ABC 13/04/13

· El Comité de las Regiones ciñe el soberanismo a «asunto interno» de los Estados.

El criterio de la UE sobre los procesos independentistas ha quedado más que definido en numerosas ocasiones, tanto en sus tratados como en las manifestaciones de sus dirigentes: los procesos secesionistas son un asunto interno de cada país, y un hipotético nuevo estado debe seguir con todo el protocolo de adhesión, sin atajos posibles.

Esta es la postura que ayer manifestó de nuevo un órgano de la unión, en este caso el Comité de las Regiones (CdR), foro que manifestó que los procesos independentistas de territorios europeos son «asuntos internos» de los estados afectados, tal y como señala el texto adoptado ayer por amplia mayoría en la sesión plenaria del CdR, en línea con lo que establecen los tratados comunitarios. Este es uno de los puntos del dictamen «La descentralización en la UE y el lugar del autogobierno local y regional en la elaboración y ejecución de las políticas europeas», aprobado ayer en Bruselas por el órgano comunitario de representación regional y de carácter consultivo, y en lo que es una nueva desautorización a las pretensiones soberanistas.

«En el caso de que una región obtuviese la independencia y quisiera integrarse en la UE, tendría que presentar una candidatura oficial al Consejo y seguir el procedimiento de adhesión del artículo 49 del Tratado de la UE como cualquier otro Estado que desease convertirse en Estado miembro de la UE», señala también el texto. En la misma línea se pronunció el presidente del CdR, el murciano Ramón Luis Valcárcel, quien expresó su «respeto» a los procesos independentistas pero recalcó la necesidad de que éstos se desarrollen «dentro de la legalidad europea», informa Efe.

El texto adoptado también subraya que la crisis financiera «ha servido en muchos países como catalizador para efectuar reformas», y apunta que estos cambios «no siempre fueron dirigidos a una mayor descentralización». En este sentido, el dictamen pide a los Estados miembros «que lleven a cabo una reorganización territorial de forma cuidadosa», respetando la Carta de la Autonomía Local de la UE y el marco de referencia europeo para la democracia regional. «Una descentralización bien entendida puede contribuir significativamente a la satisfacción de los ciudadanos de las regiones y los municipios, y fortalecer su lealtad al Estado», destaca el texto.

La comparación andaluza

En paralelo a la nueva amonestación de un órgano comunitario a las pretensiones independentistas, Cataluña prosigue con su llamada «transición nacional», un día después de que se constituyese el Consejo Asesor que para esta materia ha creado la Generalitat. El citado organismo nace en pleno aislamiento, solo apoyado por CiU y ERC, y ante el desdén del resto de partidos, que ayer criticaron la iniciativa del Govern por lo que consideran una institución no neutral.

Ayer precisamente, el presidente del Consejo de Transición, el exmagistrado del TC Carles Viver Pi-Sunyer, consideraba que es «menos forzado» desde el punto de vista constitucional convocar la consulta que la forma con la que en su momento Andalucía obtuvo la autonomía.

Por otra parte, el expresidente Jordi Pujol consideró ayer que en España «no funciona nada», citando a las Cortes, los partidos, el Banco de España, las autonomías y los tribunales, algo, dijo, que se demuestra con los últimos autos del TSJC en contra de la inmersión lingüística.

 

Una transición al abismo

El Consejo para la Transición Nacional nace con el objetivo de asesorar a la Generalitat tanto en el camino hacia la indepenencia como en los primeros pasos que debería dar el nuevo Estado en el proceso de separación de España. La constitución del Consejo es uno de los puntos fijados en el pacto de legislatura entre CiU y ERC. Según asegura la Generalitat, ninguno de sus integrantes cobrará por los trabajos que realice.

Catorce integrantes de perfil soberanista

Los miembros del Consejo son en su mayoría expertos en Derecho y en Economía, aunque también está Pilar Rahola, la periodista y biógrafa de Artur Mas. El exmagistrado del TC Carles Viver Pi-Sunyer lo preside. El resto de miembros son los catedráticos Enoch Albertí, Germà Bel, Carles Boix, Ferran Requejo, Joan Vintró y Núria Bosch; los profesores universitarios Salvador Cardús, Àngel Castiñeira, Francina Esteve, Josep Maria Reniu y Rafael Grasa, y el empresario Joan Font Fabregó.

Primer encargo: ¿cómo celebrar la consulta?

El primer encargo recibido por el Consejo, y que debe tener concluido antes del verano, es el «estudio del proceso de convocatoria de una consulta», en un trabajo que incluirá también «el análisis del establecimiento de las relaciones con la UE o el Estado español». La Generalitat apunta que el Consejo elaborará entre 15 y 20 informes a lo largo de 2013, que podrían alargarse hasta principio de 2014, fecha a priori prevista para la consulta.

Un modelo de Defensa para Cataluña

Además del proceso de consulta, el Consejo tiene el encargo de preparar el «día después», planteando cuestiones como el modelo de defensa, el abastecimiento de energía, la oficialidad o cooficialidad de las lenguas o aspectos nucleares, como la posibilidad de que los ciudadanos de una Cataluña independiente puedan tener doble nacionalidad.

Banco Central, Asuntos Exteriores, agencias…

Otro de los encargos alude a las llamadas «estructuras de Estado», organismos que deberían crearse en caso de secesión: Agencia tributaria, Banco Central, agencias y entes reguladores, poder judicial, administración electoral, servicio exterior… En algunos casos, dichos organismos ya se empiezan a armar, como la agencia tributaria o el departamento de Asuntos Exteriores.

Reparto de la deuda, y también del patrimonio

Si hay separación de España habrá que repartir «pasivos y activos», plantea la Generalitat. Es otro de los asuntos que abordará el Consejo, que dibujará, por ejemplo, una hipótesis de reparto del Fogasa y de la deuda pública, así como de los bienes patrimoniales del Estado.

ABC 13/04/13