rechazó inicialmente aplicar el 155 en Cataluña, reduciría la desconfianza que Vox explota para su movilización, cohesión y acción. Vox aviva la desconfianza hacia su competencia electoral excitando sus expectativas de lograr la hegemonía de la derecha. Lo hace con frecuentes bravatas convirtiendo la política en un drama, como Kenneth Burke teorizó, con héroes y villanos, valientes y cobardes que generan ilusión y desilusión. Así se desplaza el foco de campaña al tema que tanto favorece al PSOE. El encuadre «Vuelve el fascismo» domina la escena frente al verdaderamente relevante «Gana el golpismo»: si Sánchez es presidente, se perpetúa la coacción de quienes han utilizado y siguen aprovechando la violencia nacionalista y de quienes desean destruir el marco democrático. Por ello resulta fundamental establecer con rigor, inteligencia y pedagogía la identidad de objetivos entre el terrorismo nacionalista, el nacionalismo vasco que desprotegió a los ciudadanos y todavía rentabiliza la violencia, y el nacionalismo catalán que ha subvertido el orden constitucional.
EN 1994 Julián Marías advertía que «las Cortes sean soberanas no quiere decir que sean dueñas del país y puedan disponer de él a su antojo. Ésta sería una de las formas más atroces de tiranía que puedan pensarse. (…) no hay soberanía que pueda disponer de la integridad de un país». El proyecto de Sánchez se basa en la alianza con quienes desean dinamitar la legitimidad constitucional. Vuelve a evidenciarlo aprobando con Otegi y PNV decretos leyes tras disolver el Parlamento, y promoviendo una Ley de abusos policiales –aprobada ayer en la Cámara Vasca– que coloca bajo sospecha y sin garantías judiciales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han defendido esa legitimidad.
Por todo ello, el desistimiento pactado en determinadas circunscripciones por parte de PP, Cs y Vox es hoy una eficaz opción estratégica para ensanchar el constitucionalismo de un país constantemente desestabilizado y chantajeado por un nacionalismo destructivo. Freund evoca la «imaginación del desastre» pues en política es necesario ponerse en lo peor para impedir su materialización. Los líderes de estos tres partidos pueden evitar ese desastre al que impele la disgregación del voto. Sería una muestra inequívoca de la valentía y responsabilidad que reivindican y que ahora sólo constituye retórica movilizadora pero suicida si no se orienta correctamente. Como reclamó Ana Iribar ante dirigentes de PP, Cs y Vox hace un año, «es la hora del esfuerzo colectivo con un fin común: el Estado de derecho».
Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos. Su último libro es La derrota del vencedor (Alianza).