Cercado por causas judiciales y sin Presupuestos, Sánchez se presentó ayer como el valedor de la «justicia social» frente a la «ola ultraderechista» que bate Europa, en su primer mitin de campaña. Pero la reflexión en este momento de agitación y debilidad institucional -con Ceuta lejos de cualquier normalidad-, no debería centrarse en si el escenario favorece su remontada o la reválida de Alberto Núñez Feijóo. El interés general ante los graves problemas que afectan a España, con la vivienda a su cabeza, tiene que estar por encima de cualquier pugna partidista y del declarado oportunismo de Pedro Sánchez a golpe de ‘decretazo’.

La maniobra del presidente y candidato para introducir por la puerta de atrás los dos decretos tumbados en el Congreso, a través de su aprobación en la Diputación Permanente -donde el partido de Puigdemont no es decisivo-, deslegitima la autoridad y el respeto debido al Parlamento. Del mismo modo que el PSOE degrada las instituciones con su atajo ventajista, resulta inaceptable que la derecha avive el fantasma del pucherazo, después de que Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal pongan en duda el voto por correo.

La Cámara, con los votos de PP, Vox y Junts, había enterrado las dos propuestas sobre inquilinos y propietarios. Sin asumir que la mayoría del hemiciclo es de derechas, inicia una huida hacia adelante que pone en un brete al PNV, que avaló con un insólito «apoyo crítico» uno de los decretos. Está por ver si en plena precampaña se presta a ser la muleta de Sánchez en este nuevo requiebro, legal pero éticamente muy cuestionable. De la respuesta del Euzkadi buru batzar depende en gran medida la estabilidad del pacto de gobernabilidad que mantiene con el PSE en las principales instituciones de Euskadi. El adelanto electoral añade fricción a las ya agitadas relaciones entre jeltzales y socialistas vascos: la negociación de las competencias pendientes entra en suspenso a la espera de quien abra La Moncloa, a seis meses de las elecciones municipales y forales vascas.

La posibilidad de un Gobierno liderado por el PP con el respaldo de Vox ha sido el carburante de Bildu y PNV para sostener a Sánchez en la legislatura, pese a los escándalos -al menos ocho grandes causas judiciales en marcha, la mayoría vinculadas a la corrupción-. Los populares ya han superado la crisis reputacional al interiorizar sin aparentes fisuras el pacto con la extrema derecha para poder acceder al Ejecutivo, tras la experiencia en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Feijóo tiene 54 días para sopesar qué peso concede a Vox en un futuro Gabinete, mientras Sánchez todavía no sabe a quién tiene a su izquierda.