EL CORREO 13/03/13
El rector considera un «despropósito» el proceso, en el que ayer declararon una docena de testigos, porque los profesores se limitaron a desarrollar una actividad «conocida» en la UPV
El rector de la UPV salió ayer en defensa de los dos profesores acusados de prevaricación administrativa por permitir estudiar a deportados de ETA. Y esta vez lo hizo en los juzgados. Iñaki Goirizelaia declaró como testigo en la segunda sesión del juicio que se celebra en Bilbao contra los dos docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Xabier Aierdi y Enrique Antolín, de quienes aseguró «actuaron dentro del marco institucional de la universidad y de acuerdo a las obligaciones propias de su cargo».
El máximo responsable de la universidad había trasladado con carácter previo su solidaridad hacia los imputados en un proceso que llegó a calificar de «despropósito». Es más, firmó, junto a otros mil compañeros, un manifiesto de apoyo a Aierdi y Antolín. Ayer, aunque parco en palabras, volvió a dejar claro su respaldo a los acusados al corroborar con sus respuestas en pleno juicio los argumentos esgrimidos por la defensa en favor de los acusados, y que descansarían en tres pilares: la matriculación «no corresponde» a los profesores, todo alumno matriculado «adquiere el derecho a ser evaluado» y la asimilación por parte de la UPV de los deportados, en este caso de ETA, con el resto de alumnos en situación «especial». Es decir, los reclusos en cárceles españolas y francesas.
Según recordó el rector, la universidad suscribió un protocolo de actuación en 2004, en el que se incluyó una disposición adicional que fijó que este tipo de educación a distancia se haría «extensiva a quienes no pudieran acudir a clase de forma presencial». «Y no hubo recurso por parte del Ministerio», añadió Goirizelaia. El rector evocó, a modo de ejemplo, que un alumno de Camerún fue extraditado a su país y la universidad, dentro de su autonomía, estableció los mecanismos necesarios para evaluarle.
Xabier Aierdi y Enrique Antolín, que ayer volvieron a estar arropados por decenas de compañeros, se enfrentan a una condena de ocho años de inhabilitación –según la petición de la Fiscalía–, por permitir que, entre 1987 y 1999, cursaran sus estudios en la UPV los etarras Ángel Lete Etxaniz, deportado a Cabo Verde y ya fallecido, y Belén González Peñalva, que se encontraba en la República Dominicana. La acusación particular, formada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Voces contra el Terrorismo ha solicitado un año más de inhabilitación que el Ministerio Público.
Movimientos pacifistas
En la sesión de ayer prestaron declaración trece profesores y funcionarios de la UPV. Entre ellos, Peio Salaburu. El que fuera rector de la universidad entre 1996 y 2001 aseguró no tener conocimiento de la matriculación de los dos etarras deportados «porque a un rector hay muchas cosas que no se le dicen». Ahora bien, afirmó no haber recibido queja alguna a este respecto y, añadió que de encontrarse en la situación de los dos profesores encausados «habría actuado de la misma manera». Salaburu justificó que, «por analogía», se aplicara a los etarras en cuestión el convenio de alumnos especiales. Es más, la mayoría de los testigos reconocieron que permitir a los deportados estudiar en la UPV era «algo conocido», que no había suscitado «problemas». Según manifestó el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Alfonso Unceta, «siempre ha habido interés por regular bien esta cuestión».
La vinculación de los acusados a movimientos pacifistas y el sistema de evaluación de los estudiantes adscritos a este programa salieron también a relucir en la vista oral. A Aierdi se le acusa, además, de contribuir «a la arbitrariedad del sistema influyendo en 2001 en un docente». En concreto, de haber pedido a Iñaki Pariente que «sustituyera» el examen por un trabajo. Pariente confirmó ayer que Aierdi le indicó que «la forma ordinaria de evaluación es estos casos era un trabajo», si bien, y al igual que otros profesores, que son los que deciden en última instancia, rechazó «presiones» para que se empleara esta metodología y destacó la validez de este sistema de evaluación. El juicio finalizará hoy con la lectura de las conclusiones.