EL MUNDO – 13/11/15
· El ‘conseller’ Mas-Colell afirma que no realizará el ajuste adicional de 1.318 millones que le pide el Estado.
La agencia de calificación Fitch emitió ayer un informe en el que degrada a bono basura el rating de Cataluña una vez que, señala este documento, el Parlament ha iniciado el proceso de «desconexión» de España. De esta manera sigue los pasos de Standard & Poor’s (S&P), que ya el pasado mes de octubre hundió la calificación de la deuda catalana.
Entre los motivos esgrimidos por Fitch para tomar esta decisión destacan la «fragilidad» en términos de liquidez de Cataluña, así como las dudas sobre si el Gobierno central seguirá apoyando a la comunidad autónoma con instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) después de las tensiones que, afirma, se producirán entre ambos. Asimismo, y ya fuera del aspecto puramente económico, los analistas de la agencia hablan incluso de posibles disturbios sociales. Además, Fitch señala la insubordinación de Cataluña ante las decisiones adoptadas por parte del Tribunal Constitucional y considera probable que haga lo propio ante próximas suspensiones o medidas de cualquier tipo.
En este contexto, la agencia ha decidido rebajar dos escalones la calificación BBB- que otorgaba a Cataluña y que le permitía mantenerse un peldaño por encima del bono basura. Ahora, en cambio, le otorga una nota de BB, deja de considerar la deuda catalana como grado de inversión y la rebaja a nivel especulativo. Además, la penaliza con una perspectiva negativa que podría desembocar en nuevas rebajas.
La agencia también hace un examen de las cuentas catalanas en el que, entre otras cosas, advierte de la necesidad de financiación que tendrá en los próximos años para poder cubrir el déficit presupuestario. En este mismo punto, Fitch hace una de las pocas consideraciones positivas sobre la comunidad al apuntar que su crecimiento económico es superior al del resto del país.
Ajuste inasumible es inasumible el ajuste de 1.318 millones
Por otra parte, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, hizo llegar también ayer una carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en la que asegura que es inasumible el ajuste de 1.318 millones que solicita el Gobierno porque pondría en riesgo muchos de los servicios públicos y el pago de las nóminas.
Según la misiva, la cifra del ajuste representa el 40% de todo el gasto pendiente de la Generalitat hasta finales de año. «Es evidente que no estamos en condiciones de reducir gastos que afectan a los servicios públicos esenciales en dos meses para compensar una anotación de significación estrictamente contable», reprocha el titular de Economía. Finalmente, Mas-Colell afirma que «los ciudadanos no pueden ser las víctimas de interpretaciones y desacuerdos puramente contables».
Desde el Govern se argumenta que en el Plan de Ajuste de julio de 2013, que el Departamento de Economía hizo llegar a los ministerios de Economía y de Hacienda, se detallaba esta información sobre los pasivos contingentes que incluían los 1.318 millones por inversiones en infraestructuras. «Es sorprendente que estos gastos se quieran imputar al 2015 y no cuando fueron efectuados, en el 2013», asegura Mas-Colell en la citada carta.
El conseller reitera que la Administración del Estado estaba al tanto, como mínimo desde el año 2007, de los gastos en infraestructuras financiadas con métodos de colaboración público-privadas. Unos gastos que en infraestructuras ejecutadas antes de 2011 ya se incluyeron en la memoria de la Cuenta General de 2007, y son consultables en la web del Departamento desde el año 2009. Este informe se envía anualmente a la Intervención General del Estado. Además, advierte también de que la Generalitat no tiene ningún contacto con Eurostat: «Si estos datos no se transmitieron en su momento no es responsabilidad nuestra, añade.
EL MUNDO – 13/11/15