EL MUNDO 03/12/13
· Un documento interno pide a los reclusos presentar escritos para su acercamiento
ETA ha decidido intentar utilizar a los jueces para desmontar la política penitenciaria del Gobierno, más concretamente, la estrategia por la que los reclusos de la organización están dispersos por las prisiones españolas en función de su comportamiento. Los reclusos, que han convertido los acercamientos en su absoluta prioridad, pretenden conseguir que la Justicia les traslade a las cárceles del País Vasco desarrollando una estrategia global, sin arrepentirse ni hacer mención alguna siquiera al «dolor causado».
Según un documento difundido por Vasco Press, los presos, tras un debate interno, han acordado reclamar su traslado a los centros penitenciarios del País Vasco invocando razones jurídicas. Según el texto, cada uno de los presos presentará a partir de principios de año una solicitud ante la Junta de Tratamiento correspondiente a su cárcel sin alusiones políticas y «bien trabada jurídicamente». En el caso de que la autoridad carcelaria rechace la solicitud, el recluso emprenderá el camino de los recursos judiciales.
Esto es, una negativa de la prisión llevaría el problema hasta el juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro. Si el juez desestima las pretensiones del recluso, éste puede recurrir ante la Audiencia Nacional. La negativa de este tribunal abre dos posibilidades: una apelación ante el Supremo para unificar doctrina en el caso de que la Audiencia Nacional se pronuncie de forma distinta para el caso de distintos etarras, o un recurso de amparo ante el Constitucional. Los etarras descontentos con las decisiones de los tribunales españoles pueden acudir al de Estrasburgo.
La política de dispersión aplicada por los diferentes gobiernos a los presos de ETA –y que buscaba que los reclusos más radicales de la banda no coartasen las ansias de reinsertarse de los más receptivos–, ha sido históricamente criticada por la izquierda aberztale y por el PNV –aunque fuese una propuesta de los nacionalistas a los socialistas–. El Gobierno vasco pidió su revocación ante instancias europeas que recordaron que no eran competentes para intervenir en un conflicto de un Estado con uno de sus territorios; a la izquierda abertzale le informaron de que tenía que agotar todas las vías judiciales españolas antes de acudir a los tribunales europeos.
Un trecho largo pero con muchas posibilidades propagandísticas.
Las solicitudes, según el texto sin fechar publicado por Vasco Press, se presentarán individualmente, pero son fruto de una decisión colectiva y estarán organizadas por grupos. Se han establecido seis en función de la prioridad y se sustanciará a lo largo de varios meses. El primero incluye a los presos enfermos y a los que tienen más de 70 años; el segundo a los que llevan más de 20 años en prisión junto con los 20 miembros de la dirección colectiva de presos; los demás grupos aglutinan a los que llevan 15 años en la carcel, a los que llevan 10 y al resto.
Se solicitud ante la Junta de Tratamiento será «puramente técnica» y explicará el grado penitenciario en el que está clasificado el recluso, los años que lleva encarcelado, los centros por los que ha pasado, el coste económico para su familia, el tiempo que ha pasado sin ver a sus familiares directos, las semanas sin visitas y las circunstancias de comunicación (cartas, llamadas o vis a vis). Su arguimento: que «estar en Euskal Herria es un derecho» y que pretenden «formar parte del proceso».
La dirección de los presos de ETA especifica que no hay que incluir «menciones a la vía del pasado ni al compromiso con la vía política». Esto resulta sorprendente por cuanto que el colectivo de los presos elaboró otro documento recientemente en el que se mostraba partidario de intentar conseguir la salida escalonada de los reclusos incluyendo un texto en el que se comprometían a «renunciar a las vías del pasado» y reconocían «la responsabilidad que nuestra actividad política ha tenido».
Los expertos discrepan sobre si la elusión de estos párrafos –insuficientes pero que implicarían un paso– se debe a una marcha atrás (que conllevaría dar con la puerta en las narices al Foro Social para impulsar la Paz auspiciado por la izquierda abertzale y el PNV), o a que piensan aplicar la fórmula a una segunda fase de su estrategia, a la centrada en la salida de prisión, no sólo al acercamiento a los centros vascos.