No es un caso único. Un tocayo suyo, el presunto Joaquim Forn, también tiene su ración de pegamento en idéntica parte. El ex consejero de Interior solicitó hace justamente un año al magistrado del Supremo que instruye la causa del golpismo catalán que reconsiderase su prisión incondicional. La causa era que la renuncia a su acta de diputado y su firme decisión de no ostentar cargos en el futuro Gobierno, con la «irrevocable decisión de apartarse de la política autonómica», hacían desaparecer el riesgo fundamental que conllevaría la libertad provisional, que no era otra que el riesgo de fuga. Dos semanas antes había declarado ante Llarena que renunciaría a su escaño en el Parlamento autonómico si advirtiera un escenario de conflicto político ajeno a su voluntad.
Un año después, el preso Forn, a punto de ser juzgado por el Tribunal Supremo, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter –el medio preferido de los golpistas para comunicarse– que piensa presentarse como candidato a la Alcaldía de Barcelona. Al frente de una candidatura que ha de ser «integradora, solvente y transversal», según dijo, empleando tres calificativos absolutamente improcedentes. Forn ha dejado claro que quiere ser alcalde, aunque no ha dado detalles sobre el procedimiento. Nada ha dicho en su carta sobre si piensa presentarse por la Crida, el PDeCAT o Junts per Catalunya. Es verdad que Neus Munté había ganado las primarias para las municipales, pero eso sería un detalle minúsculo ante la magnitud del empeño.
La próxima apertura del juicio oral en el Tribunal Supremo contra Quim Forn y sus compañeros de aventura ha suscitado también la reacción de la alcaldesa Ada Colau, que se ha erigido en portavoz de la mayoría de la sociedad barcelonesa, que se opone al juicio contra los golpistas. El juicio le parece a esta señora «profundamente injusto» por estar basado «en acusaciones infundadas». Entre las muchas insuficiencias de esta pobre mujer habría que registrar su general desconocimiento de cuestiones básicas de Derecho Procesal por su creencia de que delitos como los que va a examinar el Tribunal Supremo corresponden en realidad a una asamblea ciudadana reunida en las plazas de Barcelona o en chats regidos por el procedimiento de Podemos, que permitirían resolver la elección con la votación por internet del 10% del censo barcelonés.
Ada Colau recriminó al PSC por no suscribir su crítica al juicio por el procés que se avecina, lo que viene a demostrar que tampoco está muy dotada para el raciocinio. No es que Iceta sea un tipo de una moralidad inflexible, pero esa acusación habría sido mucho más efectiva contra el doctor Sánchez, más delicuescente si cabe, y sí cabe, que el socialista catalán. Y menos inteligente, que también cabe.