ABC 20/02/14
· Los «verificadores» pretenden que Francia y España permitan que un país «neutral» sea escenario de su maniobra propagandística.
ETA solo se mostraría dispuesta a llevar a cabo un desarme en toda regla si el Gobierno, en respuesta a unos primeros gestos relacionados con el precintado de unos cuantos «zulos», accede a negociar las «consecuencias del conflicto», es decir, amnistía general para sus presos y huidos. Eso sí, sin compromiso de disolverse o de pedir perdón a las víctimas. La banta terrorista exigiría además a los gobiernos de Francia y España impunidad para los etarras que participaran a partir de ahora en el sellado de nuevos depósitos de armas y explosivos; garantías para que los «verificadores» puedan llevar a cabo la labor encomendada y la designación de un tercer país «neutral» como escenario de estas maniobras propagandísticas.
Estas propuestas-trampa serán difundidas mañana viernes en la comparecencia que miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) van a celebrar en Bilbao ante los medios de comunicación, y en la que no se aceptarán preguntas. Los «verificadores», que en realidad son asesores internacionales de ETA y Sortu, tienen previsto difundir en Bilbao un vídeo en el que aparecerían «zulos» presuntamente «sellados», aunque no está confirmado que vayan a indicar en esta ocasión las coordenadas de su ubicación real. Sería un primer paso en esta puesta en escena que pretende la banda para trasladar toda la presión al Gobierno. El primer paso de una «hoja de ruta» que los cabecillas etarras comenzaron a preparar en febrero de 2013, cuando se detectó que la organización terrorista estaba preparando una acción propagandística que expusiera su disposición a emprender iniciativas relacionadas con el desarme.
Posteriormente, en junio, se pudo constatar que los miembros de la CIV estaban estudiando una propuesta de ETA relacionado con la supuesta entrega de parte de su arsenal. En ella se incluía la implicación de la Comisión como mediadora en el eventual proceso de sellado de depósitos de armas. Todo ello con una serie de exigencias. Por ejemplo, como paso previo, el grupo de «verificadores» deberían conseguir de los gobiernos de España y Francia la inmunidad para los pistoleros de ETA, se supone que del «aparato logíostico» , que participaran en el precintado de estos depósitos. Las autoridades de ambos países deberían garantizar asimismo que los miembros de la CIV y otros «agentes» vascos e internacionales actuarían sin problemas ni obstáculos como verificadores del «sellado» de armas.
Implicación de Sortu
Según fuentes antiterroristas, este precintado, para el que se exige máxima inmunidad de los terroristas, se contemplaría como una garantía de los cabecillas de ETA de su disposición a negociar, pero nunca supondría un paso previo al desarme definitivo. Este, según la «hoja de ruta» trazada por la banda, sólo se materializaría en el caso de que las negociaciones con el Gobierno sobre lo que denomina las «consecuencias del conflicto» respondieran a las exigencias de ETA. Es decir, la banda solo procedería a su supuesto desarme definitivo si el Ejecutivo excarcela a todos sus presos y permite el regreso de todos los huidos que no han respondido ante la Justicia por sus muchos crímenes.
Los medios antiterroristas creen que tras los contactos de junio la banda y los miembros de la Comisión han llegado a un acuerdo, probablemente con algunas modificaciones en relación a las propuestas iniciales. Pero opinan que el fondo del mensaje trampa no variará mucho.
Desde principios de año, las Fuerzas de Seguridad han venido detectando una intensa actividad de mediadores internacionales y miembros de la «izquierda abertzale», dirigidos por los miembros de Sortu Rufino Etxeberria y Urko Aiarza. A ellos se apunta desde las fuentes consultadas como los protagonistas que pueden haber negociado los últimos retoques de esta puesta en escena en favor de la iniciativa de «paz» de ETA.
ABC 20/02/14