- Todo tiene su origen en un esquema inaceptable de nuestra acción política, basada en la voluntad de romper cualquier expectativa de acuerdo con la oposición
El rey pide respeto y lealtad a la Constitución, calificada por él mismo como ‘viga maestra’ de nuestra convivencia que merece respeto, reconocimiento y lealtad. Son las palabras esenciales del mensaje de Navidad de nuestro jefe del Estado, convocándonos a todos a la unidad frente a la división, al respeto frente al rencor, al espíritu integrador frente a la exclusión. Palabras que suscriben tanto el PSOE como el PP. Palabras que critican, entre otros, Podemos, ERC, o Bildu.
No es grande la diferencia del mensaje navideño de este año en comparación con los de años anteriores. Siempre prevalece el respeto y la lealtad por la Constitución y la convocatoria a la unidad frente a la división. Y uno y otro año, la diferencia estriba siempre en la constatación de que la práctica política que se despliega en España está en las antípodas de ese mensaje regio que se emite sin cansancio cada Nochebuena.
Porque antípodas significa gobernar con celosos impugnadores de nuestro ordenamiento constitucional, que son precisamente el sustento parlamentario del Gobierno; y más aún el socio en el propio gobierno de coalición.
Presentado por el Gobierno como un requisito ineludible exigido por la propia Unión Europea, cuenta en su aprobación con el apoyo de sindicatos y patronal
No es, desde luego, el afán de la unidad la guía rectora de esos aliados gubernamentales. Al contrario, sus recursos básicos son la división y la exclusión. Buena prueba de lo que antecede la vamos a tener en el debate sobre el decreto ley de la reforma laboral, al que no es difícil augurar una seria discusión en el ámbito parlamentario. Presentado por el Gobierno como un requisito ineludible exigido por la propia Unión Europea, cuenta en su aprobación con el apoyo de sindicatos y patronal; pero ni aquéllos ni éstos disponen de votos para impulsar su aprobación en el Congreso de los Diputados.
Los votos corren de cuenta del gobierno –PSOE y Podemos-. Y hasta aquí, porque en adelante, ERC, Bildu, PNV, pero también PP y Vox han anunciado su voto negativo con lo que, así las cosas, el decreto ley que aprueba la reforma laboral tiene serias posibilidades de ser derrotado en el Parlamento.
Decreto ley que, contra lo tantas veces prometido, no deroga la reforma laboral del año 2012 aprobada por el Gobierno de Rajoy. Fue un mantra, falso desde un principio, porque era sencillamente inabordable derogar –es decir, dejar sin efecto nada menos que el marco de relaciones laborales-. Tan sólo se trataba de introducir en su caso retoques en relación a la reforma laboral del año 2012, que preservan las líneas fundamentales de aquella reforma laboral. No han cambiado los costes de despido; no se han recuperado los salarios de tramitación; no se han endurecido los despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Claro que se puede optar por la desmesura, por las grandes palabras. Quizá la única que habría de tener en cuenta es que esa reforma laboral se obtiene por consenso de los agentes sociales.
El más grave de los males que nos sacude desde hace años, la incapacidad de afrontar reformas legislativas en beneficio de los ciudadanos, cuando todo se encuentra colapsado
Y volvemos al punto de partida. Todos los actores políticos, ya sean aliados parlamentarios del gobierno, ya sean partidos de la oposición –PP y Vox – se muestran en disposición de votar negativamente el decreto ley que contiene la reforma laboral. Y es aquí donde aparece el más grave de los males que nos sacude desde hace años, la incapacidad de afrontar reformas legislativas en beneficio de los ciudadanos, cuando todo se encuentra colapsado en un estado de estancamiento permanente. Imposible adivinar consensos que unan. En estos momentos, el gobierno contempla cómo sus aliados parlamentarios mantienen el no, como contempla que la oposición se mantenga en el no. Tampoco hemos asistido a ninguna explicación gubernamental sobre lo que representa la reforma laboral. Como en tantas otras ocasiones, se toman medidas en las que el común denominador no es otro que la ausencia de explicación de los beneficios de las medidas adoptadas.
Una vez más, la ausencia de un proyecto de país asequible para los ciudadanos, debidamente identificado y, desde luego, debidamente explicado. Y así, podemos apostar que la tramitación en sede parlamentaria de la reforma laboral provocará bastante barullo; que es verdad que a lo largo de esa tramitación pueden obtenerse consensos en lo que hoy son disensos, tal vez al precio de obtener disensos en lo que hoy son consensos, patronal y sindicatos.
Y todo esto tiene su origen en un esquema inaceptable de nuestra acción política, basada en la deliberada voluntad de romper cualquier expectativa de acuerdo con la oposición. Todo vale en tanto el acuerdo sea imposible. Incluso tener por aliados estratégicos a fuerzas disolventes de nuestra Constitución, y de los principios y valores que la inspiraron.
Y ese espíritu de ruptura, alcanza también a la principal fuerza de oposición, el Partido Popular. Cuando la polarización se hace norma, las consecuencias saltan a la vista: la imposibilidad buscada de llegar a acuerdos entre el partido de gobierno y el partido de la oposición. Poco lejos se llegará por ese camino, que a ningún sitio lleva más allá de romper los elementos básicos que dan forma a una convivencia amable y civilizada.