España va camino de convertirse en un objeto político no identificado dentro de la Europa del Estado de Derecho. Por muchos que sean los esfuerzos de comunicadores y propagandistas para normalizar una situación como la que resulta de los pactos de gobierno, la realidad es que nos encontramos en una órbita excéntrica respecto al núcleo militantemente democrático de la Unión Europea.

Una amnistía que cambia impunidad por votos y que concede esa impunidad a los responsables de un proceso independentista unilateral y sedicioso ya es una deprimente rareza en la Europa democrática. Las distorsionadas referencias a la ley de amnistía portuguesa de 2023 -aprobada con ocasión de la visita del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en nuestro país vecino- y la amnistía francesa de 2022 solo constatan la necesidad de buscar legitimación para la proposición de amnistía, sin ser conscientes quienes así lo hacen de que precisamente lo que han hecho portugueses y franceses es el contraargumento más evidente, porque los delitos que van a ser amnistiados en España quedaron expresamente excluidos en Portugal y Francia. Lo mismo cabe decir de la desdichada treta empleada por los socialistas en el Parlamento Europeo para negar que la amnistía cubra delitos de terrorismo, al mutilar la cita del artículo 2 de la proposición de ley.

Pero es que tampoco existe precedente de que un Gobierno europeo someta sus acuerdos con otra fuerza política -Junts- al escrutinio de uno o unos verificadores internacionales, en reuniones que se celebran fuera de España, en medio de la más absoluta opacidad.

A pesar de las reiteradas recomendaciones de la Comisión Europea para que se reforme el Estatuto del fiscal general del Estado -entre otras razones, para evitar que su mandato coincida con el de la legislatura-, el Gobierno ha vuelto a designar al fiscal en los mismos términos que los actuales. Y aunque los socialistas afean al PP la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se niegan sin el más mínimo pudor a atender la exigencia de la Comisión Europea y del Consejo de Europa de modificar el procedimiento de elección de los vocales del CGPJ para que los jueces de todas las categorías -que deben ser mayoría en este órgano- elijan a los jueces.

La amnistía, como otras normas de previsible altísimo voltaje político, va a ser examinada en su constitucionalidad por un tribunal en el que, de los siete miembros de la mayoría llamada ‘progresista’, uno es exministro de Justicia de Pedro Sánchez; otra, exdirectora general en el Ministerio de Presidencia con Félix Bolaños, y el presidente, Cándido Conde Pumpido, exfiscal general del Estado con un Gobierno socialista, mientras la pregunta retórica de Pedro Sánchez persiste: «¿De quién depende el fiscal? Del Gobierno». El exministro y magistrado constitucional Juan Carlos Campo se ha apartado voluntariamente de conocer el recurso futuro contra la ley de amnistía, en contra de la que se pronunció en los términos más categóricos cuando tramitó y propuso los indultos a los condenados del proceso independentista. Si tradujéramos al húngaro o al polaco este relato abrumador nos parecería escandaloso desde la perspectiva del Estado de Derecho. Y lo es, también explicado en español.

Hay más. Como represalia por la ausencia de renovación del CGPJ, a este órgano le ha sido vedado el nombramiento de magistrados y jueces para los distintos tribunales. La situación es crítica, empezando por el Supremo porque se acumulan las vacantes sin cubrir. Mientras tanto, se registran las comisiones parlamentarias que van a revisar las actuaciones judiciales bajo el pretexto del ‘lawfare’ o utilización ilegítima de los procedimientos judiciales contra adversarios, un planteamiento calumnioso en su origen hacia el Poder Judicial que habrá que combatir aquí en Bruselas y en Estrasburgo.

No por casualidad, en el debate que hemos mantenido en el Parlamento Europeo el comisario Didier Reynders ya advirtió de que la Comisión examinará no solo el texto de la proposición de ley -debidamente fabricado para que parezca formalmente correcto a ojos europeos-, sino las enmiendas que se presenten y los documentos políticos de la formación del Gobierno de coalición, entre los que se incluyen los pactos con Junts y el ataque al Poder Judicial por la vía de las comisiones de investigación en el Congreso. Mientras tanto, en Bruselas se debate la armonización de los delitos de corrupción que exigirá una reforma de la reforma, aquella con la que el Gobierno socialista quiso aliviar a los malversadores del ‘procés’. Como no lo consiguió, ahora los amnistía.

El deslizamiento de España hacia un territorio en el que las infracciones al Estado de Derecho se conviertan en sistémicas se va acelerar. Frente a esta tendencia a la centrifugación del Estado y de la propia democracia, Europa tendrá que acreditar su fuerza atractiva para que no salgamos de la órbita de los países con instituciones firmes en la garantía de los valores del Estado de Derecho. Esa órbita en la que siempre hemos querido estar.