ABC 23/09/15
EDITORIAL
· La nueva advertencia de Juncker a Cataluña se basa en la lógica: un Parlamento autonómico no puede condicionar la unidad de un Estado
EN la recta final de la campaña electoral, la lista independentista de Junts pel Sí está en su derecho de dar chulescos «cortes de manga» a las advertencias de los organismos internacionales, entidades y asociaciones que han alertado del peligro de llevar hasta el extremo la amenaza separatista. Pero más allá del nulo nivel político que demuestra Artur Mas con sus pataletas de mitinero sobreactuado, Mariano Rajoy está a su vez en su derecho –y en la obligación– de garantizar que no habrá independencia y de pactar con otros partidos frente a quienes quieren «liquidar España». Tiene razón el presidente del Gobierno cuando dice que para legitimar una ilegalidad «no bastan ni los votos ni los escaños». La voluntad popular no puede basarse en la subversión de la ley. No es cuestión de convicciones o impulsos sentimentales, sino de estricto cumplimiento de la legalidad porque está en juego la unidad de España.
Los llamamientos de Obama, Cameron, Merkel o Juncker a la unidad de España, junto con el temor expresado por los bancos y las organizaciones empresariales, confluyen en una misma idea: con delirios identitarios basados en una manipulación emocional de la causa secesionista no se construye nada y se destruye mucho. Argumentar que una hipotética Cataluña independiente quedaría fuera de la unión política y monetaria europea, que no podría hacer frente a sus pensiones, que su población sufriría el riesgo de un corralito o que no gozaría del amparo del BCE no es una artimaña electoralista de esa «España que roba». No es una invención para activar el «voto del miedo». Es sencillamente la verdad. Es el alarmante pronóstico de una cruda evidencia. Se trata del relato certero de unas consecuencias demoledoras para casi ocho millones de catalanes, sean independentistas o no. Y si la réplica de Artur Mas es amenazar con no pagar la deuda, el despropósito de su análisis produce aún mayor preocupación.
ABC publica hoy una respuesta parlamentaria de la Comisión Europea en la que ratifica, punto por punto, que la UE es refractaria a procesos secesionistas fundados en la rebeldía frente a la ley. «La Unión –dice Juncker– debe respetar la identidad nacional de los Estados miembros (…), también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial». Y añade que «la determinación del territorio de un Estado miembro está únicamente establecida por el Derecho constitucional nacional, y no por una decisión de un Parlamento autonómico (…)». Más nítido, imposible. La independencia no va a producirse porque el Estado tiene mecanismos suficientes de defensa frente a cualquier embestida, por radical que sea. Pero, si se produjera, las advertencias de un progresivo empobrecimiento de Cataluña son realistas. No es anecdótico que haya empresas planteándose una fuga hacia otras autonomías, o inversiones del exterior paralizadas a la espera de una certidumbre que Mas es incapaz de ofrecer. Europa no avisa en vano.