Los presos del ‘procés’ eran la causa que limitaba el diálogo entre Pedro Sánchez y el independentismo gobernante en Cataluña. Pero también eran el dique de contención que postergaba la agenda secesionista durante el mandato del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. La concesión de los indultos habrá reacomodado a muchos catalanes en una distensión de orden moral. Los partidarios de las medidas de gracia insisten en que así el conflicto regresa del ámbito penal al político. Pero será muy difícil que «el momento del perdón» se materialice políticamente si al calor de la salida de la cárcel de los nueve indultados se acumulan las vindicaciones soberanistas hasta desbordar las posibilidades reales incluso del Gobierno más «magnánimo». El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha querido situar a Euskadi a rebufo de los indultos, al aflorar la demanda de su reconocimiento como nación, la exigencia de una bilateralidad entendida como una relación de igual a igual entre Ajuria-Enea y La Moncloa, y el establecimiento de un sistema de garantías que disuada al Gobierno central de imponer su criterio ante cualquier desacuerdo.

Ortuzar ha asegurado el apoyo del grupo jeltzale al Gobierno Sánchez para lo que reste de legislatura a cambio de que el presidente avance en nación, bilateralidad y garantías. Pero es poco probable que Sánchez ofrezca siquiera señales tangibles de receptividad ante planteamientos que fuerzan la legalidad constitucional, y apuntan a una singularidad en fricción con las autonomías no históricas pero ya consolidadas como contrapeso del poder central. Los dos años de plazo fijados para el cambio por Ortuzar se desarrollarán en un clima preelectoral creciente en España, en Cataluña y en Euskadi. Un clima incompatible con el acuerdo y el compromiso. Tampoco resultará fácil desinvernar con alguna credibilidad la ponencia parlamentaria sobre el futuro del autogobierno vasco, sujeta más que nunca a un cálculo de votos a varias bandas, especialmente entre el PNV, EH Bildu y el PSE.

Pedro Sánchez tratará de posponer todo eso a la próxima legislatura, aun a sabiendas de que será imposible articular una mayoría cualificada que hinque el diente a la Constitución. Pero sin atreverse a anunciar la reedición de la alianza que le invistió. El constitucionalismo de derechas ha sido relegado en Cataluña y Euskadi. Pero por eso mismo el PSOE no puede afrontar el próximo ciclo electoral desentendiéndose de lo que pase en el resto de España. Y no podrá ni acordar de inmediato ni prometer para después nación, bilateralidad y garantías para las opciones soberanistas. Ni para Cataluña ni para Euskadi.