ABC, 11/11/11
Sobre las víctimas dicen que «existe una gran utilización política y manipulación» y aseguran que la principal víctima «es Euskal Herria»
La organización terrorista ETA asegura en una extensa entrevista que hoy publica el diario Gara que el desarme está en su agenda y que están dispuestos «a hablar de ello y también a adoptar compromisos en la lógica solución de todas las consecuencias del conflicto».
Sobre las víctimas dicen que «existe una gran utilización política y manipulación» y aseguran que la principal víctima «es Euskal Herria». Reconocen que «la confrontación armada» ha causado «mucho sufrimiento», pero muestran su desacuerdo con la lectura que pretende «hacer olvidar las claves del conflicto» y señalan que «hay «múltiples víctimas y sufrimientos generados por los estados que siguen sin ser reconocidos».
Los representantes de ETA aseguran que la decisión de abandonar las armas «está ligada al momento histórico del proceso de liberación» y sitúan su origen en una década atrás «cuando comenzamos a considerar que en Euskal Herria había condiciones para la materialización del cambio». Niegan que la decisión se deba a la «derrota» y aseguran que ese discurso «es parte de la estrategia de los estados», aunque aseguran que «todos saben que se ha abierto un nuevo ciclo».
«Ante la cerrazón de los estados, la izquierda abertzale tomó la decisión de iniciarlo desde su propia iniciativa» y reconoce que «no se ha producido ninguna reunión directa entre ETA y el Gobierno de España», aunque aseguran que ha existido «un conocimiento mutuo y, que nosotros sepamos, el PP está al corriente».
Sobre la reacción de Mariano Rajoy ante el anuncio dicen que «rompe con el discurso negativo, agresivo y sin sentido de hasta ahora», y ante la posibilidad de un cambio en el color político del gobierno mantienen que «no supone una variable decisiva».
En cuanto al futuro del proceso, aseguran que «hay que emprender conversaciones directas» entre ETA y los estados español y francés «con la dinamización de algún agente internacional» con tres asuntos en la agenda: vuelta a casa de presos y exiliados, la inutilización de las armas de ETA y la «desmilitarización de Euskal Herria».
En cuanto a la cuestión de los presos, los interlocutores etarras afirman que «el tiempo también tiene su importancia. Debería resolverse cuanto antes, tanto por el aspecto político como por el humano». El que los estados no entrasen en estas conversaciones «dificultaría la situación», dicen los etarras, pero ante ello proponen hacerle frente «asumiendo el reto» y actuando «con paciencia, sin resignarse, prosiguiendo con la lucha y el trabajo diario».
Entienden que la «resolución política» debe nacer de un proceso de dialogo «que debe desarrollarse entre los agentes políticos y sociales vascos» con el respaldo de una consulta popular. «ETA nunca será una amenaza para ese proceso, -agregan- pero no estará sentada en la mesa de negociación política». Mantienen que su objetivo final es la independencia y que «la construcción nacional debe ser el cimiento fundamental de la estrategia independentista», algo que el Estado español tratará de «entorpecer y embarrar» y para ello proponen responder con «iniciativas unilaterales».
Gara no especifica donde se ha realizado la entrevista ni quienes o qué puesto tienen en la organización los interlocutores, aunque acompaña el texto con una foto de dos encapuchados ante un cartel con el anagrama de ETA, y establece el formato de pregunta/respuesta para la entrevista.
Respaldo al Constitucional
Mientras, el Tribunal Supremo ha respaldado a los seis magistrados del Constitucional que estimaron el recurso de amparo presentado por Bildu y permitieron de este modo que la coalición se presentara a las pasadas elecciones municipales. Contra ellos se habían querellado Manos Limpias, Libertad e Identidad, Hazte Oír, Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, Fundación Denaes y la Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza, que han sido condenadas al pago de las costas procesales por su «patente voracidad litigiosa».
La Sala Penal del Supremo rechaza que los seis querellados (Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega) hayan cometido delito de prevaricación alguna; al contrario, asegura que la decisión que adoptaron no era «injusta» y que tampoco existió «abuso de jurisdicción ni invasión competencial en relación a los decidido por la «Sala del 61″ ni ha existido apartamiento de lo que ha sido la doctrina usual del Tribunal Constitucional en los referente a la valoración de la prueba indiciaria».
El Supremo recuerda que también en el seno de la «Sala del 61» hubo discrepancias y que siete de sus dieciséis integrantes redactaron dos votos particulares. Hecho, señala, que pone de manifiesto «clamorosamente la complejidad jurídica del tema, sus matices y la legitimidad de defender opciones distintas».
ABC, 11/11/11