EL PAÍS 12/03/13
El fiscal considera que su declaración al principio del juicio fue un paso atrás en la línea dura
La fiscalía de París dijo hoy que la posición manifestada por el ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, al inicio del proceso en que se le juzga, es una «marcha atrás» y propia más bien de un disidente de la banda.
«Con esta declaración, Aspiazu Rubina quiere pesar en el debate interno» de la organización terrorista, en la que, como los otros nueve que se sientan con él en el banquillo del Tribunal de lo Criminal de París, «son de una línea distinta a la línea oficial de ETA», señaló el fiscal Jean-François Ricard.
Ricard hizo hincapié en que fue «una declaración muy reveladora» la que hizo «Txeroki» al comienzo del juicio el pasado 18 de febrero al reconocer el daño causado por la banda pero sólo a «las víctimas colaterales», a las que -según la terminología interna de ETA- «no tenían que ver con el conflicto» del País Vasco.
Señaló que mientras otros miembros de la banda han reconocido a todas las víctimas, «aquí nada»: Se distinguen entre las personas que constituían los objetivos de las acciones de ETA y las que resultaban afectadas sin serlo.»En cualquier caso, su posición es totalmente inaceptable» en democracia, subrayó el representante del Ministerio Público francés al inicio de su requisitoria, y después de que los diez acusados hubieran provocado un incidente para ser expulsados de la audiencia antes de su intervención, que continúa esta tarde.Ricard recordó que los que son juzgados ahora en París -además de Aspiazu Rubina hay otros presuntos antiguos responsables del aparato militar de ETA, como Mikel Carrera Sarobe, Jurdan Martitegi y Aitzol Iriondo, están entre los más duros de la organización.
Y dudó de su franqueza cuando afirman la voluntad de la banda de lanzar un proceso de paz: «¿Por qué no lo hicieron cuando estaban al frente de ETA?». A ese respecto, les recriminó que pretendan presentarse «como actores de paz» porque no actúan en consecuencia: «¿Dónde están las armas, dónde los explosivos?».
Más allá del caso de los diez imputados, el fiscal argumentó que, pese a la declaración sobre el abandono definitivo de la lucha armada, ETA «no ha anunciado ni el fin de la clandestinidad, ni la entrega de sus arsenales» de armas y explosivos.
Por eso previno de que «cualquier demanda de clemencia» para los que se sientan en el banquillo que se intente justificar por el proceso actual y por la ausencia de atentados en España desde 2009 «está abocada al fracaso».
Ricard aseguró que si dejó de atentar entonces «es porque ETA a partir de un determinado momento no era capaz de seguir actuando» a causa de la acción policial, y constató que los movimientos independentistas del País Vasco han aprovechado «esta debilitamiento» para poner en marcha un proceso político.
Sobre los hechos concretos que se les reprocha a los imputados, el secuestro en agosto de 2007 en el suroeste de Francia de una familia guipuzcoana que estaba de vacaciones para robarle su furgón y convertirlo en un coche bomba, el fiscal puso el acento en la gravedad de la trama.
Precisó que ese furgón bomba que cargaron con media tonelada de explosivos y con el que se pretendía cometer un atentado -finalmente fallido- en Oropesa del Mar (Castellón) «necesariamente iba a causar víctimas». «Si el atentado se hubiera cometido, no hubiera podido más que causar víctimas», reiteró.
El abogado de la acusación particular, Frédéric Forgues, en representación de la familia de Orio secuestrada, pidió la condena de los acusados tras rememorar «el terror de la agresión» de sus clientes, la pareja formada por María Cristina Campos Sánchez y Mikel Igoa Agirrezábal, así como el hijo de ambos, Oier.
Señaló que mientras otros miembros de la banda han reconocido a todas las víctimas, «aquí nada»: Se distinguen entre las personas que constituían los objetivos de las acciones de ETA y las que resultaban afectadas sin serlo.»En cualquier caso, su posición es totalmente inaceptable» en democracia, subrayó el representante del Ministerio Público francés al inicio de su requisitoria, y después de que los diez acusados hubieran provocado un incidente para ser expulsados de la audiencia antes de su intervención, que continúa esta tarde.Ricard recordó que los que son juzgados ahora en París -además de Aspiazu Rubina hay otros presuntos antiguos responsables del aparato militar de ETA, como Mikel Carrera Sarobe, Jurdan Martitegi y Aitzol Iriondo, están entre los más duros de la organización.
Y dudó de su franqueza cuando afirman la voluntad de la banda de lanzar un proceso de paz: «¿Por qué no lo hicieron cuando estaban al frente de ETA?». A ese respecto, les recriminó que pretendan presentarse «como actores de paz» porque no actúan en consecuencia: «¿Dónde están las armas, dónde los explosivos?».
Más allá del caso de los diez imputados, el fiscal argumentó que, pese a la declaración sobre el abandono definitivo de la lucha armada, ETA «no ha anunciado ni el fin de la clandestinidad, ni la entrega de sus arsenales» de armas y explosivos.
Por eso previno de que «cualquier demanda de clemencia» para los que se sientan en el banquillo que se intente justificar por el proceso actual y por la ausencia de atentados en España desde 2009 «está abocada al fracaso».
Ricard aseguró que si dejó de atentar entonces «es porque ETA a partir de un determinado momento no era capaz de seguir actuando» a causa de la acción policial, y constató que los movimientos independentistas del País Vasco han aprovechado «esta debilitamiento» para poner en marcha un proceso político.
Sobre los hechos concretos que se les reprocha a los imputados, el secuestro en agosto de 2007 en el suroeste de Francia de una familia guipuzcoana que estaba de vacaciones para robarle su furgón y convertirlo en un coche bomba, el fiscal puso el acento en la gravedad de la trama.
Precisó que ese furgón bomba que cargaron con media tonelada de explosivos y con el que se pretendía cometer un atentado -finalmente fallido- en Oropesa del Mar (Castellón) «necesariamente iba a causar víctimas». «Si el atentado se hubiera cometido, no hubiera podido más que causar víctimas», reiteró.
El abogado de la acusación particular, Frédéric Forgues, en representación de la familia de Orio secuestrada, pidió la condena de los acusados tras rememorar «el terror de la agresión» de sus clientes, la pareja formada por María Cristina Campos Sánchez y Mikel Igoa Agirrezábal, así como el hijo de ambos, Oier.