EL CORREO 21/03/15
· Ambos ejecutivos documentarán las vulneraciones de competencias y estudiarán acciones jurídicas conjuntas
Los gobiernos vasco y catalán han abierto un frente común contra el Ejecutivo del Partido Popular para denunciar las «invasiones» del Estado sobre sus competencias propias y el «progresivo deterioro» del autogobierno en ambas comunidades históricas. Así lo manifestaron ayer el portavoz del gabinete de Urkullu, Josu Erkoreka, y la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, al término de una reunión en Vitoria en la que analizaron «la situación política». Tras el encuentro, en el que también participó el lehendakari, Iñigo Urkullu, los dos portavoces comparecieron en público para expresar su «preocupación» por el proceso de «recentralización sin precedentes» que, a su juicio, promueve Mariano Rajoy en la gestión de la Administración central.
Erkoreka y Ortega, mano derecha de Artur Mas en la Generalitat, anunciaron que los ejecutivos de Euskadi y Cataluña estudian emprender iniciativas políticas y jurídicas conjuntas para frenar la estrategia «uniformadora» del Gobierno del PP, en un intento por darse a valer frente a lo que consideran un «ataque al sistema de las autonomías». En el caso del Ejecutivo del PNV, la colaboración se escenifica cuando faltan dos meses para unas elecciones municipales y forales cruciales para dilucidar el peso institucional del nacionalismo en el País Vasco y la pugna entre los jeltzales y EH Bildu. Para el gabinete de CiU, apoyado por Esquerra, la cooperación le permitirá afilar su perfil soberanista, de capa algo caída tras la descafeinada consulta del 9-N y la significativa pérdida de apoyos sociales a la independencia registrada desde entonces.
Pese a la colaboración, el Gobierno de Urkullu se ha esforzado por desmarcarse de la vía que abandera Artur Mas, respaldado en este órdago por ERC y entidades partidarias de la ruptura con España como la Asamblea Nacional Catalana (ANC). La última vez que el PNV puso de largo este calculado distanciamiento fue en una reunión con el coordinador general de Convergència, el partido que empuña el entorchado soberanista dentro de CiU.
Tras el encuentro con Josep Rull, celebrado un día después del partido en San Mamés entre la selección vasca y la catalana, Andoni Ortuzar apostó por la «mejora del autogobierno vasco» a través de un nuevo estatus político con base en el pacto, frente a la secesión que propugna CDC. El líder de los jeltzales situó el debate en el Parlamento vasco, donde se ha articulado una ponencia para estudiar una eventual reforma del Estatuto de Gernika, en vez de en movimientos sociales ajenos al Gobierno como la ANC.
Con ese mismo partido de fútbol como telón de fondo, Urkullu recibió a Mas en Ajuria Enea en una entrevista en la que declararon su preocupación por la «estrategia de recentralización» del Gobierno del PP que «rompe los consensos políticos básicos que se habían alcanzado hace tres décadas». Su apuesta por «trabajar de forma conjunta» dio ayer sus primeros frutos con la visita a Vitoria de Joana Ortega, representante del ala soberanista de Unió, partido que rechaza la independencia. Tanto Mas como Ortega están siendo investigados por el Tribunal Superior catalán por la organización de la consulta del 9-N, pese a estar suspendida.
Un ‘libro negro’
La alianza institucional entre los gobiernos vasco y catalán se plasmará en primer lugar en una iniciativa que lo dice todo en su título: el ‘Libro Negro de la Recentralización’. El trabajo, puesto en marcha por la Generalitat, es una recopilación «sistemática de vulneraciones» de las competencias autonómicas y sus «efectos sobre la ciudadanía», explicó Joana Ortega. El Gobierno de Urkullu, que coincidirá el próximo martes en Vitoria con Rajoy en el arranque oficial de las obras del Memorial de Víctimas, manifestó «un vivo interés» por esta compilación de eventuales agravios.
«Hemos quedado en volver a reunirnos para examinar el contenido del documento y aportar lo que podamos. Como el diagnóstico es compartido, es posible coincidir en una denuncia», señaló Erkoreka. De hecho, Ajuria Enea ya ha tramitado su propia lista de perjuicios ante los tribunales. Entre otros, el Gobierno vasco se ha quejado de la polémica LOMCE del ministro Wert, la unidad de mercado, la ley de evaluación ambiental y los ajustes sanitarios. La última discordia jurídica se ha planteado con la Ley de Acción Exterior, una iniciativa que, en opinión del Ejecutivo del PNV, «cercena gravemente» las competencias vascas en plena campaña de difusión de la marca ‘Basque Country’.
El portavoz del Ejecutivo vasco explicó que la denuncia conjunta con Cataluña tendría más fuerza que una queja aislada de una comunidad. «No descartamos la posibilidad de presentar iniciativas judiciales compartidas. Pero deben contar con el apoyo de los servicios jurídicos», advirtió. Aunque no las concretó, defendió la presentación de iniciativas políticas «para hacer ver a la sociedad que estamos sumidos en un proceso irreversible de progresiva erosión de nuestros autogobiernos». A su juicio, el «edificio» autonómico «se está desfigurando» treinta años después del ‘café para todos’.