Santiago González, EL MUNDO 17/12/12
Piensan los socialistas que la reforma de la Constitución es bálsamo de Fierabrás y proponen abrir el debate con una propuesta para meterle mano en tres asuntos fundamentales: cambiar el modelo territorial hacia el federalismo, constitucionalizar derechos y mejora de la calidad democrática. Para esto último no hace falta tocar la Constitución; bastaría acordar un cambio de la Ley Electoral, que los partidos dejaran de tomarse la corrupción (ajena) como un trampolín para coger impulso y no como un mal estructural; que cumplan el pacto antitransfuguismo firmado por todos los partidos en 1998 e incumplido sistemáticamente por todos desde entonces. Ya verán cómo empieza a mejorar la calidad medioambiental de la democracia.
Centrémonos en el federalismo. Rubalcaba debería reflexionar un poco sobre cómo hemos llegado a esto y en la idoneidad de sus propuestas para recomponer este carajal. Es más, debería repasar conceptos y aclarar qué entiende él por federalismo, después de haber asombrado al mundo con aquella afirmación de que el sistema federal de EEUU es asimétrico, porque unos estados aplican la pena de muerte y otros no. Lo federal e igualitario es que todos tienen la competencia de incluirla en sus códigos penales.
Rubalcaba debería saber que lo que separa nuestro sistema autonómico de uno federal es la Disposición Adicional Primera de la Constitución, precisamente lo único que mantiene la intermitente relación del nacionalismo vasco con el sistema, lo que el catalán quisiera para sí. ¿A quién se le puede ocurrir que el federalismo pueda ser una solución para contentar a quien aspira sobre todo al hecho diferencial?
Uno de los grandes errores del zapaterismo, que tuvo en Rbcb un esforzado mandarín, fue el retoque del mapa autonómico, el cambio del mapa territorial que tuvo como pieza clave la reforma del Estatuto de Cataluña. El PSOE debería meditar sobre los resultados de aquello.
La Constitución se había aprobado en Cataluña con una mayoría más cualificada que la media española; superó el 90% de votos afirmativos. El Estatuto de Sau alcanzó en el referéndum 16,1 puntos más de los que obtuvo en 2006 el capricho de Maragall y Zapatero (52,6% de síes sobre el total del censo frente a 36,5%). Pujol, ahora independentista, gobernó 23 años con aquel Estatuto sin cuestionarlo jamás.
Dos veces estuvo a punto de naufragar y dos veces acudió Zp en su rescate: el 18 de septiembre de 2005 pactó una mejora de la financiación y el 21 de enero de 2006 cedió a la Generalitat el 50% del IRPF y del IVA y la promesa de invertir en Cataluña el equivalente a la participación de su PIB en el nacional, unos 4.000 millones durante siete años.
La Vanguardia publicó en 2005 una encuesta en la que se preguntaba al personal algo que siete años después introdujo el ministro Wert en un proyecto de Ley de Educación: «¿Está de acuerdo en que el Estatut dé igual consideración al catalán y al castellano?». El 79,7% opinaba que sí; el 15,4%, que no, y el 4,9% restante, no sabía/no contestaba. (LV, 30-10-2005, pág. 17). El PSC y el propio Rubalcaba responderían ahora que no. ¿Por qué vamos a cebarnos con el pobre Xavi Hernández?.
Santiago González, EL MUNDO 17/12/12