ROGELIO ALONSO – ABC
· Combatir el terrorismo exige ingentes recursos, mecanismos efectivos para compartir la inteligencia y cambios legales.
Como ha ocurrido en otros atentados terroristas recientes, tras el último perpetrado en Berlín de nuevo se ha criticado a la Policía, repitiéndose que el sospechoso también estuvo bajo vigilancia. Cuando el terror golpea es recurrente que se tome a los servicios de inteligencia e información como «chivo expiatorio» en una suerte de búsqueda de responsables que apacigüe a sociedades necesitadas de seguridad ante una amenaza previsible en su determinación de atentar, pero imprevisible sobre el lugar y el método exacto.
También suele denunciarse la falta de cooperación entre policías europeas, induciendo en ocasiones a confundir al único culpable del atentado, el terrorista, con quienes intentan evitarlo. Cuando esto sucede suelen subestimarse las enormes dificultades con las que estos servicios se topan al confrontar una compleja amenaza terrorista definida por su carácter multiforme y transnacional. Por un lado, no son solo grupos terroristas como Daesh y Al Qaida los que nos amenazan, sino también individuos inspirados en ellos, algunos autorradicalizados, y células con distintos grados de vinculación con aquellos. La transnacionalidad del fenómeno acrecienta su complejidad, obligando a una coordinación y cooperación nada sencilla entre agencias de seguridad nacionales e internacionales.
Peligrosa «moda»
Además, el terrorismo yihadista se ha convertido en una peligrosa «moda» para un segmento de población que considera atractivo perpetrar brutales crímenes. En esas circunstancias no es sencillo impedir ataques sorpresa cuando precisamente el objetivo del terrorista es sorprender a sociedades abiertas que por su carácter democrático son vulnerables. Por tanto, la materialización de atentados no es necesariamente consecuencia de fallos de inteligencia que, en ocasiones, también se producen.
La respuesta policial al terrorismo yihadista exige ingentes recursos humanos y materiales, anticipación, dinamismo, formación constante, mejoras tecnológicas, captación y tratamiento de fuentes humanas, coordinación, y estructuras que son susceptibles de mejora para sortear obstáculos en ocasiones determinantes en el éxito o fracaso de la acción contraterrorista. Pero también requiere sociedades y políticos concienciados y responsables.
Guerra de competencia
La inteligencia es un bien preciado difícil de compartir que solo debe intercambiarse si existen marcos normativos y operativos adecuados. En una Unión Europea que carece de una «unión» como tal en el ámbito de la seguridad, la cooperación en tan sensible cuestión es limitada, aunque no inexistente. En España las agencias de seguridad actúan en un contexto generador de competencia que en ocasiones perjudica la colaboración y favorece el solapamiento, lastrando así su eficacia. Lógico es, por tanto, que se reproduzcan esas constricciones en la cooperación internacional entre estados, pese a lo cual también se desarrollan eficaces operaciones conjuntas y de colaboración.
Estos déficits estructurales solo podrían reducirse si realmente existiera una voluntad política guiada por el criterio técnico de los expertos que a diario se enfrentan al fenómeno. Asimismo, debemos ser conscientes de los constreñimientos legales de sistemas que algunos consideran excesivamente garantistas y otros, en cambio, represivos. Es significativo el creciente número de detenciones relacionadas con el terrorismo yihadista, pero también el de no condenas.
España es uno de los países, junto con Reino Unido, con índices de absolución más elevados, lo que obliga a subrayar las dificultades para juzgar este tipo de delitos, con juicios orales que a veces descansan sobre pruebas indiciarias que requieren una mayor construcción. De manera incongruente algunos se escandalizan de que sospechosos de cometer atentados hayan sido objeto de vigilancia policial, mientras critican la prevención antiterrorista cuando se instruyen casos basados en pruebas indiciarias.
El profesional puede tener la convicción de que un individuo constituye un peligro potencial, pero si el periodo de investigación no coincide con la actividad delictiva, no dispondrá de autorización judicial para prolongar eternamente su investigación. En otras ocasiones se obtiene inteligencia sobre individuos con ideas radicales, aparentemente dispuestos a cometer actos terroristas, pero se carece de pruebas de cargo que evidencien de manera irrefutable que está ya involucrado en perpetrarlos.
Garantismo
Es materialmente imposible mantener bajo estrecha vigilancia a los centenares de personas que hoy expresan esos discursos radicales y que, en consecuencia, son susceptibles de pasar a la acción súbitamente si obtienen recursos que hoy se han simplificado al recurrirse a vehículos, cuchillos y otros medios diferentes a las tradicionales armas de fuego o explosivos. Los dispositivos de seguimiento reales nada tienen que ver con los del cine: se precisan inmensos recursos.
En las investigaciones la existencia de una finalidad terrorista es susceptible de interpretación requiriendo siempre un control judicial, quedando todo ello determinado por premisas judiciales, y políticas, que están variando, aunque no al ritmo que exigen algunos profesionales. Hace unos meses el Tribunal Supremo resolvió que «la seguridad nacional» debía anteponerse a los derechos individuales de los sospechosos de islamismo radical al evaluarse solicitudes de nacionalidad, residencia o asilo.
Por fin, Policía, Guardia Civil y CNI, obtenían respaldo para no hacer públicos detalles de sus investigaciones. «Dada la naturaleza de las investigaciones –prevención del terrorismo yihadista– difícilmente puede exigirse a dichos informes datos ampliatorios o una mayor concreción que no comprometan la actuación de prevención antiterrorista», afirmó el Supremo en una relevante sentencia cuestionada, sin embargo, por algunos. También hay divergencias sobre el encriptamiento de aplicaciones de mensajería y el bloqueo con clave de teléfonos móviles que dificultan determinadas investigaciones y que llevan a expertos policiales y fiscales a concluir que la inviolabilidad de las comunicaciones no puede ser un derecho absoluto.
El triunfo o fracaso de una investigación depende en última instancia del factor humano. Son los seres humanos los que toman decisiones, los actores determinantes. Esas decisiones están condicionadas por múltiples variables. Optar por una Europa sin fronteras interiores y permeables desde el exterior condiciona el trabajo policial, así como la masiva llegada de inmigrantes que desbordan a la Policía alemana, o las trabas administrativas que impiden deportaciones necesarias por motivos de seguridad. También es relevante la politización de la inteligencia que afecta a la percepción del trabajo policial. Es frecuente escuchar a dirigentes políticos promocionar su gestión aludiendo al alto número de detenciones y a la ausencia de atentados desde 2004. Se ha llegado a decir que España lidera la lucha contra el yihadismo en Europa precisamente por ello. Peligrosa simplificación que mide la eficacia policial con indicadores que no son los únicos con los que esta debe evaluarse.
Podemos ser víctima de un atentado que, si se materializara, no debería mermar la confianza en la Policía como ahora se hace con la alemana. Hace tan solo unas semanas, Alemania prohibió un grupo salafista relacionado con Daesh gracias a las investigaciones. En junio, se desmanteló una célula que planeaba una masacre en Dusseldorf. En 2010 tuvo lugar un gran proceso judicial en el país contra otra célula acusada de planear asesinatos masivos. Nuestros servicios policiales pueden errar, pero la causa de un atentado no siempre está en el hipotético error de quienes evitan numerosos crímenes.
ROGELIO ALONSO – ABC – 08/01/17