La renuncia segura de Carlos Lesmes a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo es, primero, una decisión coherente con su compromiso personal (la anunció el pasado 7 de septiembre) y, después, un gesto de contestación a la clase política —Gobierno y oposición— ante su indecente actitud al paralizar el órgano de gobierno de los jueces bloqueando su renovación —lleva cuatro años en prórroga— y ante la irresponsabilidad gubernamental de cancelarle sus funciones esenciales como medida de presión al PP, causando con esa determinación un enorme daño a la Administración de Justicia, a la que el Consejo no puede proveer de magistrados en las más altas responsabilidades jurisdiccionales. 

La situación del Consejo General del Poder Judicial —ya en fase de implosión— es de putrefacción institucional y la decisión de su presidente —que no gusta ni a unos ni a otros, pero que quizá por ello sea una medida acertada— es el epítome de una crisis sistémica en la que el deterioro de las estructuras constitucionales ha alcanzado niveles de daño irreversible. Porque lo que está ocurriendo en el Consejo tiene repercusiones negativas en un Tribunal Constitucional lisiado y sin reputación, incapaz de resolver después de casi 20 meses el recurso interpuesto contra la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (artículo 570 bis) que dejaba en funciones y paralizado el órgano de gobierno de los jueces propiciando que cuatro de sus propios magistrados, entre ellos el presidente del TC, se encuentren en situación de prórroga en sus respectivos mandatos. No funciona, pues, el Consejo General del Poder Judicial, no funciona el Tribunal Constitucional, las salas del Tribunal Supremo —especialmente la Tercera— se encuentran al borde del colapso y están pendientes nombramientos en otros tribunales.

Coyuntura peligrosa, porque la sustitución de Carlos Lesmes suscita una controversia jurídica de extraordinario calado. ¿Debe sustituirle como presidente del Consejo y del Supremo el que lo es de la Sala Primera del alto tribunal, Francisco Marín, el más antiguo de los presidentes de Sala? ¿Cabe una bicefalia en la que el vocal de más edad, Rafael Mozo, asuma la presidencia del órgano de gobierno y Marín del Supremo? Por si no faltasen dificultades, la ausencia de precedentes oscurece el itinerario inmediatamente posterior a la renuncia de Carlos Lesmes.

Todo el aparato de garantías —tanto las jurisdiccionales como las constitucionales— está gripado. Si añadimos a estos deterioros la invasión gubernamental de la potestad legislativa del Congreso mediante decretos-leyes a barullo y sumamos la obscena batalla sobre la fiscalidad y el desajuste constante del Estado autonómico, con dos comunidades en las que se ha extirpado la presencia del Estado —Cataluña y País Vasco—, es fácil llegar a la conclusión de que la institucionalización comienza a gangrenarse.

Cómo de viciado está el ambiente y de preocupadas las instancias sociales más conscientes lo acredita el pronunciamiento concluyente del Círculo de Empresarios de Madrid, publicado el pasado lunes. Se trata de una asociación empresarial que reúne a 207 compañías, medianas y grandes, cotizadas y fuera y dentro del Ibex, familiares y multinacionales, españolas y extranjeras, representadas por sus gestores ejecutivos. 

Según el Círculo de Empresarios de Madrid, muy vinculado al del País Vasco y al Círculo de Economía de Barcelona —mantienen iniciativas conjuntas—, el Gobierno se injiere en los demás poderes del Estado, considera el Centro de Investigaciones Sociológicas “desprestigiado”, partidista el relevo del presidente del INE, denuncia las presiones sobre la AIReF y sobre el Banco de España, subraya cómo el Gobierno permite el incumplimiento de sentencias sobre la utilización del castellano (en Cataluña), cree que el defensor del pueblo lo es del Gobierno, que este se muestra opaco, que en Indra ha “vulnerado todas las normas de buen gobierno”, critica también los gravámenes a las energéticas… y así otras recriminaciones que el Círculo desgrana en un documento de cuatro páginas de indudable voltaje político.

El resumen de su posición se concentra en este párrafo que reproduzco textualmente: “Un Gobierno no puede pretender que todas las instituciones del Estado estén a su servicio. Esta concepción del Gobierno es profundamente antidemocrática y socava los principios de nuestro Estado de Dderecho y de la separación de poderes. Actuando así, se convierte a nuestro país en una democracia aparente (…) dando lugar a un régimen autoritario con apariencia democrática”. Para que los empresarios, de natural cauteloso, con algunas de sus compañías sometidas a regímenes regulatorios y, en todo caso, habitualmente prudentes en las interpretaciones de la situación política, se manifiesten, sin embargo, con esta meridiana claridad y con esta contundencia, es que la realidad institucional no admite ya paliativos. 

Puede que las instituciones no estén correctamente diseñadas o hayan incurrido en un funcionamiento anacrónico, pero lo esencial es que han enfermado los intangibles democráticos (la lealtad al espíritu de la ley, las reglas de compromiso democráticas más allá de la letra de las normas y la vocación de servicio a las mayorías) y que esta honda crisis solo tendrá un principio de solución cuando termine una legislatura que nació del fracaso y del engaño —elecciones repetidas en noviembre de 2019, en las que el presidente del Gobierno asumió compromisos que ha olvidado o, directamente, contradicho— y cuando la clase dirigente, toda, deje de ser productora masiva de verdades alternativas y narrativas mentirosas.