EL CORREO 27/03/13
· Emite un comunicado previo al Aberri Eguna en el que advierte de las «consecuencias negativas» que implica la expulsión de Oslo de su cúpula.
ETA no contempla en su «agenda» avanzar hacia el desarme. La banda dio ayer un sonoro portazo a las especulaciones que durante las últimas semanas anunciaban un posible gesto de entrega de armas o sellado de algún arsenal, una opción que alentaron portavoces del PNV como Aitor Esteban y la consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia. A través de un comunicado difundido por la tarde en la página web ‘naiz.info’, la organización vincula cualquier movimiento hacia su desarme a una «agenda de conversaciones» previa en la que se aborden «todas las consecuencias del conflicto», expresión con la que se alude a presos y terroristas en activo. Unas negociaciones en las que como interlocutor debería sentarse el Gobierno de Mariano Rajoy.
En un tono pesimista y de reproche, en especial hacia el Ejecutivo de Madrid pero también a Francia, ETA ofrece su particular análisis de la situación 17 meses después del comunicado de «cese definitivo de la actividad armada» y a apenas unos días de que se celebre el Aberri Eguna, el día de la patria vasca. La organización, en un texto de nueve puntos y folio y medio de extensión fechado el pasado día 17, habla de los «compromisos» adquiridos con el Ejecutivo español en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, desvela unos presuntos contactos iniciales con el gabinete de Rajoy, describe las «dificultades» y «consecuencias negativas» que, en su opinión, acarrea la expulsión de Oslo de su cúpula dirigente –formada por ‘Josu Ternera’, David Pla e Iratxe Sorzabal– y explica sus reuniones con la Comisión Internacional de Verificación (CIV), que ha dado un ultimatum de seis meses a la banda para que avance hacia su desarme.
La referencia a la CIV supone, de hecho, un duro golpe para el grupo que lidera Ram Manikkalingam. ETA destaca los «resultados positivos» que en el «campo de la verificación» ha supuesto la «relación y colaboración continuada» que ambas partes han mantenido desde hace un par de años. Pero rechaza que «el tema del desarme» figure en sus conversaciones. La entrega de armas o arsenales «ni está ni ha estado en la agenda de ETA ni de la CIV». Una negativa a abordar esta cuestión que, por un lado, desautoriza a los propios responsables de la comisión –entienden que su trabajo de verificación ha concluido y que ahora quieren empujar a la banda hacia su disolución– y les deja poco margen de acción, después de que Manikkalingam anunciase en su última visita a Bilbao que, si no hay avances, sopesan dar carpetazo a la comisión el próximo septiembre.
El comunicado hecho público ayer subraya el esquema negociador con el que trabaja ETA, tal y como avanzó este periódico el domingo 17 de marzo. La banda sólo prevé un escenario en el que se siente a dialogar cara a cara con el Gobierno español. Algo que rechaza de plano el gabinete del PP y que la izquierda abertzale ya ha interiorizado como inviable. De hecho, los responsables de la antigua Batasuna, con el apoyo de los mediadores internacionales, están tratando de presionar a la organización terrorista para que efectúe algún gesto nuevo, sin esperar a sentarse en una mesa con el Ejecutivo de Rajoy.
La banda no hace, de hecho, ni una alusión a la posibilidad de realizar algún tipo de movimiento en próximas fechas. Todo lo contrario. En el comunicado trata de desviar toda la responsabilidad de la situación actual «de bloqueo» a la Administración española. Según su relato, que ETA designara una delegación –compuesta por ‘Ternera’, Pla y Sorzzabal– para entablar un «diálogo» fue «un compromiso» entre el Ejecutivo socialista y la organización terrorista, contó con el «respaldo de reppresentantes internacionnales» y se adoptó «antes» de la declaración de «cese definitivo» del 20 de octubre de 2011. El PSOE, enfrascado ya en las elecciones que supusieron la llegada a La Moncloa de Rajoy, dejó «pudrir» el proceso.
Espacio de diálogo muerto La versión etarra de los acontecimientos se detiene, en este punto, en los primeros meses de Gobierno del PP. Asegura que el nuevo gabinete «tenía noticia detallada desde el principio» de las conversaciones mantenidas entre la banda y el Ejecutivo de Zapatero. El comunicado da a entender, incluso, que el equipo de Rajoy habría pedido «tiempo» a la organización terrorista para «reflexionar» qué pasos podía dar y que hasta sopesó la opción de entablar «una relación estable y discreta». «El Gobierno –insiste el texto– no ha mostrado ninguna seriedad y ha dejado morir el espacio de diálogo, cuando no lo ha saboteado y atacado a través del servicio de inteligencia».
