La deriva autoritaria continúa. A la colonización del Estado, al jaque al Rey y al deseo de anulación de la independencia del Poder Judicial, se une el golpe al parlamentarismo. A Sánchez le molestan las instituciones democráticas, los contrapesos, el control, y los está laminando. Ha encontrado al socio perfecto para hacerlo: el comunista Pablo Iglesias. ¿Qué pasa cuando se une la soberbia del autócrata con la pulsión totalitaria? Nada bueno para la democracia.

El proyecto de declarar el estado de alarma durante seis meses supone habilitar al Gobierno como legislador a través de los decretos-leyes, sin que haya control judicial ni parlamentario. De esta manera, las decisiones de Sánchez e Iglesias solo se someterán al control del Tribunal Constitucional, cuyos tiempos no son de este mundo.

Además, el Senado quedará privado de sus funciones, porque el decreto-ley solo tiene dos vías: la convalidación o la derogación total, y solo por el Congreso. Por tanto, no habrá debate por partes, ni por cámaras, sino la decisión de un Ejecutivo que reúne poderes que deberían estar separados. Esto merma el parlamentarismo, que es, como escribía Kelsen, la única forma real de plasmar la idea de la democracia liberal, representativa y pacífica. Si falla el parlamentarismo, falla la democracia

Sanchistas y podemitas darían a entender que las Cortes son un lastre, un retraso, una componenda inútil entre políticos con intereses espurios, contrarios a los del pueblo

El Gobierno de Sánchez e Iglesias quiere asumir el Poder Legislativo durante seis meses para transformar España, en lo que sería un nuevo “de la ley a la ley”. El Ejecutivo sería el ‘sumo legislador’, como decían los seguidores de Rousseau en 1793, un Comité de Salud Pública que encarne la voluntad general para dictar el ‘bien del pueblo’ sin control alguno. Hoy sabemos, o deberíamos saber, que es una maniobra típica en las democracias que derivan hacia el autoritarismo.

El sanchismo y el comunismo de estos dos últimos años no han dejado de atacar la idea del parlamentarismo de dos maneras. La primera es el intento de mostrar que la soberanía delegada por la nación no está en el Parlamento, sino en el Gobierno, que concentra ambos poderes y acapara así la legitimidad de sus acciones. La segunda es presentar a la ciudadanía que se pueden resolver los problemas sin el concurso de la vida parlamentaria. Así, sanchistas y podemitas darían a entender que las Cortes son un lastre, un retraso, una componenda inútil entre políticos con intereses espurios, contrarios a los del pueblo.

Presupuesto habilitante

Ese descrédito del parlamentarismo que busca este Gobierno, como ocurría en la Europa de hace cien años, se produce en cuanto la vida corriente va cambiando paso a paso por la acción gubernamental. Es la ‘nueva normalidad’. La clave de este entramado es que el Ejecutivo vaya dictando sin pausa la resolución e interpretación de los aspectos sociales y económicos. Esto es muy eficaz cuando se trata de un Gobierno populista, como el español, que actúa en tiempos de crisis con la excusa de la urgencia y el servicio al pueblo.

La maniobra del Gobierno, la prolongación injustificada del estado de alarma durante seis meses, transformaría los conceptos de representación, legitimidad y decisión política que arman el parlamentarismo. La representación del pueblo español dejaría de estar realmente en las Cortes  durante un tiempo en el que el Gobierno se dedicaría a dictar a través de decretos-leyes. El estado de alarma supone de por sí un presupuesto habilitante que permitiría a Sánchez e Iglesias reglamentar “contra legem”; es decir, contra la Ley y la legislación.

Socialistas moderados

Incluso la idea de legitimidad cambiaría en sentido doble; esto es, ya no solo la que otorga el origen democrático, sino la que proporciona el ejercicio, el sentido del estado de alarma. La ‘urgencia’ para dictar decretos-leyes es algo ideológico, incluso moral, y el Gobierno con seis meses por delante se sentiría legitimado para dictar normas sobre lo que creyera oportuno. Ya vimos que durante el anterior estado de alarma se regularon derechos y libertades del Título I, según dijo el Tribunal Superior de Aragón, lo que no correspondía con dicha declaración de alarma.

Se podrá decir que España es el país de los decretos-leyes, pero desde 2018, con Sánchez, se ha legislado más por esta fórmula que por el procedimiento de la ley ordinaria u orgánica. No hay nada que justifique un estado de alarma tan prolongado, cuando se ha tenido tiempo suficiente para reformar la legislación sanitaria. A no ser, claro, que el motivo sea otro: cambiar el régimen por la puerta de atrás aprovechando la pandemia, y rentabilizar una mayoría ‘Frankenstein’ que en otras circunstancias sería inadmisible para el electorado moderado del PSOE.

La cuestión no se detiene ahí. Un país sin verdadero parlamentarismo es un país sin oposición, y sin ésta no hay democracia. Véase Venezuela. Detrás del desprecio a las Cortes está la deslegitimación de las ideas, propósitos y actuaciones de los partidos de la derecha, de todos los que no se sumen al bloque de Sánchez e Iglesias. El último escollo en la absorción de la vida institucional que está llevando a cabo el Gobierno es el mantenimiento de una oposición con posibilidades de ser oída para alcanzar el poder de forma democrática. En definitiva, que haya parlamentarismo.