Una buena medida de lo que ha cambiado para peor la política en España la ofrece la comparación entre el complejo tejido de pactos políticos y cívicos que dieron lugar al sistema constitucional frente a la simpleza demagógica del populismo que pretende deshacerlo.

Lo que llamamos el pacto de la Transición fue, en realidad, un conjunto de acuerdos en muchos ámbitos y en distintos niveles que permitieron construir un equilibrio institucional que resultara aceptable para la inmensa mayoría de los españoles y su representación política. El republicanismo populista -nacionalista o no- y esa izquierda milenial, desenganchada del compromiso constitucional de sus mayores, o bien entierran el extraordinario crédito que merece la obra política de la Transición o simplemente la descalifican como una rendición del PSOE y del Partido Comunista al tardofranquismo para que este pudiera reinventarse en un entorno aparentemente democrático. A esta interpretación se refería Pablo Iglesias en una herriko taberna de Pamplona cuando elogiaba a ETA y a la izquierda abertzale por ser los primeros en descalificar así la Constitución.

Esa interesada manipulación de la izquierda populista habla de nuevo de la supuesta necesidad de una decisión de sí o no a la monarquía. La formulación es tan sencilla como engañosa: sustituyamos a un señor de apellido Borbón, con cargo vitalicio, por otro que se llame Rodríguez o Echevarría al que podamos elegir de alguna manera.

Y sí, es verdad que la Constitución puede revisarse sin los límites que otros sistemas imponen para vedar cualquier posibilidad de revisar la forma republicana de gobierno en el caso de Francia o la naturaleza federal del Estado en el caso de Alemania. Pero aquí, incluso si existiera una mayoría inverosímil a favor de una revisión constitucional, lo que tendríamos que abordar sería un periodo constituyente en toda regla. La monarquía parlamentaria no es el nicho institucional en el que se aloja la familia Borbón; es «la forma política del Estado español», según establece el artículo 1.3 de la Constitución y, por tanto, tiene un impacto sistémico en el diseño constitucional. Un eventual salto republicano no sería, pues, una Constitución sin Rey sino una nueva Constitución sobre bases políticas, institucionales e históricas completamente distintas y con experiencias acumuladas de lealtad y deslealtad que ocuparían previsiblemente una buena parte de ese posible debate constituyente.

Para empezar, ¿esa república sería federal, o podría mantenerse como autonómica? ¿Cuál sería el efecto en ese nuevo debate constituyente de la ruptura promovida por el independentismo catalán, o las pretensiones confederales del nacionalismo vasco? ¿Tal vez iríamos a esa república plurinacional de Podemos con derecho de autodeterminación para todos y todas y la Unión Europea asistiendo callada al espectáculo?

Y, sustituido el Rey por un presidente de la república, habría que definir qué tipo de régimen presidencial queremos. Porque si el problema es el supuesto déficit democrático de la jefatura del Estado, entonces habría que ir a un régimen presidencial pleno, con un presidente elegido por sufragio universal, con toda su legitimidad plebiscitaria, titular del poder ejecutivo, independiente del Parlamento al que no rinde cuentas, jefe efectivo de las Fuerzas Armadas, depositario potencial de poderes excepcionales, dotado de veto legislativo y poder de disolución de las Cortes, responsable y figura única de la política exterior del Estado, en fin, ya puestos a ser republicanos, lo que es un presidente con todas la ley. Sería muy poco presentable meternos en un proceso constituyente para que al final tuviéramos un presidente de la república sin ningún poder, elegido por el Parlamento por la misma mayoría con la que se elige a un vocal del Consejo del Poder Judicial o un consejero de la Comisión Nacional de los Mercados.

Como se ve, este de la república puede ser un debate muy entretenido para todos, pero peligroso y estéril. La izquierda revisionista, el nacionalismo siempre a la que salta y los socialistas enardecidos de republicanismo deberían recordar que si una parte de la representación política de los españoles se cree con derecho a desentenderse de los consensos constitucionales básicos, difícilmente podrán exigir a los demás que se mantengan vinculados por ellos. Por eso se dice, con razón, que la monarquía es la clave de bóveda del edificio constitucional. Deberían tomarse en serio la metáfora.