No podemos normalizar que haya niños, niñas y adolescentes lejos de sus familias. No podemos asumir como inevitable que la primera respuesta ante esta realidad sea trasladarlos a más de mil kilómetros de distancia, a territorios en los que no tienen ningún arraigo. Y, sobre todo, no podemos aceptar que un problema de enorme complejidad humana, jurídica e institucional termine reducido a un reparto de cifras entre comunidades autónomas.

El interés superior del menor no es una declaración retórica ni una fórmula que podamos invocar únicamente cuando resulta conveniente. Es el principio que debe ordenar todas las decisiones que afectan a la infancia. Y aplicar ese principio exige conocer cada caso, analizar las circunstancias personales y familiares y actuar con todas las garantías.

Antes de plantear cualquier derivación, debe acreditarse que se han agotado realmente todas las vías para localizar a sus familias, comprobar su situación y valorar una posible reunificación cuando esta sea posible y responda al interés y la realidad de cada niña, cada niño, desde su singularidad.

Lo diré con claridad: la primera obligación del Estado no es repartir menores. La primera obligación del Estado es ejercer plenamente las responsabilidades que le corresponden y, por tanto, agotar las vías para que puedan volver con sus familias cuando existan las condiciones y garantías necesarias para hacerlo.

El Estado español dispone además de instrumentos para actuar. Existe desde 2007 un acuerdo con Marruecos sobre cooperación para la prevención de la emigración irregular de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, que entró en vigor en 2012 y cuyo compromiso fue reiterado posteriormente. También se han desarrollado mecanismos normativos para responder ante situaciones extraordinarias de contingencia migratoria.

Y tampoco debemos perder de vista dónde se produce esta crisis. Ceuta no es únicamente una ciudad autónoma española. Es también una frontera exterior de la Unión Europea. Lo que sucede allí no puede abordarse únicamente como un problema dentro del Estado español.

Porque una política migratoria seria no puede consistir únicamente en gestionar las consecuencias cuando las personas ya han llegado. Necesitamos anticipación, cooperación, planificación y políticas que permitan una migración ordenada, regular y humana.

Nuestro sistema de protección trabaja ya por encima de su capacidad ordinaria. Esta realidad existe y debe formar parte de cualquier decisión responsable. Ignorar la capacidad de los sistemas que finalmente deben asumir la tutela no protege mejor a los menores. Puede provocar precisamente lo contrario: más inestabilidad, más dificultades y una atención que no responda adecuadamente a sus necesidades.

No puede haber decisiones unilaterales ni hechos consumados. Cualquier derivación hacia Euskadi debe acordarse con el Gobierno vasco y con las diputaciones forales, que son los que ejercen las responsabilidades de protección y tutela. Debe realizarse con expedientes completos, información suficiente, financiación adecuada y todas las garantías jurídicas y asistenciales.

No estamos hablando de burocracia. Estamos hablando de saber quién es cada niño o niña, qué historia tiene detrás, cuál es su situación familiar, cuáles son sus necesidades y qué respuesta debe recibir.

Ceuta atraviesa una situación extraordinariamente compleja y merece una respuesta. Euskadi estará, como ha estado siempre, en los espacios de cooperación y corresponsabilidad. Pero precisamente porque queremos soluciones serias debemos reclamar planificación, diálogo y respeto a las competencias de cada institución.

Tenemos que ser capaces de hacer algo más difícil y mucho más responsable: analizar cada situación, utilizar todos los instrumentos disponibles para garantizar los derechos de cada menor, buscar a las familias, valorar las posibilidades de reunificación, y, cuando una derivación resulte necesaria, realizarla de manera acordada, ordenada y con todos los recursos y garantías.

Cuando hablamos de infancia, proteger debe ir antes que repartir.

Porque detrás de cada cifra hay un niño, una niña o un adolescente. Y porque la medida de nuestras políticas no puede ser únicamente cuántas personas trasladamos de un territorio a otro, sino si hemos sido capaces de hacer todo lo que estaba en nuestra mano para proteger sus derechos, su seguridad y su futuro.