Es la compañía de dos formaciones plenamente legales y la presentación ante las correspondientes juntas electorales de listas de candidatos mayoritariamente ‘blancas’ lo que favorece más el pronóstico de que el Supremo vuelva a mostrarse dividido, pero en esta ocasión a favor de Bildu.
Las demandas interpuestas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, solicitando que anule la proclamación de las candidaturas de Bildu y de algunas agrupaciones electorales que pudieran ser afines a la izquierda abertzale, suscitan una primera duda: hasta qué punto el relato acusador describe la constitución de dicha coalición como el cumplimiento de un designio etarra basándose en indicios que ofrecerían una apariencia de verdad al forzar la realidad de los hechos. Es posible que resulte más fácil demostrar con pruebas documentales que la operación coincide con las indicaciones contenidas en una directriz establecida por ETA que lo contrario. Sencillamente porque, independientemente de a quién corresponda la carga de la prueba desde un punto de vista jurídico, no hay constancia alguna de que la izquierda abertzale decidiera conformar una coalición con EA y Alternatiba de espaldas a la banda terrorista, y mucho menos en contra de su criterio. Pero de ello tampoco cabe inferir que Bildu sea resultado de la «unidad de sujeto ETA/Batasuna».
La narración sobre las desavenencias entre ETA y la izquierda abertzale recogida en las alegaciones presentadas tanto en el ‘caso Sortu’ como ayer frente a los recursos contencioso-electorales contra Bildu aportaría una parte de verdad que no está presente en las demandas. Aunque la deliberada negativa de la izquierda abertzale a romper amarras de manera ostensible con ETA permite a la banda actuar como si hubiese ideado inicialmente la operación en marcha y la tutelase en tanto que realización de los objetivos enunciados en su declaración de tregua. De manera que el núcleo etarra estaría en condiciones de hacer suyo para consumo interno, aunque fuese a título de mera retórica, el desarrollo de una plataforma electoral cuyo devenir se le escaparía desde el mismo momento en que se confirmase la proclamación de candidaturas, pero cuya existencia podría servirle para continuar refiriéndose a la apertura de una «nueva era» en la historia de Euskal Herria.
Es precisamente ahí donde se dibujaría la línea de separación entre una iniciativa política netamente continuadora de la extinta Batasuna y el inicio de otra cosa. Siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras ETA se mantenga en tregua y haga menciones genéricas a la izquierda abertzale presentándose como integrante de la misma -así lo hizo en su comunicado del Aberri Eguna-, podría afirmarse la existencia de una «esencial coincidencia» entre sus planteamientos y los frutos obtenidos por la participación de los herederos de Batasuna en Bildu en tanto que estos no lo nieguen expresamente. Pero de ello no se desprendería la existencia de un «riguroso control» de Bildu por parte de ETA; o cuando menos ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía han podido demostrarlo en sus demandas.
En cierto sentido, Bildu representaría un paso hacia atrás respecto a la marca Sortu, que tanto en sus estatutos fundacionales como en sus contados y medidos pronunciamientos se ha mostrado más dueña de sí misma en relación al dictado etarra y su actuación futura, con planteamientos que no alcanza ni de lejos el «código» suscrito al respecto por los electos de la coalición. Sin embargo es la compañía de dos formaciones plenamente legales y la presentación ante las correspondientes juntas electorales de listas de candidatos mayoritariamente ‘blancas’ lo que favorece más el pronóstico de que el Supremo vuelva a mostrarse dividido, pero en esta ocasión a favor de Bildu. La réplica legal e informada de los defensores de la coalición a las pesquisas aportadas sobre la supuesta trayectoria connivente de sus candidatos podría resultar decisiva.
La eventual presencia de Bildu en los comicios del próximo 22 de mayo obliga a todas las demás formaciones a ajustar sus cálculos electorales y a abrir aún más el abanico de posibles alianzas en las que tendrían que participar con posterioridad. Pero la política se está manifestando en toda su crudeza también entre quienes han constituido la citada coalición. La necesidad de conformar las candidaturas con arreglo a la representatividad pasada o presumible de los tres socios ha obligado a estos a asumir un pronóstico ciertamente moderado de sus posibilidades electorales para evitar que el reparto de puestos emulara al cuento de la lechera. De modo que el método de confección de las listas les ha llevado a rebajar el alcance de su iniciativa.
El razonable temor a que al final no se produzca un efecto suma, y la previsión de que en tal caso el conflicto de intereses entre los integrantes de Bildu pueda recrudecerse, están lógicamente silenciados por la incertidumbre inmediata de su posible anulación electoral. De confirmarse esta última hipótesis, la coalición tendería a desbaratarse; porque si bien la izquierda abertzale cuenta con un hábitat al margen de las instituciones, no sería fácil la pervivencia autónoma de EA y Alternatiba sin más representación que un parlamentario vasco a la espera de lo que deparen las próximas generales.
Mientras que el triunfo moral de su acceso legal a las instituciones, aun remodelando el panorama político precedente, obligaría a los integrantes de Bildu a enfrentarse a la doble realidad de una presencia limitada y al ejercicio cotidiano de una política que no podrían reducir a la proclamación del advenimiento de un nuevo tiempo. Probablemente ETA se mostraría más confortada con lo primero que con lo segundo.
Kepa Aulestia, EL CORREO, 30/4/2011