Hace justo un año, el diario británico The Guardian apuntaba a Marruecos como posible autor del espionaje a más de doscientos móviles españoles, entre ellos los de Pedro Sánchez y tres de sus ministros. Se comprobó que fueron espiados mediante un software Pegasus. Por otro lado, leo que, a instancias del Tribunal Supremo de Estados Unidos, un comité técnico independiente examinó en la India 29 teléfonos que, según Citizen Lab, habían sido atacados con ese mismo programa espía. Como resultado de ese estudio, el año pasado se estableció que sólo 5 de ellos tenían instalados programas maliciosos y se determinó que no era seguro que correspondieran a Pegasus.

¿Qué es Citizen Lab? Es un laboratorio interdisciplinario -así se presenta- que tiene su sede en la universidad canadiense de Toronto. Sus ingresos han tenido un aumento de más del 100% en los últimos tres años. Su fundador ha alardeado públicamente de que sus métodos eran muy precisos y que no podían tener falsos positivos; ¿es apropiado pretender infalibilidad, está justificada? Parece que no.

En abril del año pasado, dicho laboratorio publicó un informe sobre el uso de Pegasus para infectar los teléfonos de más de sesenta políticos, abogados y miembros de organizaciones separatistas catalanas. Desde este entorno se lo presentó como la evidencia del “mayor caso de ciberespionaje jamás certificado” y del “mayor caso de espionaje en Europa en los últimos 50 años”. ¿Por qué será que los catalanes de a pie estamos acostumbrados a este modo de presentarse de nuestros señores de la tierra: siempre víctimas y superestrellas incomparables a la vez? Siempre de la mano, victimismo y narcisismo.

Sin duda alguna, los Gobiernos y las empresas de programas espía deben rendir cuentas de lo que hacen y se ha de comprobar que se ajustan a la ley. No he leído el informe en cuestión, que se ha dado en llamar ‘Catalangate’, pero es bien sabido que daba como única hipótesis el espionaje ilegal, sin entrar en que pudiera haber habido una orden judicial que lo justificara. Las pruebas del trabajo de campo en Cataluña fueron coordinadas por un activista del separatismo, que mintió sobre su currículum y que no tiene una formación reconocida en la criminalística digital; alguien, por consiguiente, con un claro sesgo ideológico, lo que da lugar a conflictos de intereses. Arte y parte.

Esa investigación fue presentada como un modo de deslegitimar las instituciones españolas, no aceptaron la revisión de analistas externos e independientes ni tampoco indicaron la lógica del muestreo que habían seguido. Han sido opacos y reacios a dar cualquier referencia acerca de la cadena de custodia, tampoco a informar de las precauciones adoptadas; las posibles irregularidades involuntarias o intencionadas quedaron, por tanto, fuera de los focos.

José Javier Olivas, investigador principal de la UNED en un proyecto comparativo sobre populismo y secesionismo, ha escrito El caso Pegasus https://docdro.id/v5l3Md5, una revisión crítica minuciosa de aquel informe. Responde a un encargo del eurodiputado de Cs Jordi Cañas, quien le pidió que fundamentara una opinión veraz y confrontase hechos probados con suposiciones.

Cabe destacar que una denuncia del que hasta hace dos años presidió el Parlament de Cataluña Torrent y del edil del Ayuntamiento de Barcelona Maragall fue archivada hace justo un año, por negarse ambos políticos a prestar sus dispositivos infectados para un examen forense. “Hay 27 presuntas víctimas de ataques –afirma Olivas- sobre las que Citizen Lab no pudo determinar ninguna fecha (o intervalo de tiempo) de infección (o decidió no informar al respecto). No parece lógico que ninguno de estos casos ‘más difíciles’ se haya sometido a prueba de falsos positivos”. Los teléfonos de al menos siete de las supuestas víctimas han sido solicitados ante los tribunales, y también éstas se negaron a cederlos para la prueba pericial. Una actitud que descalifica la sinceridad de sus quejas, y las deja en un contenedor de propaganda. Arguyen que los peritos judiciales no son de fiar…

No puede obviarse que entre esos posibles sujetos espiados (con o sin orden judicial, tampoco lo sabemos) están los organizadores de Tsunami Democràtic, el cual causó pérdidas de millones de euros con saqueos orquestados y ataques a las infraestructuras de transporte. Sus acciones incluyeron el lanzamiento de un artefacto pirotécnico contra un helicóptero de los Mossos d’Esquadra para derribarlo.