ETA redujo a la mitad su presupuesto a partir de 2005

Los presupuestos mensuales de los diferentes aparatos de ETA fueron reducidos a la mitad a partir de 2005, según se desprende de la contabilidad intervenida en Burdeos a la cúpula política que es juzgada estos días en París. Este drástico recorte en los gastos de funcionamiento obedeció a «la lógica de rigor aplicada por Ainhoa Ozaeta, responsable del ministerio de finanzas» entre octubre de 2004 y su arresto en mayo de 2008, según testificó ayer el comandante de la policía antiterrorista francesa Nicolas Engel.

· Sin tregua ETA extorsionó a 1.047 personas entre abril de 2005 y mayo de 2008, según los documentos incautados a la cúpula de la banda terrorista

El análisis de la contabilidad del conjunto de las estructuras refleja que ETA percibió en 2005 760.390 euros, de los que 624.800, el 82%, procedían de la extorsión de fondos. En 2006 la recaudación bajó a 735.180 euros, de ellos 575.680, el 78%, a cuenta del ‘impuesto revolucionario’. De esas sumas globales, la tesorería distribuyó entre los diferentes aparatos 661.330 euros en 2005 y 341.380 en 2006 pues el resto fue guardado como remanente en caja o reservado a operaciones especiales.

La comparación con la contabilidad confiscada a Marixol Iparragirre, ‘ Anboto’, predecesora de Ozaeta al frente de las finanzas de ETA detenida el otoño de 2004, evidencia que el presupuesto anual se había dividido por dos con respecto al millón y medio de euros asignado al ejercicio de 2002. Por ejemplo, el aparato logístico ‘Lohi’ debía percibir 77.000 euros para el primer semestre de 2008 cuando había sido destinatario de 130.000 en los primeros seis meses de 2004.

El comandante Engel atribuyó el ajuste contable a un conjunto de factores entre los que señaló la «irritación» del empresariado vasco, el «marasmo» funcional de ETA provocado por los repetidos golpes policiales y el «problema de funcionamiento» de las estructuras encargadas de la información y la extorsión de las víctimas. El oficial de la Subdirección Antiterrorista calificó de «rigurosa» la gestión financiera por parte de Ozaeta y puso como ejemplo que «la contabilidad personal de cada militante va hasta a declarar la compra de una cajetilla de cigarrillos».

Para un laboratorio
La jueza Jacqueline Audax, presidenta del Tribunal Especial de lo Criminal, observó que en el presupuesto de 2007 se habían consignado 6.000 euros de gastos extras para montar un laboratorio de electrónica y renovar el taller de falsificación. A su juicio, la previsión de estas partidas resulta «contradictoria» con el período de tregua y conversaciones con el Gobierno español de aquellas fechas.

La magistrada leyó una ‘guía de la extorsión’ para uso interno en la que se preconizaba mantener un ritmo sostenido de extorsiones y realizar quince nuevas peticiones del ‘impuesto revolucionario’ al mes. Las cantidades reclamadas eran «no negociables y no definitivas» pues las víctimas podían ser objeto de nuevas exigencias mientras que a los pagos fraccionados se les aplicaba un interés de demora del 5%. Además, se recomendaba remitir las cartas también a los familiares, una «especie de refinamiento en la crueldad» según la apreciación del fiscal Jean-François Ricard.

En los archivos confiscados constaban 2.336 fichas codificadas de otras tantas víctimas del ‘impuesto’ cuyos listados ocupan 80 páginas. De su análisis se desprende que ETA realizó 1.900 operaciones de extorsión que afectaron a 1.047 objetivos entre abril de 2005 y mayo de 2008, el período juzgado en el proceso.

Audax leyó las cinco cartas listas para el envío a empresarios que fueron descubiertas en el cuartel general del aparato político en Burdeos. Los destinatarios fueron sometidos a interrogatorios y registros por la Guardia Civil en junio de 2008 en virtud de una comisión rogatoria internacional emitida por la jueza instructora Laurence Le Vert.