En el Consejo Europeo que ayer se celebró en Bruselas, Pedro Sánchez vivió en primera persona el coste de su política con la inmigración ilegal y de la gestión que ha hecho su Gobierno con el asalto masivo a Ceuta. Además, las últimas informaciones sobre la entrada no consentida de buques de guerra marroquíes en las aguas jurisdiccionales españolas frente a Ceuta han renovado, por un lado, la imagen indolente del Gobierno de Sánchez ante una nueva intromisión del país vecino, como si la terrestre de finales de julio no hubiera sido suficiente, y ha mostrado a los socios europeos la desprotección de las aguas sureñas de la Unión Europea. Todo esto sucede en el marco de un discurso inalterado de exculpación de Marruecos por sus responsabilidades directas en la invasión y desestabilización de Ceuta.

Con el proceso de regularización masiva de inmigrantes y la evidente intención del Gobierno español de no exigir a Marruecos que acepte el retorno legal de sus ciudadanos, diversos gobiernos europeos criticaron abiertamente la política migratoria española. La socialista Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, ha pedido a Bruselas que examine las consecuencias de una regularización que, como la española –sin citarla–, acaba legalizando la inmigración irregular. Frederiksen calificó esta política como «actuar prácticamente en contra de lo que hacemos los demás». Este análisis rememora las críticas de Sánchez y de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a los socios europeos por su falta de generosidad en los días posteriores a la invasión de Ceuta. Lo que estaba sucediendo era lo contrario: la insolidaridad de Sánchez con Europa, concretada en su oposición permanente a la nueva política migratoria de Bruselas y animada por su extraña sumisión a Marruecos y su sentido partidista de la inmigración ilegal. Frederiksen no fue la única dirigente en criticar a Sánchez. Su homólogo austríaco, Christian Stocker, vinculó, más con criterios políticos que con datos ciertos en la mano, el asalto a Ceuta con el proceso de regularización masiva de inmigrantes. En foros como el Consejo Europeo priman los criterios políticos para determinar las políticas conjuntas de la Unión y, en relación con Sánchez, la gran mayoría de los gobiernos europeos no entienden, en este momento del debate comunitario, cómo es posible que quien entra irregularmente en España acabe con un permiso de residencia y, a la larga, regularizado, e incluso nacionalizado. El premio español a la inmigración ilegal es incomprensible.

El primer ministro checo, Andrej Babis, se excedió en su crítica, al atribuir a gobiernos que no identificó –no hizo falta– la intención de «reemplazar población con migrantes solo para ocupar esos cargos». Convendría que los debates entre líderes europeos estuvieran libres de estos brochazos populistas, pero también que los socios del PSOE en la extrema izquierda no dieran motivos para pensar como Babis y no clamaran, como hizo Irene Montero, por ‘la teoría del reemplazo’ para «barrer de fachas este país con gente migrante». Las relaciones internacionales están construidas con lazos muy finos de confianza y lealtad recíprocas entre socios que dicen tener valores comunes. Sánchez, el adalid del progresismo, los ha roto todos y ha quedado marginado en la UE como un oportunista que está recogiendo el rechazo que se ha ganado a pulso.