Fernando J. Pérez-El País 

Los catedráticos proponen fijar las competencias estatales y reorganizar el Senado con el modelo alemán o austriaco

Una decena de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, coordinados por Santiago Muñoz Machado, propuso ayer reformar la Constitución de 1978 y poner al día el modelo territorial español aplicando “técnicas del federalismo” vigentes otros países europeos. Los expertos, que actúan por iniciativa propia ante la crisis catalana, plantean que los Estatutos de Autonomía dejen de ser leyes orgánicas y, por tanto, no sean aprobados por las Cortes. También proponen fijar con claridad las competencias estatales en la Carta Magna y reorganizar el Senado a semejanza del modelo alemán o austríaco.

  La crisis independentista catalana se convertido en la manifestación más extrema, pero no la única, de la “fatiga de materiales” que aqueja a la Constitución Española de 1978, y es “urgente” reformar el modelo territorial que esta consagra. Los juristas coordinados por Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, se han reunido durante cuatro meses para redactar un documento titulado Ideas para una reforma de la Constitución, que se presentó este lunes en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Los expertos proponen aplicar las “técnicas y soluciones” federales a la actual configuración autonómica.

El documento niega que la reforma “pueda hacerse pensando solo en Cataluña”, defiende la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra el desafío secesionista y rechaza que los “grupos que han apoyado la intentona independentista” puedan ser los interlocutores exclusivos de este proceso. Pese a ello, el manifiesto incluye un capítulo dedicado a Cataluña. En él, se recoge la sugerencia, defendida por “algunos miembros del grupo”, de incorporar a la Constitución una nueva Disposición Adicional que establezca un “régimen jurídico singular” para esa comunidad y una “relación bilateral” con el Estado, siempre con el acuerdo del resto de comunidades y para aquellas cuestiones que no afecten al conjunto. 

El “voluntariado cívico” de este grupo de juristas, coordinados por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense de Madrid deriva de su preocupación por la “situación crítica” que vive España por el desafío independentista catalán. Según su diagnóstico, la “parálisis o incapacidad” de los partidos para reformar la Constitución “pone en peligro el propio sistema político”, y solo una reforma que afronte los problemas del actual sistema autonómico en su conjunto permitirá encauzar la situación de Cataluña.

Cinco de los firmantes —Eliseo Aja, Francesc de Carreras, Enric Fossas, Victor Ferreres y Joaquín Tornos— pertenecen a universidades catalanas. El resto de los catedráticos ejercen en Andalucía —Ana Carmona (Universidad de Sevilla) y José Antonio Montilla (Granada)—, el País Vasco (Alberto López Basaguren) y la Complutense de Madrid (Javier García Roca).

Estos juristas defienden la necesidad de abrir un “tiempo de reformas”, en el que de forma paulatina y sucesiva se pueda incorporar a la Constitución una “cláusula europea” en el que se aclare que la norma española es compatible con la normativa comunitaria; se suprima la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona o se reconozca la garantía de ciertos derechos sociales. Sin embargo, lo que consideran “urgente” y “prioritario” en este momento es la reforma que permita “construir un modelo territorial sólido que haga más difícil su deslegitimación”.

Aunque los juristas no quieren “dar excesiva importancia al término”, reconocen que la reforma “deberá hacerse en la línea de los sistemas federales”. Los juristas plantea acabar con la doble condición de los Estatutos como “norma institucional básica” de la comunidad y, al mismo tiempo, ley orgánica que debe ser aprobada por las Cortes. “Sería conveniente configurar al Estatuto como el equivalente a las constituciones de los territorios en los sistemas federales; subordinado, obviamente, a la Constitución”. Según este criterio, los Estatutos solo deberían ser aprobados por el Parlamento autonómico.

Competencias blindadas

El escrito defiende remodelar por entero el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cuyo carácter inconcreto ha terminado convirtiendo al Tribunal Constitucional en el árbitro de ese reparto. Los firmantes se inclinan por que la Constitución fije claramente las competencias del Estado y deje las autonómicas a lo que establezca cada Estatuto.

La parte troncal del documento se centra en la necesidad de reforzar los mecanismos para que las Comunidades Autónomas participen en las decisiones del Estado y en la Unión Europea. El papel del Senado debería cambiar radicalmente. El modelo preferido es del del Bundesrat alemán, cuyos miembros son designados por los Gobiernos de los länder. También se sugiere el modelo austríaco, donde los parlamentos regionales nombran a los parlamentarios de la Cámara alta.

Los académicos defienden que la Constitución incluya normas fundamentales sobre financiación autonómica. Estas deben conjugar criterios de solidaridad con la atribución de los recursos según las capacidades de ingreso de las regiones

Los firmantes reclaman a los partidos que emprendan el diálogo reformista que, según ellos, debería haberse iniciado en 2010 tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló una serie de artículos del Estatuto de Autonomía catalán de 2006.

Este diálogo, defienden, debe producirse en el Congreso y estar liderado por el Gobierno. “Se trata de buscar un nuevo marco de autogobierno que sea sometido a referéndum tanto en Cataluña como en el conjunto de España”, a través de la revisión del Estatuto de Autonomía y de la propia Constitución. Los redactores del documento rechazan la idea de que una reforma constitucional deba lograr un consenso similar al obtenido en su día en las Cortes constituyentes, donde votaron afirmativamente 325 de los 350 diputados. Los catedráticos recuerdan que las propias mayorías que recoge la Carta Magna —tres quintos o dos tercios de la Cámara, según los casos— “son las únicas mayorías vinculantes”.