José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
Exhumar a Franco no era tarea de meses sino de años. Requería un trabajo de campo previo con la Iglesia y la familia, una normativa ordinaria y una resignificación del Valle de los Caídos
El Gobierno pretende que el día 28 de abril los restos mortales de Francisco Franco no reposen ya en la abadía del Valle de los Caídos y mucho menos en la cripta de la catedral de la Almudena sino en un recoleto cementerio a las afueras de la capital de España. Si lo consigue —sin incurrir en vías de hecho— habrá obtenido una victoria política de fuerte carácter simbólico que singularizará el Ejecutivo de Sánchez de los otros socialistas presididos por González o Zapatero. Si no lo logra, incurrirá en un incumplimiento tan grave como pertinaz ha sido su deseo de conseguirlo.
Sobre el papel, la misión no se antoja fácil. El Consejo de Ministros ha tomado la decisión definitiva de exhumación (el pasado viernes) cuya ejecución se demora 15 días desde entonces para que la familia de Franco señale un lugar de enterramiento que no sea la Almudena. Los nietos del dictador —propietarios de cuatro sepulturas en la cripta de la catedral— van a acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo (de lo Contencioso-Administrativo) para interponer un recurso contra la decisión gubernamental solicitando la suspensión cautelar de la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Ministros.
Veremos si el alto tribunal concede o no la petición preliminar que se le solicitará. De hacerlo, el Gobierno no podría ejecutar su decisión. Los Martínez-Bordiú aducirán también que el Real Decreto-ley (10/2018 de 24 de agosto) que modificó la Ley de Memoria Histórica es inconstitucional porque se trata de una norma legal de “caso único”. Aducirán que es una ‘ley ad hoc’ y solicitarán que el Supremo eleve al Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad del decreto ley que, además, según su criterio, no estaría justificado por razones de notoria urgencia sino por conveniencia política.
Además de estas trabas judiciales, la decisión del Consejo de Ministros deberá enfrentarse a la negativa del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que no otorga la autorización para penetrar en la abadía y exhumar los restos de Franco que quedaron bajo su custodia. El templo, todos, según los acuerdos Estado-Santa Sede de 1979, es inviolable, es decir, una autoridad pública —salvo en el caso de delito flagrante— no podría penetrar en él sin la autorización eclesial correspondiente. Hasta el momento, y de manera formal y expresa, ni el arzobispo de Madrid, ni el superior jerárquico del prior del Valle de los Caídos ni el Vaticano han revocado la negativa de Santiago Cantera a la entrada en la abadía y a la consiguiente exhumación de los restos del dictador. Se supone que el Gobierno no deseará un conflicto diplomático de primer orden con el Vaticano.
En el supuesto, no obstante, de que el Gobierno lograse superar estas objeciones —las judiciales y las eclesiásticas—, se mantendría la negativa de la familia a una inhumación en lugar distinto a la catedral de la Almudena. El Ministerio de Justicia debería proporcionar un enterramiento contra el criterio de los nietos de Franco que generaría un conflicto judicial adicional. De manera tal que, aun en el supuesto de que el día 28 de abril se hubiera producido la exhumación e inhumación de la momia del general, el proceso se desarrollaría de manera abrupta y provocaría un debate añadido al que ya existe.
Y el Gobierno no puede dilatar más el cumplimiento de su decisión política porque llegar a la fecha de los comicios sin ejecutar la decisión dañaría su credibilidad después de tantas expectativas generadas en distintos ámbitos, defraudadas la mayoría de ellas. El balance de estos meses de Gobierno sería demasiado pobre en lo material y escuálido en lo simbólico.
Llegar a la fecha de los comicios sin ejecutar la decisión dañaría su credibilidad después de tantas expectativas generadas en distintos ámbitos
Exhumar a Franco del Valle de los Caídos no era tarea de meses sino de años. De, al menos, una legislatura. El Gobierno estaba advertido por el dictamen de la comisión de expertos de noviembre de 2011. Requería un trabajo de campo previo, especialmente con la jerarquía eclesiástica, y un pacto discreto con la familia, al tiempo que una normativa aprobada por el procedimiento ordinario con el mayor consenso parlamentario, comprendiendo la operación no solo la exhumación de Franco sino también su inhumación (ciertamente, no en la Almudena), todo ello en el contexto de una resignificación del Valle de los Caídos.
La exhumación de Franco no ha estado bien planteada, porque se ha pretendido ejecutarla en solo unos meses. El grave problema es que, urgido el Gobierno por esgrimir una victoria política ante las urnas del día 28, la ejecución de su decisión (que comprende también una inhumación indeseada por la familia del general) provoque un debate todavía más bronco que el que ha venido desarrollándose en los últimos meses. Un debate que será también simbólico y, seguramente, alejado de la comprensión de la inmensa mayoría del electorado, al que esta cuestión no deja de resultarle un tanto críptica. Y como tal, de difícil decodificación política. No es lógico meterse en laberintos sin conocer su salida.