El Correo-TONIA ETXARRI
Si no es un problema importante, que no figura entre las preocupaciones principales de los ciudadanos, ¿por qué se oponen con tanto empeño a la exhumación de Franco?», se preguntaban ayer en círculos socialistas, emplazando a PP y a Ciudadanos. Una pregunta ociosa si se tiene en cuenta que esta ‘medida estrella’ de Pedro Sánchez no va a encontrar mayor obstáculo cuando su decreto tenga que ser convalidado en la Congreso. Porque los dos partidos que están criticando las formas del Gobierno socialista para desenterrar al dictador (que suman 166 escaños en la Cámara) no van a emitir, en principio, otro voto que no sea el de la abstención. Otra cosa será que el Gobierno de Sánchez espere que esta decisión tan delicada, que afecta a lo que se podría calificar como ‘material sensible’, provoque un entusiasmo generalizado.
Porque el apremio con que Pedro Sánchez quiere remover la tumba de Franco ha centrado el foco de la polémica.
Al recurrir al decreto ley (y ya van seis en apenas tres meses) para evitar litigios con la familia de Franco y poder sortear las contraprestaciones que los grupos podrían pedirle a cambio de su voto en una tramitación de ley ordinaria (ERC ya ha adelantado su aperitivo de peticiones que incluye hasta la propia sentencia condenatoria de Lluis Companys hace 78 años), ha conseguido concitar mayores reparos que los expresados en el mes de mayo. Entonces, gobernaba aún el PP y la iniciativa fue presentada como una proposición no de ley por el PSOE. Y no se produjo ningún voto en contra. Ni siquiera del PP, a pesar de rechazar la medida porque reclamaba mayor consenso político que el de la mera suma de votos.
Pero ahora el presidente Sánchez tiene prisa. Y a falta de poder legislar a través de iniciativas parlamentarias, dada su precaria mayoría en la Cámara, piensa entretener el debate político recurriendo al decreto ley. Una medida que está contemplada, según la Constitución, para asuntos urgentes. Y eso es lo que ha disparado la controversia. Hay sin duda temas más urgentes que resolver. El desafío soberanista de Cataluña y los problemas de convivencia que está acarreando el ‘procés’, por ejemplo. De ahí que los grupos que le hacen la oposición al Gobierno de Sánchez (PP y Ciudadanos) no se muestren entusiasmados ante el «decretazo».
Revolver tanto el pasado de la Guerra Civil levanta bajas pasiones; hurga en la herida. Son los restos de un tirano, desde luego. Pero forma parte de la Historia de España. Los que quieren la exhumación, sin plantear medidas de reconciliación, cometen el mismo error que el dictador en su tiempo al hurgar en los sentimientos de ‘guerracivilismo’ y perpetuar odios que creíamos superados en la Transición. Un período que, aparte de restituir el consenso y la democracia, facilitó la consolidación de autogobiernos como el de Euskadi y Cataluña.
Puede ser que ante una situación de campaña electoral –quién sabe si Sánchez se verá obligado a adelantar los comicios si no logra apoyos para sus Presupuestos– le convenga al Gobierno tensionar las posiciones políticas. A nadie se le escapa que el retorno a la Guerra Civil conlleva una estigmatización del PP como heredero del franquismo. Pero es un planteamiento, además de manipulador, muy peligroso. Con tantos retos como tiene nuestro país para mantener la estabilidad, resucitar el pasado de una contienda entre dos bandos sólo puede conducir a nuevos enfrentamientos. Puede polarizar el voto, desde luego, pero acabará afectando a la convivencia.