El Mundo 26/11/12
Pretende impedir que los exiliados por sus actos terroristas no puedan votar en Euskadi
ETA sí decía más en el comunicado cuyo contenido fue inteligentemente administrado por Gara el sábado por la noche. Ponía unas condiciones-propuestas al Gobierno y advertía de que, si no las cumple, se puede «frustrar la oportunidad de paz» y nunca se podrá dar «el conflicto por superado». ETA no sólo no asume su «responsabilidad», sino que solicita que el Gobierno asuma la suya por «la violencia que ha utilizado en la confrontación y los crímenes que ha cometido, las torturas, la guerra sucia, la ejecución [sic] de los militantes de ETA». Denuncia que no hay nadie en las cárceles por este tipo de asuntos y que las Fuerzas de Seguridad han actuado con «total impunidad».
La segunda condición o nota novedosa es su pretensión de que el Gobierno deje al margen su proyecto para que quienes tuvieron que huir por la persecución etarra puedan votar en el País Vasco en próximos comicios. Sobre «las personas que tomaron la decisión de marcharse de Euskal Herria como consecuencia de la lucha de ETA, ETA cree que ese asunto está encarrilado después de nuestra decisión» de cese definitivo. Se refiere así a la propuesta legal presentada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, justo antes de los últimos comicios vascos, que encontró la oposición tanto del PNV como del PSE. Interior no quiso que fuese aplicada para entonces y la dejó pendiente para la siguiente convocatoria electoral.
El tercer punto son las víctimas. La organización terrorista está presta a reivindicar las suyas y equiparalas a las víctimas del terrorismo.
¿Significa esto que hay alguna posibilidad de que sea reversible la decisión del cese definitivo del terrorismo adoptada hace un año? No parece, a la luz del propio comunicado, en el que se dice que ETA «seguirá sosteniendo firmemente la oportunidad de solución» y en el que desliza que seguirá dando pasos, según convenga a la izquierda abertzale: «Más allá de los pasos que se den a consecuencia de acuerdos, ETA adoptará decisiones para adecuarse a la nueva situación, según lo pidan nuestros objetivos políticos, el proceso de paz y el propio momento político». Pero sí indica que no van bien encaminados quienes, en el Gobierno y en la izquierda abertzale, sostienen que la organización terrorista se disolvería prácticamente con el acercamiento de sus presos a las cárceles de Euskadi. La banda juega, en principio, con la inestabilidad que puede provocar desde las cárceles y con la utilización de determinado reducto social y, a pesar de tener un escaso margen de maniobra, aspira todavía a hacerse valer y a presionar.
La pretensión de ETA es la de insistir una vez más en que el Gobierno ha de negociar sobre lo que denomina las «consecuencias del conflicto»: presos, huidos y «desarme», término en el que incluye la salida del País Vasco del las Fuerzas de Seguridad y el Ejército. Para eso ofrece un «calendario», es decir, establece «fórmulas y plazos» para llevar a cabo esas tres cosas. En realidad, esto no implica novedad alguna, sino la insistencia en la negociación. Lo novedoso viene en esas tres notas o condiciones que añade posteriormente. «En el caso de llegar a un acuerdo, se procedería a su implementación y al final definitivo de la confrontación armada», señala.
La organización terrorista asegura que el Gobierno tiene conocimiento «exacto» de toda esta situación, sugiriendo así que se lo ha hecho llegar por algún tipo de cauce. Acusa al Ejecutivo, en concreto a los estados español y francés, de «involución, de «estar avanzando en dirección contraria a la solución dentro de una agenda para frustrar la opción de paz» con sus declaraciones y detenciones. La banda se duele de que haya quedado «bloqueada» la segunda parte de la Declaración de Ayete. La primera fue firmada hace un año y fue la condición para dictar el cese definitivo.