El jueves nuestra ministra de Exteriores, Arancha González Laya, cometía uno de esos errores de bultos que Londres no perdona: se reunía en Algeciras con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo para hablar de las relaciones con el Peñón después del brexit.

Gibraltar lleva siendo un problema para España desde hace trescientos años. Lo cedió Felipe V, el primer Borbón en llegar al trono, a cambio de la retirada definitiva del otro aspirante, el archiduque Carlos. Ni la Monarquía, ni la república han sabido resolverlo. Y cada paso dado para marginar a Gran Bretaña se ha convertido en un enorme resbalón político.

La razones de Fabian Picardo para querer reunirse con la ministra no estarán claras nunca. Es un especialista en moverse entre Londres y Madrid para sacar el máximo partido a la posición estratégica de Gibraltar. Lo hacían sus antecesores y es toda una tradición desde los tiempos del franquismo con el ministro Fernando María Castiella. Durante doce años dirigió la difícil empresa de lograr que a España se la reconociera a nivel internacional. Lo consiguió a medias y siempre tuvo muy presente que el Peñón era uno de los temas más delicados a los que debía enfrentarse.

Sus sucesores lo han tenido en cuenta. Para hablar de Gibraltar hay que pasar por Londres y no cumplir esa regla tiene consecuencias. El Gobierno de Sánchez no ha cumplido esa ley no escrita pero efectiva y el ministro de exteriores británico, Dominic Raad, no lo ha dudado ni un minuto. Y para que se entienda mejor al Gobierno de Su Majestad Isabel II, ha explicado que “no hay que pedir perdón por nada”.

Gran Bretaña tiene tantos o más rebrotes que España. Ellos están un paso más atrás que nosotros en el tema del Covid 19, pero el sueño del Gobierno de lograr un acuerdo con Gibraltar más allá del brexit, criticado desde la oposición con argumentos históricos de “reconocimiento”, se ha disuelto como un azucarillo más bien amargo.

Las palabras de Picardo “convertir el brexit en un arco iris de oportunidades de prosperidad para todos”, lo que han supuesto es una tormenta económica sobre el sector turístico con fecha mínima de duración: el 8 de agosto.