LA RAZÓN, 9/1/12
En un documento, posterior a la tregua, califica el asesinato de «acción de gran impacto»
MADRID – ETA se siente orgullosa de las dos «acciones de gran impacto» que realizó en su día para que se modificara la política penitenciaria y sus presos fueran acercados al País Vasco (lo mismo que pide ahora): «El secuestro de José Antonio Ortega y la ejecución (sic) de Miguel Ángel Blanco».
Así lo expresa la banda en el último «Zutabe» (publicación interna) conocido, del que «Gara» publicó un avance en abril del año pasado, pero cuyo contenido completo, al que tuvo acceso LA RAZÓN, no se obtuvo hasta varios meses después, en diciembre. Un documento, por lo tanto, de plena actualidad, ya que con posterioridad no ha aparecido otro que matice o rectifique su contenido.
En plena tregua
Además, es un texto redactado por el «aparato político» de la banda en pleno alto el fuego, que había anunciado en el mes de enero «con carácter general, permanente y verificable por la comunidad internacional».
No contiene ni una línea de arrepentimiento o perdón a esas dos víctimas, ni a ninguna de las otras que ha causado a lo largo de su siniestra historia.
La banda, que ahora trata, al menos de momento, de presionar al Gobierno con otros métodos, como la manifestación celebrada el sábado, hace un análisis en la referida publicación de lo que ha ocurrido con sus presos en los últimos años, a partir de que se decidiera su dispersión por las distintas cárceles españolas.
Amnistía general
En concreto, se refiere a la llamada «Alternativa Democrática» (similar a la Alternativa KAS o a otras posteriores, con distintos nombres, que recogen el programa máximo de la banda), que hizo pública en 1995. Entre otras cosas, pedía la «amnistía general sin condiciones, el excarcelación de todos los presos (todos los que se encuentren en las cárceles de España, Francia o de otros lugares) y posibilitar la vuelta de los huidos y desterrados. Es también necesario tomar medidas para que las Fuerzas Armadas españolas no influyan en ese proceso».
Al no obtener una respuesta positiva sino, según ETA, «la persecución contra los presos políticos vascos», se produjo «una gran respuesta entre la sociedad vasca y se extendió una reivindicación contundente para traerles a Euskal Herria, tanto en las movilizaciones populares como en las organizaciones. Se desarrollaron cientos de iniciativas».
La aportación de la banda consistió en el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, en enero de 1996, que fue rescatado, en julio de 1997, por la Guardia Civil en una brillante acción antiterrorista; y el secuestro, y posterior asesinato, del concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco Garrido unos días después de ese rescate y como reacción a la liberación del funcionario. Con posterioridad, en noviembre de ese año, cuando ETA consideró que «muchos agentes sociales habían asumido la lucha a favor de los presos», decretó el cierre del «frente de cárceles»; es decir, anunció que no iba a cometer acciones criminales en el mundo penitenciario.
Su propia historia
Quienes ahora pretenden presentarse como los «promotores» de la paz y tratan de presionar al nuevo Gobierno para que cambie la política penitenciaria y acerque, como paso previo a su liberación, a los reclusos al País Vasco y Navarra, ya tienen escrita su versión de la historia, en la que crímenes tan execrables como el secuestro de José Antonio Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco constituyen «acciones de gran impacto» en favor de sus presos.
La imagen: La banda terrorista, tras fijar un ultimátum con el fin de que sus presos fueran trasladados al País Vasco, no hizo caso de las colosales manifestaciones que hubo en España para que el concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco fuera liberado. Concluido el plazo, los miembros del «comando» que le retenían le asesinaron de un tiro en la cabeza
LA RAZÓN, 9/1/12