Extrema debilidad

La detención en Francia de la dirigente de ETA Izaskun Lesaka y del miembro de la banda Joseba Iturbide volvió a demostrar ayer que el «cese definitivo de la actividad armada» anunciado hace ahora un año no supone la relajación de la actuación policial y de la colaboración internacional, que persiguen el definitivo desmantelamiento de la trama terrorista. El hecho de que ambos activistas portasen armas al ser arrestados en un aparthotel de Mâcon, cerca de Lyon, denota cuando menos la persistencia en la extremadamente débil ETA de un afán patológico por aferrarse al pasado. Se trata en cualquier caso de algo que el Estado de Derecho no puede pasar por alto ni la opinión pública minimizar en cuanto a su importancia. La banda terrorista se resiste a dar voluntariamente el paso del cese definitivo a su disolución final. Pero la paulatina puesta a disposición judicial de miembros significados está obligando a los restos de ETA a realizar un patético esfuerzo por aparentar que continúan incólumes su poder de coacción sobre la sociedad y las instituciones y su ascendiente respecto a la izquierda abertzale. En un pasado todavía reciente la banda terrorista y sus adláteres se guarecían tras el supuesto de su imbatibilidad policial para reclamar una salida negociada al Estado. Una vez constatada la derrota irreversible de la trama violenta, la negativa de su último e insignificante reducto a disolverse puede verse desbaratada también porque al final no quede casi nadie en activo para clausurar la historia de ETA. En otras palabras, no sería exagerado concluir que con las detenciones de ayer la banda se ve abocada a disolverse inmediatamente o, en caso contrario, a ser disuelta en breve plazo liquidando una existencia que ya parece más virtual que real. Portavoces de la izquierda abertzale criticaron ayer los arrestos de Francia calificándolos de «políticos» y exigiendo «la desactivación de medidas de excepción». Hay sectores en Euskadi empeñados en mantener artificialmente viva a ETA porque su final restaría argumentos a la consecución de una paz favorable a las tesis de la equidistancia cuando no a las de la legitimación sobrevenida del pasado violento. Pero ese no es en ningún caso el interés de la democracia y de los ciudadanos. Mientras ETA no decrete su propio final, el Estado de Derecho no puede cejar en el esfuerzo por acabar cuanto antes con la banda.