Gesto por la Paz, la asociación impulsada hace un cuarto de siglo como respuesta civil al terrorismo, confirmó ayer que algo ha cambiado en el escenario vasco.
Por primera vez en su historia, el colectivo pacifista centró su mirada en «las otras víctimas», las de la violencia «indebida» por parte del Estado, para las que reclamó también su particular reconocimiento, «que no homenaje», por parte de las instituciones. Un pronunciamiento que se suma al rechazo de los actos violentos que, en sentido inverso, ha manifestado la izquierda abertzale en los últimos meses. Guiños, más que gestos, para una nueva época.
«Todos los damnificados tienen derecho a que se haga justicia, a la consecuente reparación y a que su relato se incorpore a la memoria de la sociedad», argumentó la ayer portavoz de Gesto por la paz, Inés Rodríguez, quien compareció en Bilbao junto a Fabián Laespada e Itziar Azpuru para dar a conocer el informe elaborado por la plataforma sobre las víctimas de «actuaciones desproporcionadas y que hayan supuesto una extralimitación no accidental en las atribuciones de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el terrorismo».
Lejos de cualquier sospecha tras una inmaculada trayectoria de 25 años ininterrumpidos contra el terrorismo, Gesto por la Paz quiso aclarar ayer que «las otras víctimas» han figurado desde el inicio en su programa y que se mantienen de actualidad porque «hay sentencias que demuestran que continúan produciéndose torturas», del mismo modo que existen dictámenes de organismos internacionales que reclaman al Gobierno central la investigación de denuncias por malos tratos. Rodríguez matizó, además, que reconocer a estos damnificados no se debe interpretar como «un menosprecio» hacia los de ETA.
Tras poner como ejemplo el caso paradigmático de Mikel Zabalza en 1985, la portavoz del colectivo abogó por crear un «clima de empatía» hacia unas víctimas que lo han sido, en su opinión, por partida doble, ya que al sufrimiento padecido se ha unido el «ostracismo» en el que han permanecido durante años. Según recalcó, la persistencia del terrorismo «bajo ningún concepto» justifica la existencia de «abusos» por parte de los cuerpos policiales, por lo que reclamó una urgente «deslegitimación» de los mismos a instancias del propio Ejecutivo central. Según advirtió, en caso contrario, una posible extensión de la culpa «al conjunto de las fuerzas de seguridad» redundaría en una «deslegitimación global de la lucha antiterrorista, del Estado y de la propia democracia».
Rodríguez aprovechó su intervención para valorar la labor generalizada de las fuerzas de seguridad, pero añadió que ello «no puede ser óbice para denunciar las actuaciones que no han sido correctas». Por eso defendió la necesidad de incorporar a las víctimas de la violencia policial a los procesos de recuperación de la memoria «de forma coordinada, no enfrentada y con voluntad de confluir». Asimismo, planteó la posibilidad de concederles ayudas como las que han percibido «quienes han sufrido injusticias similares».
La portavoz del colectivo remarcó que el reconocimiento a «las otras víctimas» no puede interpretarse como un ataque a nadie, salvo a quienes delinquen, e insistió en que el Estado debe hacer gestos públicos de resarcimiento «significativos», así como apostar por la prevención, la investigación de las denuncias y la aplicación de la justicia. Por este motivo, Gesto por la Paz trasladará en los próximos días su informe al conjunto de formaciones políticas y a distintos agentes sociales para que actúen en consecuencia.
Sin acuerdo en Juntas sobre Jauregi
Como se preveía, no hubo acuerdo ayer en las Juntas Generales de Gipuzkoa sobre cómo rechazar de manera institucional el ataque al monolito en memoria del que fuera gobernador civil del territorio Juan Mari Jauregi. La presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Lohitzune Txarola (Bildu), lamentó no haberlo conseguido pero al menos dejó constancia de su compromiso para impulsar la negociación entre los grupos.
El texto propuesto por la presidenta señalaba que las Juntas Generales, «como sede de la voz y la palabra», ratifican su compromiso «con la no violencia y las vías pacíficas y democráticas», por lo que muestran su «rechazo» ante el ataque y trasladan a sus familiares y allegados «la solidaridad y apoyo» de la Cámara parlamentaria. Asimismo, ratifican su «apuesta y compromiso» para trabajar «a favor de la paz, la democracia, la normalización política» y por la consecución de «un escenario para nuestro pueblo en el que hayan desaparecido todas las formas de violencia y donde se respeten todos los derechos fundamentales de todas las personas, sin excepción, en base a los principios establecidos en la Legislación competente en materia de Derechos Humanos y en toda la normativa desarrollada hasta hoy» por la ONU.
Sin embargo, según los socialistas, Bildu no aceptó incluir en el texto «una referencia expresa a la desaparición de ETA», ni la alternativa de aludir a la «desaparición del terrorismo». Así, ayer se volvió a evidenciar la falta de acuerdo, ya que Bildu, Aralar y PNV se han mostrado conformes con la propuesta de declaración presentada por Txarola, que no ha contado con el respaldo de PSE-EE ni del PP.
Lla portavoz socialistal, Rafaela Romero, ha «valorado», en declaraciones a Efe, el intento de acercamiento de posturas realizado con Bildu, si bien se ha mostrado «sorprendida» con la postura del PNV al «aceptar» una declaración en la que «no se menciona a ETA», cuando Juan María Jaúregui «no murió de una enfermedad grave» sino que fue «tiroteado». A su vez, el parlamentario socialista Jesús Loza dijo ayer que mientras Otegi no pida la desaparición de ETA no se puede creer en la «sinceridad» de su apuesta-
Por su parte, el portavoz juntero del PP, Juan Carlos Cano, indicó su desacuerdo con la «estrategia» de Bildu de plantear que «el terrorismo no ha existido» y de que «no hay responsabilidades», al tiempo que se ha preguntado por qué supone un «problema» para esta coalición exigir la desaparición de ETA.
EL PAÍS. 9/7/2011