Se habló de «choque de trenes» si no se podía llevar a cabo el plan del lehendakari. Pero existen demasiados intereses -los presupuestos, entre otros- como para que la relación entre el Gobierno español y la administración vasca se rompa. Ahora, Ibarretxe podría trabajar por la ausencia de violencia de ETA, condición expuesta al inicio del plan y que ha olvidado.
Se acabaron las cábalas en torno a la consulta que pretendía convocar el lehendakari el próximo día 25 de octubre. El Tribunal Constitucional se lo impide y lo que ya queda descartado es una escenificación de un día de votación como si nada hubiera pasado. No habrá urnas caseras, ni colegios electorales en las sedes de los tres partidos del Gobierno Vasco y Aralar, ni siquiera papeletas. El día 25 no ocurrirá nada de eso porque Ibarretxe ha entendido que lo mejor que puede hacer, desde la disconformidad, es acatar lo que dicta la Justicia.
A los socios del Gobierno de Ajuria Enea les costó atenerse a las razones que empezó a exponer el PNV de Urkullu. Y desde que EA empezó defendiendo la resistencia por encima de los tribunales hasta que llegó a persuadirse de la conveniencia de acatar las sentencias, incluso las que no les gustan, ha caído un temporal de tensiones que se han resuelto, sobre todo, porque se han dado cuenta de que «no hay suficiente masa crítica» en la ciudadanía vasca para seguirles.
La sentencia del TC ha puesto el punto en la esencia del debate de confrontación que pretendía llevar a cabo Ibarretxe. El fallo sostiene que el pueblo vasco no tiene la soberanía, que es exclusiva de la nación española. Por lo tanto, la pretensión de revisar el orden constitucional que afecta al conjunto de los ciudadanos españoles no se puede realizar de forma unilateral, como se pretendía con esta Ley de Consulta. Así está la cuestión. Los magistrados se lo recuerdan al lehendakari porque, lo cierto, es que a veces se le olvida. Y lo demuestra cada vez que reclama una relación entre España y Euskadi «de igual a igual» o cuando quiere denunciar, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, a un Estado español del que Euskadi, guste o no, forma parte.
Los once jueces del TC estarán, seguramente, contaminados a ojos de los gobernantes de Ajuria Enea pero saben que tienen que acatar las sentencias y respetar las normas. Y eso quiere decir, entre otras cosas, aceptar que tanto derecho tiene Ibarretxe a recurrir a las instancias que crea conveniente, como derecho tiene también el Gobierno a presentar recurso ante el TC.
Equiparar el revés jurídico de la consulta con una presunta violación de los derechos humanos es una manipulación de la realidad que insulta directamente a las víctimas del terrorismo. Pero éste es el mensaje que oiremos de aquí a la próxima cita electoral. El martes comenzará la campaña de denuncias ante el tribunal europeo; después vendrá el acto de protesta del día 23. Y así hasta que volvamos a las urnas a elegir nuevos gobernantes.
Se habló de un «choque de trenes» si no se podía llevar a cabo el plan del lehendakari. Pero existen demasiados intereses, los presupuestos entre otras cosas, para que la relación entre el Gobierno español y la administración vasca se tense hasta la ruptura. Todo dependerá de la capacidad del PNV para encauzar la indignación que ha ido creando. Ya que no sale adelante la consulta, el lehendakari bien podría dedicarse a trabajar por la ausencia de violencia de ETA, condición expuesta al inicio del plan y que se ha ido quedando en el camino.
Tonia Etxarri, EL DIARIO VASCO, 13/9/2008