Que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional avale sistemáticamente la política legislativa de Pedro Sánchez y la previsibilidad de sus sentencias es algo ya habitual, pero que invada la función jurisdiccional del Tribunal Supremo sin disimulo, como está haciendo con los recursos de amparo de los ERE, ya son palabras mayores.

De ahí que haya preocupación en el mundo jurídico, en el que alertan de que la reinterpretación de los delitos de prevaricación y malversación por parte del órgano que preside Conde-Pumpido para salvar a los exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía puede ser el inicio de un grave conflicto institucional. Un conflicto que puede verse acrecentado además en las próximas semanas si, en esta descarada deriva que ha emprendido el tribunal, la mayoría progresista enmienda a la Sala Penal del Supremo y ampara a los líderes independentistas frente a la inaplicación de la amnistía al delito de malversación.

No hay más que leer los votos particulares de los cuatro magistrados de la minoría para percatarse de la gravedad del asunto. En líneas generales avisan del precedente que supone dejar a los políticos al margen de cualquier control, extendiendo sobre ellos un privilegio de inmunidad e inviolabilidad; denuncian una «construcción artificiosa» en virtud de la cual quien obra amparado por la ley de presupuestos no puede prevaricar ni malversar; y lo que es más grave: rectifican por primera vez en la historia del TC el criterio del Supremo al interpretar un elemento de la conducta típica y sustituir la valoración de la prueba efectuada por los órganos judiciales. «Es como si el TC dijera cómo hay que interpretar el dolo en un delito de lesiones, el ánimo de lucro en la estafa o la consumación en el robo con fuerza», sintetiza un jurista. Lo cierto es que las consecuencias están ahí: se ha «blanqueado» el mayor caso de corrupción de España.