EL CORREO 26/01/14
· La banda considera que deberá existir mientras haya presos en las cárceles, aunque pueda dar pasos hacia su desarme.
· El Gobierno de Rajoy cree que ETA quiere seguir siendo un «actor político» que «condicione» la situación en Euskadi y descarta cambiar su política penitenciaria.
ETA debe existir mientras haya presos en las cárceles de España y Francia. Así lo entiende la dirección de la banda, que ha hecho llegar este mensaje a las personas –mediadores y verificadores incluidos– que en los últimos meses han estado en contacto con la cúpula de la organización terrorista. La misma idea se desprende de algunos de los documentos intervenidos en la reciente operación de la Guardia Civil que ha supuesto la detención de los abogados de presos Arantza Zulueta y Jon Enparantza, acusados de estar al frente del órgano de control de los terroristas encarcelados.
Frente a los llamamientos del Gobierno de Mariano Rajoy y de partidos como el PP vasco y el PSE para que anuncie ya su disolución, la banda ni se plantea esa opción, al menos en el corto y medio plazo. La dirección etarra entiende que no puede desaparecer porque aún tiene una labor que realizar: mantener la «cohesión» del colectivo oficial de presos, el EPPK. Considera que no puede «dejar abandonados» a sus militantes, según la terminología que utiliza la organización armada. Esa persistencia no significa, sin embargo, que la banda conciba volver a la violencia o sopese siquiera algo diferente al «cese definitivo» de su actividad que decretó el 20 de octubre de 2011, como aseguran de forma habitual los dirigentes de Sortu y han reiterado esta misma semana a este periódico fuentes de la lucha antiterrorista.
Los dirigentes de la izquierda abertzale sostienen que esa decisión de dejar atrás «la lucha» es «por convencimiento» de los terroristas. Las Fuerzas de Seguridad del Estado creen que se debe a su «extrema debilidad» y a los golpes policiales que han venido sufriendo en la última década. De hecho, los especialistas en la lucha contra ETA aseguran que la banda está formada por poco más de una treintena de activistas que «tratan de sobrevivir y de no ser detenidos». «No hay ningún aparato operativo», insisten las mismas fuentes policiales.
La negativa de ETA a ‘echar la persiana’ plantea un escenario cuanto menos inquietante. Como ya avanzó este periódico, al menos 150 presos tienen pendientes penas que van de los 30 a los 40 años. Entre ellos, responsables de los comandos tan significados como Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, o Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’. Lo que significa que la banda podría permanecer latente varias décadas más. Sólo la apertura de conversaciones con el Gobierno español para hablar del futuro de los reclusos y de los terroristas aún en activo podría hacerle cambiar de idea.
El Ejecutivo central descarta esa posibilidad. Tanto en las declaraciones públicas del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como en conversaciones más privadas, los miembros del gabinete de Rajoy subrayan que no se abrirá «ninguna línea» de contacto con la banda –aunque fuera indirecta– ni se concederá a los presos medida de gracia alguna, más allá de las que se contemplan en la legislación penitenciaria para quienes renuncian a la violencia y «piden perdón».
Las Fuerzas de Seguridad del Estado están convencidas de que ETA quiere perpetuarse como un «actor político» que pueda presionar a las instituciones y los partidos vascos e intente «marcar el rumbo» hacia «el socialismo y la independencia» de Euskadi. «Quieren seguir existiendo para condicionar la toma de decisiones», insisten fuentes policiales.
Miembros de la lucha antiterrorista advierten, en este sentido, que la disolución de ETA se ha convertido en uno de los objetivos irrenunciables del Gobierno de Mariano Rajoy. Aseguran que, a pesar de las presiones que se puedan realizar desde Euskadi –recuerdan la manifestación conjunta organizada por el PNV y Sortu–, el Ejecutivo del PP descarta realizar cualquier cambio en la política penitenciaria mientras la banda terrorista no escenifique su cierre definitivo. «No es una pose, es una decisión firme», insisten.
Subrayan, en este sentido, que la dispersión se mantendrá sin cambio alguno porque se ha revelado como un «mecanismo eficaz» en la lucha contra «organizaciones criminales más allá de ETA». Y que el Gobierno sólo acercará a los presos a cárceles del País Vasco «cuando la banda esté disuelta» porque «no se puede permitir» que «una organización terrorista que ha provocado cientos de muertos» pretenda «seguir existiendo para tutelar a sus presos». «Ese planteamiento –insiste esta fuente– es inadmisible porque se estaría dando carta de naturaleza a una organización terrorista».
