José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 14/6/12
La Bolsa española era ya en abril la que acumulaba más pérdidas en el mundo. La caída de capitalización de las compañías de Ibex les convertía en fáciles presas de especuladores o del afán expansionista de otras extranjeras que se desenvuelven en contextos menos críticos. En las dos legislaturas de Zapatero su entorno -con el ministro de Industria y antes jefe de su oficina económica, Miguel Sebastián- quiso que el nuevo socialismo dispusiese de un entramado empresarial de estricta observancia. Y optó por engordar a determinadas constructoras que tomaron posiciones en compañías, especialmente eléctricas y energéticas, para crear una urdimbre de influencias más allá de la política.
Repsol e Iberdrola con Sacyr y ACS, respectivamente introducidas en sus accionariados mediante operaciones a crédito, fueron el oscuro objeto del deseo. En el caso de la petrolera, el Sacyr Del Rivero casi lo consiguió con un extraño entendimiento con Pemex, en tanto que la ACS de Florentino Pérez requirió una ayuda adicional. El Gobierno suprimió la limitación al ejercicio de los derechos políticos -usualmente del 10%- desprotegiendo a los minoritarios y posibilitando el hostigamiento a los gestores profesionales de esa y otras compañías. De inmediato se observó que esa aparente liberalización iba en detrimento de las grandes corporaciones españolas y no sólo de las que habían incorporado accionistas especulativos. Y que posibilitaba operaciones hostiles con ayuda de capital extranjero. Ese fue el caso que se urdió contra Repsol mediante la conjunción Sacyr-Pemex. A mayor abundamiento, otras constructoras se beneficiaron de la política de primas a las energías renovables cuyo desembolso engrosaba mes a mes el déficit de tarifa. De ambas maneras, el Gobierno de Zapatero lograba una clase empresarial próxima a sus tesis -aunque sólo fuera por agradecimiento- pero a costa de debilitar a los gestores profesionales y a los accionistas minoritarios y desembolsando subvenciones para tecnologías inmaduras de generación energética.
El Gobierno del PP revirtió la situación: las empresas cotizadas podrán limitar en sus estatutos el ejercicio de los derechos políticos; dificulta que sean opadas y, a través de la todavía parcial reforma energética, se limita la política de subvenciones a las renovables menos eficientes con la consiguiente reducción del déficit de tarifa eléctrica que Industria tratará de disminuir con inminentes medidas. Significa que nuestras sufrientes empresas están ahora más defendidas de acosos internos y externos ante la fuerte depreciación de su valor bursátil y que se termina con el zapaterismo empresarial que tan frívolamente se quiso articular en las dos anteriores legislaturas. Se ha pasado página a uno de los episodios más opacos del anterior mandato, pero no sin daños: las empresas que compraron a crédito para asaltar a otras caen víctimas de refinanciaciones imposibles y están incursas en un carrusel alocado de rotación de activos para pagar deudas. Una aventura temeraria que ha acabado mal y de clara inspiración política.
No es tomate…
La lectura de la prensa internacional a propósito de la reacción del Gobierno al rescate parcial del sistema bancario español resulta penosa: la ironía anglosajona, de un lado, y la contundencia germánica, de otro, introducen a España de nuevo en sus peores estereotipos: «orgullo», «arrogancia», «negación de la realidad», «altanería» son, entre otras, descripciones que dibujan a un Rajoy que se jactó de doblar el pulso al Eurogrupo y que vendió como un éxito lo que -siendo medida necesaria y seguramente no suficiente- conlleva graves condicionantes. Eso que el presidente denomino eufemísticamente «línea de crédito» («tomate»), la UE lo define «rescate» sin paliativos.
… pero sí ketchup
Seguramente, sería más propio referirse a una «asistencia financiera al Estado destinada a sanear el sistema financiero y con condiciones sectoriales» que es como un financiero independiente ha definido la todavía inconclusa operación. Que, puesto en la disyuntiva de si es el «tomate» del que habla Moncloa o es «rescate» del que hablan los países de la UE, contesta: «ni lo uno, ni lo otro. Es más bien salsa de ketchup, que tiene tomate pero, además, otros muchos ingredientes que, de conocerse en su totalidad, no la harían demasiado apetecible. Y a los hechos me remito». Dicho queda.
José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 14/6/12