No sería de recibo dar un carpetazo como respuesta si los resultados no son los esperados, como ocurrió en la evaluación de 2022 cuando Euskadi saldó la prueba con los peores registros obtenidos de la serie histórica y la consejería evitó publicar el varapalo, en un ejercicio que rozó la falta de respeto y de responsabilidad institucional. Si intenta eludir la autocrítica, puede acabar postergando el debate público sobre las aulas. Minimizar la aportación en este test de prestigio internacional complica la necesaria comparación del rendimiento del alumnado con objetividad, dando la sensación de que se prima la protección del relato político por encima de la rendición de cuentas que exige la mejora de la educación.

Es cierto que las características propias del modelo vasco -hegemonía de la enseñanza impartida en euskera en la red pública y fuerte implantación de colegios concertados- pueden condicionar los resultados finales. Pero intentar hacerse trampas al solitario no es la mejor enseñanza que se pueda trasladar en estos momentos en los que se acumulan los retos formativos y académicos. Los alumnos, la comunidad docente y las familias siguen desconcertados aún por el impacto de la digitalización en las clases. Tampoco parece la solución para afrontar con seriedad las eventuales correcciones que haya que introducir en un sistema que lleva demasiado tiempo suspendiendo en varias asignaturas.