El Gobierno resultante del 14-F estará presidido por el candidato de ERC, Pere Aragonès, y será resultado de un trabajoso acuerdo con Junts per Catalunya, bajo la supervisión y el pulso que mantienen Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Tras el recuento de los votos, prevalecerá la ínfima diferencia de un escaño −33 a 32−. Como si la victoria de los republicanos frente a JxCat hubiese sido fortuita. Además, no habría que descartar la sorpresa de que la CUP exija formar parte del nuevo gobierno como condición para su apoyo parlamentario. La integración institucional de grupos ajenos a la política convencional tiende a ello. El desiderátum de ERC de una ‘vía amplia’ que tiente a En Comú Podem podría dar lugar a acuerdos puntuales a lo largo de la legislatura. Pero la participación activa de la CUP en el núcleo del pacto de gobernabilidad conlleva un veto implícito a los de Jéssica Albiach. En el segundo anillo de la política catalana, la formación más asamblearia -CUP− salió del 14-F henchida con sus nueve escaños frente a la asamblearia pero menos -En Comú Podem− que consiguió aguantar con ocho. No hará falta que Albiach y Colau se esfuercen en explicar la abstención de su grupo en la investidura de Aragonès. Pero tampoco les volverá imprescindibles.

Los antecedentes no auguran cuatro años de estabilidad y de una gestión eficaz de los intereses públicos. A no ser que las relaciones entre ERC y Junts, entre Junqueras y Puigdemont, experimenten un cambio inesperado, Aragonès se encontrará como socio de legislatura a una alianza entre Junts per Catalunya y la CUP basada en avivar el ritmo de la secesión y en incrementar las distancias con el Estado constitucional. La personalidad dubitativa y apocada de ERC sufrirá lo indecible ante semejante marcaje. No es fácil imaginar un protocolo de coalición que convierta la mayoría parlamentaria y el gobierno independentista de la Generalitat en un bloque solidario internamente. La ventaja política, institucional y jurídica que la presidencia conceda a Aragonés respecto a los de Junts dentro del ejecutivo y a los de la CUP dentro o fuera de él puede reducirse enormemente ante las maneras correosas del ala impaciente de la alianza por la autodeterminación y la amnistía.

La gestación del nuevo gobierno y su andadura se encontrarán con una rémora: la convicción de los de Junts per Catalunya de que en realidad la victoria les correspondía a ellos, porque se les fueron votos inutilizados al PDeCAT, y porque se consideran intérpretes genuinos de la agenda secesionista. No es fácil negociar con un partido que alberga el deseo de nuevos comicios que pongan las cosas en su sitio, o gobernar con él tras llegar a un apaño. Probablemente Junts no se atreva a forzar una repetición electoral ya, para devolver a ERC a una posición secundaria. Pero sus socios republicanos y los catalanes padecerán la latente amenaza de quienes en realidad continuarán en el Gobierno de la Generalitat como si fuese propio.