LIBERTAD DIGITAL 20/02/15
GUILLERMO DUPUY
El lunes pasado, al ver de lejos la portada de El Mundo, me pareció entender que Iñaqui de Juana Chaos había abandonado Venezuela. Cuando me acerqué a leerlo me di cuenta, sin embargo, de que lo que el diario llevaba como principal noticia del día era algo tan sabido como que el conocido etarra estaba –más bien, seguía– en aquel país sudamericano. Tuve entonces las misma sensación que sentí en mayo del año pasado, cuando Antena 3 hizo públicas unas fotografías del etarra en un centro comercial que demostraban algo que tampoco entonces era nada noticioso, que De Juana Chaos estaba en Venezuela.
Tampoco la estancia de este etarra en Venezuela fue noticia alguna allá por enero de 2013, cuando el diario La Razón publicó que un empresario español había denunciado a Interpol y al consulado español en Puerto la Cruz que a finales de diciembre de 2012 se había cruzado con el etarra en un centro comercial de la localidad venezolana de Lechería: el mismo diario El Mundo ya había publicado en agosto de 2012 que el terrorista se encontraba en el referido país sudamericano junto a Irati Aranzábal –la joven con la que fue sorprendido en la ducha durante la supuesta huelga de hambre con la que consiguió su libertad condicional– y que estaban a punto de ser padres.
Supongo que la ubicación venezolana del etarra –supuestamente prófugo de la Justicia desde que en 2008 aprovechó la libertad condicional concedida por el Gobierno de Zapatero para darse a la fuga– tampoco entonces fue noticia alguna para los servicios de información de nuestro Gobierno.
A fin de que nuestro periódico no sea menos que los medios de comunicación ya mencionados, desde aquí propondría a Raúl Vilas que, pasado un corto espacio de tiempo, llevara en exclusiva y como principal titular de portada la noticia de que Iñaqui de Juana Chaos está en Venezuela. Pero que tampoco tarde mucho, no sea que «Iñaqui» –como familiarmente le llamaba Patxi López– se muera, pero de viejo, o suceda lo que ocurrió con otro célebre etarra prófugo y también durante muchísimo tiempo en paradero bien conocido, Josu Ternera: a pesar de que desde 2002 pesa contra él una orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo, bien debía de saber el Gobierno de Zapatero dónde se encontraba, desde el momento en que Jesús Eguiguren confesó que le hacía llegar mensajitos del entonces presidente del Gobierno.
Desde la llegada de Rajoy a La Moncloa tampoco han faltado noticias, tanto en la prensa nacional como en la extranjera, sobre el paradero del supuestamente perseguido inductor de la masacre de la casa cuartel de Zaragoza. Lejos de esconderse en lugares especialmente recónditos, durante mucho tiempo se supo que Ternera vivía plácidamente en una localidad francesa bien cercana a la frontera española, Durban sur Aziere. Desde allí se desplazaba tranquilamente a otros lugares de Francia o incluso a Noruega, país que, tal y como publicó este diario, lo había expulsado en marzo de 2013 junto con otros terroristas, también supuestamente buscados por las autoridades españolas, como David Pla o Iratxe Sorzabal, tras participar con ellos en Oslo en la llamada Comisión Internacional de Verificación del Alto el Fuego en el País Vasco de Ram Manikkalingam.
En julio de 2013 La Razón aseguraba que Ternera habría huido del pueblecito cercano a los Pirineos en el que vivía cuando descubrió o fue alertado de que la Policía por fin lo iba, supuestamente, a detener.
Está claro que el nauseabundo Plan Retorno, que el Gobierno del PP ofreció en su día a los etarras fugados, a los que prometía una pronta excarcelación o incluso una completa impunidad, no incluye a etarras tan conocidos como Iñaqui de Juana o Josu Ternera. A estos últimos el Gobierno del PP parecería que no los quiere ver en España ni en pintura, aunque sea a costa de una impunidad en el extranjero.
Reconozco que tampoco esto es una gran noticia. Lo que, desde luego, sí sería un notición es ver en España la aplicación del articulo 408 de nuestro supuestamente vigente Código Penal, que literalmente dice:
La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Pero desengáñense. Esa noticia no se producirá y no la leerán nunca ni en este ni en ningún otro medio.