La banda reitera, no obstante, su disposición a «hablar del desarme», pero siempre que se haga «dentro de una agenda para la superación definitiva de todas las consecuencias del conflicto». Y recuerda que en noviembre ya estableció una serie de condiciones para su disolución. Hace cuatro meses hablaba de la necesidad de un acuerdo «completo» con los gobiernos español y francés sobre presos, desarme y «desmilitarización de Euskal Herria».
En este sentido, ETA reconoce que la salida de Noruega de su cúpula dirigente «es un paso atrás» y «traerá consecuencias negativas» porque, recalca el documento, «dificulta y retrasa la resolución del conflicto». La referencia a las «consecuencias negativas», según fuentes cercanas a la izquierda abertzale, no debe ser tomada como una amenaza o una hipotética «vuelta atrás». Los dirigentes de Sortu descartan cualquier regreso a la actividad armada y han advertido a los mediadores internacionales que, de producirse cualquier incidente, mostrarían su rechazo en público.
El comunicado difundido ayer vuelve a incluir una alusión al PNV. ETA califica de «incomprensible» el apoyo que «una y otra vez» Urkullu ofrece al Gobierno de Rajoy. Y asegura que la «discreción» de la que hablan los dirigentes nacionalistas –el lehendakari dijo hace unos meses llevar a cabo una labor en secreto en favor de los presos– sólo pretende «tapar la cerrazón y las críticas» al Ejecutivo popular.
El PNV dice que la «responsable de retrasar el afianzamiento» de la paz es la banda
BILBAO. El comunicado de ETA suscitó el rechazo absoluto de las principales fuerzas políticas, así como de los gobiernos central y vasco. Tanto Mariano Rajoy como Iñigo Urkullu rebatieron de forma tajante las advertencias de la banda y su alusión a las posibles «consecuencias negativas» que se pueden derivar de la expulsión de sus dirigentes de Noruega. «Las consecuencias positivas mejores para todos los españoles vendrán cuando ETA anuncie definitivamente su disolución y desaparición como organización terrorista», subrayó Rajoy durante una rueda de prensa conjunta en París con el presidente galo, François Hollande. «Me gusta pensar en positivo», añadió el inquilino de La Moncloa.
Más contundente aún se mostró Iñigo Urkullu. En una entrevista ofrecida anoche por ETB, el lehendakari aseguró que lo único que pretende la organización terrorista es «adquirir un papel de víctima cuando no es la víctima de nada sino la principal responsable». A su juicio, la declaración de la banda «perjudica a los propios presos y pone en entredicho el papel de los verificadores internacionales». Urkullu recordó que ETA siempre ha dicho que su decisión de silenciar las armas formaba parte de un «proceso unilateral». «Y los procesos unilaterales los termina quien los empieza. Y ETA debe terminar lo que empezó. Es su deuda con la sociedad», añadió el lehendakari, cuyo partido también salió al paso de las acusaciones vertidas por ETA, que muestra en el comunicado su «incomprensión» por el apoyo que «presta» el PNV al Gobierno.
A través de una nota de prensa, la formación jeltzale no se dio «por aludida por las críticas» porque está «acostumbrada a que, lejos de aplicar la autocrítica, ETA siempre busque responsabilidades en los demás». El PNV recalcó que la banda es «la única responsable de retrasar el afianzamiento de la paz» en el País Vasco al «no terminar de asumir» que los ciudadanos exigen su «desaparición definitiva».
Posturas igual de contundentes llegaron desde IU y UPyD, así como desde el Ministerio del Interior. El departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz recalcó que lo «único» que espera de los etarras es el anuncio de su «disolución incondicional», por lo que «todo lo demás son los mismos delirios de siempre». Desde el PP vasco se le intentó quitar importancia y se recalcó que los terroristas quieren «llamar la atención».
A los reproches se sumaron las víctimas de la banda. La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, advirtió que la organización terrorista puede volver a asesinar en busca de sus objetivos porque «le sale muy barato», y censuró que vuelva a intentar «chantajear» al Gobierno de Rajoy.
EL CORREO 27/03/13