No había motivos en la biografía del psicópata de La Moncloa que nos indujese a creer en su intención de cumplir alguna de sus promesas electorales. Por ejemplo, ésta, anunciada antes del 10-N: “este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones en torno al IPC real”. Los pensionistas son su target, convenía atraerlos para la causa, ya se sabe que hasta meter, prometer. Se minimizaron las dificultades por estar el gobierno en funciones, pero alguno de sus ivanes le hizo ver las ventajas de la propaganda, y la ministra Celaá, portentosa criatura que se encarga de explicar lo inexplicable, anunciaba ayer, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que de lo dicho, nada, que las pensiones quedarán congeladas hasta la formación del Gobierno.
El triunfo de la propaganda: El Gobierno está por vuestra causa, pero no podré daros satisfacción por culpa del bloqueo que organiza la derecha: no es no, ¿qué parte del ‘no’ no entiendes? Bueno, igual no era esto, pero actualizar las pensiones conforme al IPC ¡y blindarlo en la Constitución! Era la primera de las 35 medidas, con las que este falsario adelantó su programa electoral definitivo. No hay una sola promesa electoral de este sujeto que se haya mantenido dos semanas. Bueno, sí, hay una: la de exhumar los restos de Franco para volver a enterrarlos en el lugar desde el que el dictador regía los destinos de España.
Este campeón de la doble vara de medir: exigir por un lado su derecho a gobernar como candidato de la lista más votada, al mismo tiempo que sus socialistas navarros, chispún, jódete patrón, urdían un pacto para evitar que gobernase la lista más votada en Navarra. Recuerden su desafío de 2016: “¿Qué dicen aquellos que me acusaban de que estaba dispuesto a pactar con los independentistas, todo con tal de ser presidente del Gobierno? Ahora callan”.
La ministra portavoz hizo un relato en el que pretendió pormenorizar las decisiones del Consejo de Ministros, al tiempo que se excusaba de dar mayores detalles para no hacer exhaustiva la relación. Podría haber invocado su timidez. O el pudor. El más indecente de los gobernantes que hemos tenido en democracia, está esperando el placet que le tiene que dar para su investidura un delincuente condenado en firme por sedición y malversación, encarcelado e inhabilitado por sus hechos, a cuyas órdenes quiere poner a la Abogacía del Estado. “No hay plan B”, dijo rotunda la Celaá a una pregunta de mi colega Marisa Cruz.
Sí lo había. O debería de haberlo. Uno que aúpe al Gobierno con la fuerza de 211 escaños, 221 con los de Ciudadanos, dos partidos constitucionalistas. Esa sería una opción moral, pero tendría que ser sin Sánchez; a él le tira más el oscuro mundo del delito.