En ocasiones como ésta se invoca la razón de Estado, cosa normal si hemos aprendido a identificar correctamente el Estado con el partido. En cualquier caso, a la razón de Estado, esa invocación de altura para magrear la ley por debajo de la mesa, le pasa lo mismo que a las trampas en las cartas. ¿Se pueden hacer? No, pero si las haces y te pillan debes asumir que la partida se ha acabado para ti.
Parecía que el caso Faisán, después de dormir casi cuatro años el sueño de los justos en los confortables cajones del juez Garzón, estaba sentenciado por la Fiscalía al pedir al juez instructor el archivo de la causa, dado que la instrucción no había conseguido esclarecer los hechos.
La Fiscalía, ante la evidencia de que chivatazo sí hubo, pudo haberse preguntado si la falta de resultados podía deberse a que la instrucción no había sido la adecuada, si, por decirlo con un lenguaje acorde con los usos sociales, Baltasar Garzón quizá no había desarrollado una instrucción sostenible.
El transcurso de más de tres años sin novedades dio pie a sospechas y maledicencias, habida cuenta del brío que este juez ponía en la instrucción de sus casos y su remango para macerar en prisión preventiva a sus imputeados. Notables delincuentes, por citar tres nombres, como Amedo, Domínguez y Francisco Correa (este último en grado de presunción) aún guardarán memoria de ello. Que un procedimiento tenga más marcha en una etapa que otra es normal. Un sumario es como un río: en un tramo, torrentera, y en otro, plácido discurrir por una cuenca llana o corriente sumergida como el Guadiana.
Recordarán los lectores que el sumario de los GAL permaneció letárgico desde que Garzón fue captado para acompañar a Felipe González en las elecciones de 1993 hasta el 9 de mayo de 1994, fecha en la que renunció a su acta de diputado. Nueve días más tarde volvió a su despacho en el Juzgado número 5 de la Audiencia y abrió un cajón. El resto ya es historia.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha puesto el despertador al caso, en contra del criterio de la Fiscalía, y Garzón se ha puesto a actuar. El auto de la Audiencia califica el caso como de una «gravedad sin precedentes» y esto parece algo exagerado. Precedentes los hay, y más graves. Los GAL, sin ir más lejos. Puede entenderse que para un policía de los que se juegan la vida en la lucha contra ETA, el compadreo con los terroristas sea más alarmante que el hecho de asesinarlos, pero éste no es un criterio que deba sustentar un juez.
Total que la AN ha aceptado sólo tres diligencias de las 25 que habían pedido las acusaciones, pero la noticia no es cuantitativa, sino que el caso Faisán sigue adelante. ¿Es posible que haya estado a punto de archivarse el sumario sin llamar a declarar al policía que redactó el informe? ¿Que no se haya instruido un solo expediente en Interior? Eso parece. Por otra parte, Garzón va a preguntar a las autoridades francesas si el motivo de que suspendieran la operación contra el aparato de extorsión de ETA fue una filtración policial, pregunta que, naturalmente, sólo puede tener una respuesta: no.
En ocasiones como ésta se invoca la razón de Estado, cosa normal si hemos aprendido a identificar correctamente el Estado con el partido. En cualquier caso, a la razón de Estado, esa invocación de altura para magrear la ley por debajo de la mesa, le pasa lo mismo que a las trampas en las cartas. ¿Se pueden hacer? No, pero si las haces y te pillan debes asumir que la partida se ha acabado para ti.
Santiago González, EL MUNDO, 17/2/2010