Por eso, las Fuerzas de Seguridad del Estado «sólo pueden» tratar de detener a los militantes de la banda en activo y a todo aquel que les respalde. «Si a ETA le preocupan de verdad sus presos, lo mejor que puede hacer es desaparecer», reiteran las mismas fuentes, que están convencidas de que la disolución de la organización terrorista conllevaría que el Gobierno central pusiera en marcha un plan para trasladar a los reclusos «de forma paulatina» a centros penitenciarios cercanos a Euskadi.
Ahora mismo descartan que los presos vayan a poder conseguir por vía judicial mejoras en su situación carcelaria o, incluso, ser acercados al País Vasco. El EPPK ha autorizado a los reclusos a comenzar a tramitar en los tribunales reclamaciones individuales para que los magistrados les den un trato similar al de cualquier interno que haya cometido un delito común, no vinculado al terrorismo. Las solicitudes arrancarán por aquellos con enfermedades o que ya han cumplido treinta años de internamiento.
Las misivas con esta demanda no se han comenzado a remitir aún, según confirman fuentes de la lucha antiterrorista. En ámbitos cercanos a la izquierda abertzale, reconocen que aún hay algunos «flecos» por debatir entre los presos para consensuar cómo se deben llevar a cabo esos trámites ante la Justicia.
«Acompañamiento solidario»
La idea de que ETA no tiene previsto desaparecer ha arraigado también en el PNV. Los dirigentes jeltzales y, en especial, el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, mantienen un hilo de comunicación directo con los representantes de Sortu, con el grupo de mediadores que dirige el abogado sudafricano Brian Currin y con los verificadores de Ram Manikkalingam. La formación nacionalista ha orientado sus pasos en las últimas semanas a presionar a la banda terrorista para que avance en su desarme –aunque hablan ya de un margen de seis meses para que pueda haber movimientos en este sentido–, sin esperar la desaparición inmediata.
El presidente del partido, Andoni Ortuzar, se mostraba convencido el pasado domingo en una entrevista publicada por este periódico de que la cúpula etarra no contempla disolverse. «ETA quiere ser una especie de acompañamiento solidario mientras haya un solo preso en la cárcel y no quiere dejar libre la sigla. La clave no es la disolución; es la desmilitarización práctica y mental. Y creo que están dando pasos en ese sentido», sostiene el líder del EBB.
Un planteamiento con el que coincide el jefe del Ejecutivo autónomo. También el pasado domingo, Urkullu hizo público un mensaje en su página de Facebook en Internet en el que situaba la disolución de la banda en último lugar de un recorrido en el que la organización debería completar primero su «desarme y desmilitarización» y el «reconocimiento del daño causado, no sólo del ‘sufrimiento como consecuencia del conflicto’». Y subrayó que esos deben ser «pasos continuados que no pueden demorarse. Pasos obligados que serán facilitadores».
El PNV cree que, ante la negativa del Gobierno central a realizar cualquier tipo de movimiento, tanto ETA como la izquierda abertzale deben avanzar por la senda de la «unilateralidad» y ver «a dónde nos lleva». El Ejecutivo autónomo «no tendría problema en acompañarles» en ese camino; una voluntad que ha quedado patente en la decisión de los jeltzales de respaldar la manifestación celebrada el pasado 11 de enero y en la propuesta que Iñigo Urkullu hizo llegar a los líderes de Sortu para favorecer el proceso de pacificación.
La cúpula etarra tiene pendiente hacer pública su respuesta a las conclusiones del ‘foro social’, las jornadas con expertos internacionales que convocaron Lokarri y Bake Bidea hace casi un año y en las que se recomendaba a la banda poner en marcha su desarme. Fuentes conocedoras de los últimos movimientos de ETA esperan un pronunciamiento en el que la organización se muestre favorable a abrir conversaciones sobre cómo se puede llevar a cabo esa paulatina entrega de armas. Consideran más complicado que la dirección de los terroristas pueda afrontar ya un calendario con fechas y acciones concretas sobre la desaparición de sus arsenales.
Ese gesto estaba previsto que se hubiera llevado a cabo este mismo mes. Así constaba en el proyecto que el lehendakari hizo llegar a los responsables de Sortu y en el que se contemplaban las medidas que el Ejecutivo cree que ETA debe dar para avanzar hacia la paz definitiva. La izquierda abertzale reconoce que si no se ha hecho público aún el comunicado de respuesta de la banda al ‘foro social’ es porque la comisión de interlocutores nombrada por Lokarri y Bake Bidea no ha arrancado con sus trabajos hasta después del periodo vacacional de Navidades. Pero la contestación, insisten estas fuentes, puede llegar en cualquier momento.
EL CORREO 26/01/14