En toda esta historia de los nombres de pila, en la que se dan casos recientes, como los de Hazia o Eki, y otros anteriores, como el de Ilargi, lo que más me ha llamado la atención es la manera tan poco elegante por parte de Euskaltzaindia de quitarse de encima toda responsabilidad, dejando a los jueces intervinientes a los pies de los caballos.

Quien dirige la sección de onomástica de la institución ha dejado bien claro en una entrevista que ellos no prohíben ningún nombre: «Euskaltzaindia solo dice si está correctamente escrito y deja constancia oficial de sus acepciones». Pero que diga eso el responsable de la academia cuyos dictámenes, listados de nombres y criterios constituyen la única base argumental de los jueces para aceptar el nombre que proponen los padres no deja de ser sorprendente. De hecho, en los tres casos principales que han salido aquí, los de Hazia, Eki e Ilargi, en los tres los jueces han partido del criterio de Euskaltzaindia.

El antedicho responsable de onomástica, en la entrevista citada, declaró también que el euskera es propicio a los nombres neutros porque no tiene género gramatical; pero lo único cierto es que en la página web de Euskaltzaindia, en su sección correspondiente, solo hay un listado de nombres de pila masculinos y un listado de nombres de pila femeninos (no hay, por tanto, listado de nombres de pila neutros), así como los criterios empleados para elaborar dichos listados. Por lo tanto, Ilargi viene solo en el listado de nombres de pila femeninos, Eki viene solo en el listado de nombres de pila masculinos (así como Ekia en el de femeninos) y, en cuanto a Hazia, en los criterios empleados por Euskaltzaindia hay un apartado que se titula ‘Nombres no recomendados’, donde se acaba diciendo: «Tampoco tienen cabida en el presente nomenclátor los nombres considerados no dignos e indecorosos (Aker, Ordots, Ozpin, Zakar…) que la legislación vigente no permite imponer. Es, por ello, recomendable que los padres obtengan la información previa necesaria antes de imponer el nombre a sus hijos». Pero esos padres solo podrían obtener dicha información en Euskaltzaindia o, si no, en el Registro Civil, que sigue a su vez las directrices de Euskaltzaindia. Por lo que la responsabilidad es, cuando menos, compartida.

De ahí que resulte tan llamativo que desde Euskaltzaindia se descarguen por completo en los jueces que toman la decisión final. Y no solamente eso, sino que además digan públicamente que para el caso de Hazia están dispuestos a hacer un informe ‘ad hoc’ con criterio favorable a la imposición de tal nombre. Habría sido mucho más discreto y cabal dirigirse de modo interno al juez con esa propuesta, en lugar de desmarcarse ante los medios de la decisión judicial y realizar ese ejercicio de bienquedismo.

Euskaltzaindia es una institución cultural clave del país y, como tal, debe tener un protocolo para evitar cualquier intromisión en la arena política o ideológica, eventualidad nefasta para su imagen y prestigio. Y así, en un momento político como el actual, lo que podría haber quedado en improvisación desafortunada se está convirtiendo en alineamiento evidente con una de las culturas políticas del país, que no es otra que la mayoritaria nacionalista.

Porque Euskaltzaindia, con su postura displicente y distanciada respecto de los jueces por el tema de los nombres de pila, se viene a sumar, lo quiera o no, a un ambiente político enrarecido en el que, desde el nacionalismo gobernante, se está cargando contra decisiones judiciales que no gustan en relación con el euskera. Recordemos el caso de la funcionaria de Llodio despedida por no haber alcanzado el perfil preceptivo y a la que la juez obligó a readmitir con el argumento de la dificultad del idioma. El lehendakari dijo entonces que lo de esa juez era una tomadura de pelo y un insulto al euskera.

Y el colofón llegó en el aniversario del Estatuto de Gernika, cuando el lehendakari solemnizó que «los vascos tenemos el derecho inalienable a ser juzgados por nuestros propios jueces, un Poder Judicial propio para interpretar y aplicar las normas propias». ¿Qué juez vasco no empezará a pensar a partir de ahora si es propio o no propio? ¿Y derecho inalienable?

La historia enseña que los jueces vascos siempre los decidió Castilla, enviando a los corregidores y para apelaciones a la Chancillería de Valladolid, hasta que en 1841 empezaron a instalarse los juzgados de primera instancia. El canciller Pedro López de Ayala (1332-1407), por ejemplo, fue corregidor de Gipuzkoa. Está enterrado en la torre de los Ayala, en Quejana, concejo alavés para el que Euskaltzaindia dictaminó el nombre de Kexaa, bodrio descomunal, según un amigo experto en toponimia. Pero así es como Euskaltzaindia nombra y luego siempre son otros los que imponen.