JAVIER TAJADURA TEJADA -El Correo
Hoy se cumplen seis meses de la intervención de la comunidad autónoma de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Aunque el Gobierno central pretendió limitar al plazo más breve posible la intervención, esta se ha prolongado mucho más de lo que aquel hubiera deseado. Ahora bien, a pesar de esta prolongada duración, las actuaciones realizadas al amparo del artículo 155 han sido las imprescindibles para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos.
El Gobierno de Rajoy se ha limitado en estos meses a relevar a 250 cargos de confianza comprometidos con el proceso separatista y a suprimir algunas estructuras, como pueden ser las ‘embajadas’ catalanas cuya única función era denigrar a España y hacer propaganda a favor de la secesión. Pero, al margen de ello, no se han tomado decisiones políticas significativas y, lo que resulta más asombroso, no se ha actuado contra la auténtica «fábrica de separatistas» que, entre otros éxitos, logró que dos millones de personas votaran el pasado diciembre 21 de diciembre a favor de partidos que jugaron un papel fundamental en la rebelión del año pasado.
Uno de los tópicos en que más se insiste –desde posiciones claramente independentistas o, sobre todo, desde quienes practican una inaceptable equidistancia entre los golpistas y el Estado– es el de que el Gobierno de Rajoy ha funcionado como una fábrica de independentistas. Esto es: se sostiene que la supuesta política recentralizadora del Gobierno y la adopción de medidas represivas, como las querellas criminales presentadas por el Ministerio Fiscal contra los principales dirigentes independentistas o la misma aplicación del artículo 155, han contribuido a incrementar el número de partidarios de la secesión.
Nada más lejos de la realidad. El número de partidarios de la secesión aumentó peligrosamente en los últimos años como consecuencia de la pasividad y la absoluta falta de reacción del Estado. La única fábrica de separatistas que ha existido y continua funcionando a pleno rendimiento es la constituida por los medios de comunicación públicos (y privados) y por el sistema educativo catalán. La presión mediática, la educación sectaria y la intimidación social –y no las legítimas medidas represivas adoptadas por el Estado– son las que explican el auge del separatismo. Ahora bien, en la medida en que el responsable directo de la situación actual es ahora el Gobierno central, que sigue sin hacer nada para poner fin a esa situación, sí que podemos decir que funciona como una fábrica de independentistas. Pero no por acción, sino por omisión.
El Departamento de Educación de la Generalitat continúa en situación de rebeldía y desobediencia manifiesta a las resoluciones del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha exigido en numerosas sentencias que los centros educativos impartan al menos un 25% de las clases en castellano. Obligación que sigue sin cumplirse.
Pero quien desobedece a la Justicia y se niega a garantizar el derecho fundamental a ser escolarizado en la lengua común no es ya ningún consejero catalán. El responsable directo es hoy el ministro de Educación del Gobierno de España. Por otro lado, tampoco hay voluntad de poner fin al adoctrinamiento nacionalista en las aulas. La Fiscalía ha actuado en algunos casos extremos presentado querellas contra docentes que califican a los guardias civiles de «bestias» y «perros rabiosos».
La televisión pública catalana, por su parte, con su cobertura de apoyo al que llaman «presidente en el exilio» y con su respaldo al proceso secesionista, funciona como un formidable aparato de propaganda al servicio del independentismo. Su principal tarea ha sido y es insuflar el desprecio, cuando no el odio, a todo lo que suene a España. A pesar de ello, el Gobierno sigue negándose a extender la aplicación del artículo 155 a TV3.
Finalmente, la violencia verbal y el hostigamiento contra jueces y políticos aumenta. El pasado marte fue la casa del secretario de Organización del PSC la que apareció con pintadas amenazantes. En otros casos, dirigentes de Ciudadanos o jueces han sido objeto de este tipo de comportamientos totalitarios. Mientras tanto, en las fachadas de los edificios de las consejerías de la Generalitat cuelgan lazos amarillos reivindicando la libertad de los «presos políticos».
Esta es la situación que vive Cataluña seis meses después de su intervención. Desde la óptica del pleno restablecimiento del orden constitucional y democrático, la intervención ha resultado un fracaso. Como deja entrever el juez Pablo Llarena en el auto de procesamiento de los principales líderes separatistas, la aplicación del 155 ha supuesto un mero paréntesis en la rebelión. Resulta por ello descorazonador que la principal preocupación del Gobierno sea hoy –por razones tan cortoplacistas como suicidas– poner fin al 155 para que el PNV pueda votar los Presupuestos del Estado del presente año.
El martes, la Mesa del Parlament aceptó la delegación del voto del prófugo Antoni Comín. Delegación que es contraria a la Constitución y al reglamento parlamentario. ¿Permitirá el Gobierno que la mayoría independentista invista, de forma inconstitucional, a un ‘president’ para poner fin a la aplicación del 155? De momento no va a recurrir la medida que lo posibilita. Sí lo van a hacer Ciudadanos, que ha criticado esa inacción del Ejecutivo, y también el PP catalán.
JAVIER TAJADURA TEJADA Profesor de Derecho Constitucional de la UPV/EHU