Fernández Díaz dice que negar el tercer grado a Uribetxebarria sería prevaricar

EL CORREO, 24/8/12

La Audiencia Nacional prohíbe la marcha de homenaje al preso etarra enfermo de cáncer convocada por Herrira en Bilbao

El Gobierno no está dispuesto a aceptar crítica alguna por facilitar la excarcelación del preso etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga y mucho menos permitirá que nadie, incluida la izquierda abertzale, lo presente como una victoria del entorno de ETA y sus presos sobre la política antiterrorista y penitenciaria del Ejecutivo.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que para él ha sido «lamentable» y «muy doloroso» contribuir a liberar a uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, un terrorista «sanguinario» que ha cometido «crímenes horribles» por los que ni siquiera está dispuesto a pedir perdón. Pero aseguró que no tenía otro remedio porque hacer lo contrario hubiese sido «prevaricar», cometer el delito que castiga a quienes vulneran la ley a sabiendas de ello.

Fernández Díaz recordó que fue la Audiencia Nacional, a través del juez Santiago Pedraz, quien el pasado día 16 se dirigió a Instituciones Penitenciarias para reclamar que estudiase si a Uribetxebarria le podía ser aplicado el artículo 104.4 del reglamento de prisiones, el que permite el paso del reo a tercer grado con objeto de la concesión posterior de la libertad condicional a los que sufren enfermedades incurables en situación terminal.

El ministro dijo asimismo que, tras recibir el informe del hospital donostiarra en el que está ingresado el terrorista -que indicaba que su cáncer con metástasis en el cerebro le da una esperanza de vida inferior a un año-, se encontró ante un caso de libro que encajaba como un guante en el tipo legal.

El titular de Interior sólo dijo entender las críticas de las víctimas, por ser tales, pero recordó que, aunque es «legítimo» discrepar de la ley, el Gobierno no tiene otra opción que cumplirla, guste o no. Fernández Díaz se centró en defender que éste es un caso único y no un cambio en la política penitenciaria hacia los presos de ETA. También desveló que los responsables de la AVT, la principal asociación de víctimas, que ha planificado una serie de actos de protesta, estaban informados por él sobre la decisión que iba a tomar su departamento desde dos días antes de hacerlo.

Por otro lado, el ministro señaló que diga lo que diga el colectivo de presos de la banda, que en un comunicado en el diario Gara interpreta la liberación de Uribetxebarria como el principio del fin de la política de dureza del Ejecutivo, no habrá un solo cambio. Señaló que no habrá acercamientos, salvo para quien esté dispuesto a desvincularse de ETA y a entrar en el plan de reinserción.

El ministro recordó asimismo que numerosos reclusos de de la banda -35 el miércoles y otros 67 ayer- habían abandonado ya la huelga de hambre que mantenían en apoyo a Josu Uribetxebarria, quien, según Etxerat, ayer mismo inició un tratamiento de radioterapia.

Manifestación

En otro orden de cosas, el colectivo de apoyo a los presos sufrió ayer un nuevo revés cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió dar continuidad al auto emitido la semana pasada por su compañero Santiago Pedraz y prohibir la marcha convocada en Bilbao para hoy en apoyo a Josu Uribetxebarria. Moreno, al igual que su colega, considera que la concentración convocada por la asociación Herrira puede constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo, castigado con penas de uno a dos años de prisión.

Moreno atendió así a la demanda de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y de Dignidad y Justicia, que exigieron a la Audiencia Nacional la prohibición de la manifestación al calificarla como una humillación a la memoria de las víctimas y un acto de ensalzamiento de los presos de ETA.

Herrira rechazó la resolución del juez Moreno porque, a su juicio, ni es justa ni se ajusta a la realidad, aunque anunció que acatará la decisión y no celebrará la manifestación. Queda por ver ahora si la izquierda abertzale también asume la prohibición o intenta de nuevo burlar la decisión judicial.

EL CORREO, 24/8/12