LA RAZÓN 11/03/13
La ruptura con los «verificadores» lleva a la banda a analizar medidas urgentes
Los integrantes del «aparato político» de ETA, Irache Sorzábal y David Pla, a los que se supone de vuelta a la clandestinidad en Francia, informan en estos días a los restantes miembros en activo de la banda y a los representantes de los presos, del fracaso las últimas gestiones que se han realizado en Noruega con los llamados «verificadores». Según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, entre estas opciones que se estudian figuran la de buscar un nuevo país, que los acoja, para intentar superar la situación de ruptura que se ha producido con dichos «verificadores» y «mediadores»; o, incluso, lo que parece más probable, plantear una nuevo «debate exprés» interno, de pocas semanas, para que los integrantes de ETA decidan cuál es el camino a seguir.
Cuando todavía no se conocen a ciencia cierta los resultados del debate interno que, en los últimos doce meses, ha mantenido la banda (aunque se supone, por el devenir de los acontecimientos, que ha sido el de la continuidad de la tregua condicionada a que los gobiernos de España y Francia negociaran con los terroristas las «consecuencias del conflicto) proponer un nuevo debate conllevaría, de hecho, admitir el fracaso del que ha tenido lugar hasta ahora.
Lo que se planteaba a los miembros de la banda eran, fundamentalmente, dos opciones: aceptar el «cese definitivo armado», anunciado en octubre de 2011, condicionado a las citadas negociaciones con los Ejecutivos de Madrid y París; o la vuelta a las actividades terroristas, para tratar de presionar, ya que el «proceso», salvo en lo que respecta a la legalización de Bildu-Amaiur y Sortu, no ha avanzado en los otros aspectos que quería ETA (libertad de los presos y salida de las Fuerzas de Seguridad a cambio de un supuesto desarme, controlado por los que ellos dijeran). Una tercera opción, que es la que ahora cobraría fuerza, sería la de abrir un «debate exprés» para decidir qué hacer ante esta situación.
El estado de ánimo dentro de la mayoría de ETA, presos incluidos, es de gran malestar y en algunos casos, claro nerviosismo, por el fracaso del «proceso». Batasuna, cuando convenció a los pistoleros de que anunciaran el «cese definitivo», les aseguró (porque así se lo habían prometido socialistas y nacionalistas durante la anterior legislatura), que se iban a conseguir muchas más cosas que la legalización del «brazo político», entre ellas, además de las citadas sobre los presos y la expulsión de la Policía y la Guardia Civil, abrir el camino para obtener la independencia del País Vasco, con la anexión de Navarra. Nada de eso ha ocurrido tras la llegada al poder del Gobierno del Partido Popular.
En Batasuna, hoy Sortu, existe una cierta tranquilidad ya que, según se comenta, los que anunciaron el «cese definitivo» son los que controlan los «zulos» en los que ETA esconde las armas y explosivos, en grandes cantidades. Ello, al menos a corto plazo, garantizaría que no se van a producir atentados o escisiones.
Sin embargo, apuntan las fuentes consultadas, se trata de algo puramente ficticio. Cada etarra que se mueve en la clandestinidad suele llevar su pistola encima y la correspondiente munición, suficiente para asesinar a varias personas. Han pasado muchos meses, 16, desde octubre de 2011, y nadie está en condiciones de asegurar que un sector de la banda tenga ya preparados artefactos, de mayor o menor potencia (tipo «lapa», por ejemplo, como los que se utilizaron en los atentados de Mallorca para asesinar a a dos guardias civiles). El riesgo de atentado es real, y no estar preparado para ello supondría, además de una cierta ingenuidad, un exceso de confianza; y este tipo de cosas, cuando se trata de terrorismo, se terminan pagando.
Por otra parte, tal y como adelantó LA RAZÓN, la banda mantiene plenamente operativo su «aparato de falsificación, hasta el punto de haber logrado fabricar los nuevos DNI españoles con chip informático.